Anamaria, autor en AUSERVI GROUP https://auservigroup.com/blog/author/anamaria/ Segurirad privada profesional en España Fri, 12 Jun 2026 08:16:58 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 https://auservigroup.com/wp-content/uploads/2026/01/auservi_favicon-150x150.png Anamaria, autor en AUSERVI GROUP https://auservigroup.com/blog/author/anamaria/ 32 32 Canal de denuncias obligatorio y protección del informante https://auservigroup.com/blog/canal-de-denuncias-obligatorio-proteccion-informante/ Tue, 28 Apr 2026 08:12:24 +0000 https://www.auservigroup.com/?p=17889 La necesidad de contar con un canal de denuncias y de proteger al informante de delitos e infracciones graves quedó reforzada en España con la Ley 2/2023, que regula cómo deben gestionarse las informaciones sobre posibles irregularidades en entidades públicas y privadas. La norma establece un sistema de protección frente a represalias y fija obligaciones […]

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]]> La necesidad de contar con un canal de denuncias y de proteger al informante de delitos e infracciones graves quedó reforzada en España con la Ley 2/2023, que regula cómo deben gestionarse las informaciones sobre posibles irregularidades en entidades públicas y privadas. La norma establece un sistema de protección frente a represalias y fija obligaciones concretas para implantar y gestionar un canal interno de información.

Publicación de la Ley 2/2023 y entrada en vigor

El BOE núm. 44, de 21 de febrero de 2023, publicó la Ley 2/2023, de 20 de febrero, de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Según tu texto, la Ley entró en vigor a los 20 días de su publicación, es decir, el 13 de marzo de 2023.

Transposición de la Directiva europea (Directiva UE 2019/1937)

La Ley incorpora al derecho interno la Directiva UE 2019/1937 (conocida como Directiva Whistleblowing). En tu texto se destaca que España la transpuso con retraso, ya que debía haberse hecho antes del 17 de diciembre de 2021. También indicas que la Comisión había denunciado a España y a otros Estados ante el TJUE, con el riesgo de multas por el retraso.

La norma protege a quienes, en el marco de una relación profesional o laboral, informen sobre vulneraciones del ordenamiento jurídico o corrupción. Esas vulneraciones se refieren a:

  • infracciones penales, o

  • infracciones administrativas graves o muy graves,
    ya sean del derecho interno o del derecho de la UE.

Qué queda excluido del ámbito de la Ley

Tu texto explica que la Ley excluye expresamente determinadas materias (art. 2), entre ellas:

  • Irregularidades en ámbitos con normativa específica (incluidos en la Parte II del Anexo de la Directiva).

  • Información sobre materias clasificadas o secretas.

  • Secreto profesional de médicos y abogados.

  • Deber de secreto y confidencialidad en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y ámbito judicial.

A quién protege la Ley y con qué límites

La Ley busca proteger al “informante” (evita la expresión “denunciante” por su régimen propio en la LECrim, según tu texto). La protección se extiende también a:

  • personas del entorno personal o familiar, y

  • personas jurídicas propiedad del informante que puedan sufrir represalias.

Pero tu texto subraya un requisito esencial: el informante debe actuar de buena fe. No se protege a quien comunica hechos falsos o tergiversados, ni a quien obtiene la información de forma ilícita.

Además, la Ley admite comunicaciones anónimas.

Personas incluidas (art. 3, según tu texto)

La protección alcanza a:

  • trabajadores del sector privado y público,

  • personas cuya relación laboral ya terminó,

  • voluntarios,

  • personas en prácticas,

  • candidatos en procesos de selección.

El Sistema Interno de Información y sus requisitos

La Ley obliga a disponer de un Sistema Interno de Información que incluya, como mínimo:

  • Canal interno o buzón para recibir informaciones.

  • Responsable del Sistema y procedimiento de gestión.

  • Acceso asequible y confidencial.

  • Prácticas de seguimiento e investigación y medidas de protección (art. 9, según tu texto).

  • Garantías de:

    • presunción de inocencia,

    • derecho al honor,

    • protección de datos.

Cómo puede presentarse la comunicación

Tu texto indica que puede ser:

  • por escrito o verbal,

  • por correo ordinario o electrónico,

  • telefónica o presencial.

Si es presencial, señalas que la Ley prevé grabación y transcripción, y la posibilidad de que el informante revise y corrija errores.

El canal debe permitir también la comunicación anónima.

Canal interno preferente… pero con matices

Tu texto recoge la idea del canal interno como vía preferente para que la entidad conozca los hechos y pueda evitar perjuicios, siempre que:

  • se pueda tratar la infracción de forma efectiva, y

  • el informante no perciba riesgo de represalia.

Aun así, el informante puede optar por el canal interno o por el canal externo previsto en la Ley.

Responsable del Sistema y conexión con Compliance

El Responsable del Sistema puede ser una persona física o un órgano colegiado. Según tu texto:

  • lo designa la gerencia,

  • debe recaer en un directivo,

  • y debe actuar con independencia y autonomía del resto de órganos de dirección o gestión.

Además, si existe un responsable de cumplimiento normativo (Compliance) o un Comité de Ética, puede asumir este rol (art. 8.6, según tu texto). Esto permite unificar el canal de prevención penal/compliance con el canal de denuncias de la Ley 2/2023.

Gestión por terceros y protección de datos

La gestión puede encargarse a un tercero, con la condición de que tenga la consideración de encargado del tratamiento según la normativa de protección de datos. Tu texto señala que:

  • debe formalizarse un contrato, y

  • no puede suponer merma de garantías (art. 6, según lo indicas).

Confidencialidad y límites del anonimato

Una obligación clave es proteger la identidad del informante. Tu texto enlaza esta idea con el art. 24 de la LO 3/2018, que regula los sistemas internos desde el punto de vista de protección de datos.

Sin embargo, la confidencialidad puede ceder en algunos supuestos:

  • si una norma de la UE lo exceptúa,

  • si una norma nacional lo permite,

  • o en un proceso judicial por el derecho de defensa, cuando el asunto llega a la vía judicial y el investigado necesita acceder a datos para defenderse.

Quién está obligado a disponer del canal interno

Sector privado (arts. 10 y 13, según tu texto)

Obligación para:

  • empresas de más de 50 trabajadores (las de menos pueden implantarlo voluntariamente).

  • empresas de menos de 250 trabajadores: pueden compartir medios y recursos para gestionar informaciones, sin perder el canal propio.

  • partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones si reciben fondos públicos.

  • entidades del sector privado incluidas en actos de la UE sobre:

    • servicios, productos y mercados financieros,

    • prevención del blanqueo y financiación del terrorismo,

    • seguridad del transporte,

    • protección del medio ambiente,
      con independencia del número de trabajadores.

Sector público

Tu texto indica que deben contar con el sistema:

  • todas las Administraciones Públicas (estatales, autonómicas y locales),

  • entidades de Seguridad Social, universidades, sociedades y fundaciones del sector público,

  • órganos constitucionales y los previstos en Estatutos de Autonomía.

Añades que España exige el sistema incluso en municipios de menos de 10.000 habitantes, aunque pueden compartir medios con otra Administración. También señalas que deben tener Responsable del sistema propio, y que se admite gestión indirecta e incluso por terceros si se acredita insuficiencia de medios.

Libro-Registro de informaciones e investigaciones

Según tu texto, el art. 26 impone llevar un Libro-Registro de:

  • informaciones recibidas, y

  • investigaciones internas realizadas.

Es confidencial. Solo tiene acceso la Autoridad Judicial. Y no puede conservarse más de 10 años.

Plazos de implantación del sistema interno

La disposición transitoria segunda fija los plazos que recoges así:

  • Regla general: implantación en tres meses desde la entrada en vigor.

    • Si la Ley entra en vigor el 13 de marzo de 2023, el plazo general llega hasta el 13 de junio de 2023.

  • Excepción:

    • entidades privadas con 249 trabajadores o menos, y

    • municipios de menos de 10.000 habitantes,
      con plazo hasta el 1 de diciembre de 2023.

También señalas que la adaptación de canales externos existentes debía realizarse en seis meses desde la entrada en vigor, en los términos del apartado 3 de la transitoria.

Canal Externo: Autoridad Independiente de Protección del Informante

La Ley prevé un canal externo para permitir la comunicación a una autoridad independiente. Tu texto indica que se configura como una Autoridad Independiente de Protección de Informantes (A.A.I.), a crear en la Administración del Estado como organismo autónomo e independiente. También se contempla que las Comunidades Autónomas creen organismos similares en su ámbito.

Se menciona que su estatuto debe aprobarse por el Gobierno mediante Real Decreto.

Protección en caso de “revelación pública”

El artículo 27 protege la revelación pública (medios, redes, plataformas, prensa), pero tu texto señala requisitos:

  • Haber utilizado antes canales internos y externos, o directamente el externo, sin respuesta adecuada en plazo.

  • O bien, tener motivos razonables para pensar que existe:

    • peligro inminente o manifiesto para el interés público, o riesgo de daños irreversibles,

    • o riesgo de represalias, o poca probabilidad de tratamiento efectivo (por ejemplo, ocultación o destrucción de pruebas, connivencia o implicación de una autoridad).

Añades que el Preámbulo pone como ejemplo un riesgo de vertido tóxico.

También recoges un matiz relevante: esas condiciones no se exigen cuando se informa directamente a la prensa en el ejercicio de la libertad de expresión e información veraz del art. 20 CE, y mencionas el derecho al secreto profesional del periodista como garantía de protección de la identidad del informante.

Conclusión

La necesidad de contar con un canal de denuncias y de proteger al informante de delitos e infracciones graves no es solo una recomendación de buen gobierno. Con la Ley 2/2023 se convierte en una obligación para muchas entidades, y se acompaña de garantías concretas: confidencialidad, posibilidad de anonimato, reglas de gestión, límites claros y un canal externo.

Además, el sistema interno no solo protege al informante. También permite a la organización conocer antes los hechos, investigar con garantías y evitar daños mayores.

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]]> Obligación del Vigilante de Seguridad de cumplir las normas de riesgos laborales https://auservigroup.com/blog/obligacion-del-vigilante-de-seguridad-de-cumplir-las-normas-de-riesgos-laborales/ Tue, 21 Apr 2026 08:06:18 +0000 https://www.auservigroup.com/?p=17886 La obligación del Vigilante de Seguridad de cumplir las normas de riesgos laborales forma parte de sus deberes como trabajador. Igual que ocurre con cualquier empleado, debe respetar las obligaciones profesionales y legales derivadas de la ley, del convenio colectivo y del contrato de trabajo. Además, el Vigilante de Seguridad debe cumplir las funciones que le atribuye […]

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]]> La obligación del Vigilante de Seguridad de cumplir las normas de riesgos laborales forma parte de sus deberes como trabajador. Igual que ocurre con cualquier empleado, debe respetar las obligaciones profesionales y legales derivadas de la ley, del convenio colectivo y del contrato de trabajo.

Además, el Vigilante de Seguridad debe cumplir las funciones que le atribuye la Ley 5/2014, de Seguridad Privada (art. 32). También debe respetar las reglas del servicio sobre uniformidad y medios de defensa previstas en la Orden INT/318/2011. Si incumple estos deberes, puede existir responsabilidad administrativa conforme al régimen sancionador de la propia Ley.

Al mismo tiempo, la relación con su empresa es laboral. Por eso, también le resulta exigible la normativa de prevención de riesgos laborales y las obligaciones que impone el convenio del sector.

Marco normativo aplicable

En prevención de riesgos laborales intervienen varias normas y niveles:

  • Constitución Española:
    • Art. 40.2: obliga a los poderes públicos a velar por la seguridad e higiene en el trabajo.
    • Art. 43.1: reconoce el derecho a la protección de la salud.
  • Estatuto de los Trabajadores (RDL 2/2015):
    • Art. 4.2 d): derecho a la integridad física.
    • Art. 19.1: derecho a una protección eficaz en seguridad e higiene.
  • Convenio 155 de la OIT (1981): ratificado por España el 26 de julio de 1985.
  • Directiva 89/391/CEE: directiva marco en la UE.
  • Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL): norma básica vigente, que transpone la directiva.

Convenio

Tu texto recuerda que la LPRL se aplica con carácter general a trabajadores y empresarios, incluidas Administraciones Públicas, y señala exclusiones (por ejemplo, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre otros supuestos indicados).

También mencionas normas de desarrollo relevantes, como:

  • RD 39/1997 (Reglamento de los Servicios de Prevención).
  • RD 485/1997 (señalización de seguridad y salud).
  • RD 486/1997 (lugares de trabajo).

Y, en el sector, el Convenio colectivo publicado por Resolución de 29 de diciembre de 2021 (BOE núm. 10, 12 de enero de 2022) recoge obligaciones preventivas, con objetivos expresos de protección, mejora de condiciones de trabajo y formación e información.

Qué debe garantizar la empresa y qué debe cumplir el Vigilante

La prevención de riesgos laborales busca evitar o reducir daños derivados del trabajo. Tu texto diferencia dos grandes tipos:

  • Accidentes o lesiones laborales, incluidos los in itinere en las condiciones que indicas (trayecto, itinerario habitual y sin interrupciones).
  • Enfermedades profesionales derivadas del desempeño del trabajo.

Deberes preventivos básicos de la empresa

Según tu texto, la empresa debe:

Garantizar la consulta y participación de los trabajadores.

Integrar la prevención en la gestión general.

Diseñar e implantar un Plan de Prevención.

Evaluar riesgos y planificar la actividad preventiva.

Formar e informar a los trabajadores.

Control público, Inspección y responsabilidades

Tu texto sitúa la vigilancia y control en:

  • OIT (ONU) y Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo.
  • En España: Ministerio de Trabajo y órganos autonómicos competentes.

En el plano interno, destacas:

  • El organismo especializado integrado en el Ministerio (INSSBT, según lo mencionas).
  • La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) como órgano de vigilancia, asesoramiento y fiscalización.

Indicas que la Inspección actúa de oficio, por denuncia, por petición razonada o por mandato superior, y que cualquier trabajador puede denunciar.

Responsabilidad del empresario

Según tu texto, el incumplimiento puede generar:

  • Responsabilidad administrativa (multas, medidas e incluso cierre del centro, según indicas).
  • Responsabilidad civil por daños.
  • Responsabilidad penal: art. 316 CP (y 317 por imprudencia grave), con penas y multa, cuando se infringen normas y no se facilitan medios y se pone en peligro grave a los trabajadores. También mencionas la posible responsabilidad de personas jurídicas y de administradores o encargados.

Responsabilidad del trabajador

Tu texto también lo deja claro: el trabajador que incumple puede incurrir en responsabilidad disciplinaria. En casos graves, puede llegar al despido procedente.

Caso práctico: uso de una gorra protectora como EPI

Tu texto aporta un ejemplo: una gorra protectora frente a posibles agresiones con objetos contundentes. El Vigilante se negó a usarla sin justificación.

Aquí señalas varias ideas importantes:

  • La Orden INT/318/2011 (Anexo VIII) no recoge esa gorra como prenda ordinaria.
  • Pero esto no impide su uso si lo exigen razones de riesgo o peligrosidad, al amparo del artículo 23 de la Orden.
  • Para que su uso sea obligatorio como prenda de uniformidad, la empresa debe solicitar autorización al Ministerio del Interior (Dirección General de la Policía) como excepción.

Añades que, si la prenda está autorizada y el Vigilante se niega:

  • Puede haber sanción laboral según Convenio (citas los artículos 72 y 73 sobre inobservancia de órdenes y desobediencia).
  • Y también podría encajar en una falta leve del artículo 58.3 a) de la Ley 5/2014 por actuar sin la debida uniformidad o medios exigibles.

Finalmente, mencionas que el borrador del futuro Reglamento incluiría como posible prenda “boina o gorra de plato o tipo beisbol”.

Conclusión

La prevención de riesgos laborales no es solo una obligación de la empresa. La obligación del Vigilante de Seguridad de cumplir las normas de riesgos laborales implica seguir instrucciones, utilizar EPIs correctamente y actuar con responsabilidad para proteger su seguridad y la de terceros.

Al mismo tiempo, el Vigilante tiene derechos. Entre ellos, información, formación, vigilancia de la salud y participación. Cuando ambas partes cumplen, se refuerza la seguridad en el servicio y se reducen accidentes, lesiones y conflictos.

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]]> Derecho a obtener imágenes de videovigilancia https://auservigroup.com/blog/derecho-a-obtener-imagenes-de-un-sistema-de-videovigilancia/ Tue, 14 Apr 2026 08:00:42 +0000 https://www.auservigroup.com/?p=17883 El derecho a obtener imágenes de un sistema de videovigilancia se enmarca en la normativa de protección de datos. Esto afecta tanto a sistemas utilizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como a cámaras instaladas con fines de seguridad privada. Por eso, la pregunta clave no es solo si se graba, sino quién puede […]

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El derecho a obtener imágenes de un sistema de videovigilancia se enmarca en la normativa de protección de datos. Esto afecta tanto a sistemas utilizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como a cámaras instaladas con fines de seguridad privada. Por eso, la pregunta clave no es solo si se graba, sino quién puede acceder, en qué condiciones y si puede obtener una copia.

A continuación se expone el marco legal aplicable y, después, en qué supuestos la AEPD ha reconocido el acceso e incluso la entrega de copias cuando existe una finalidad legítima vinculada a acciones legales.

1) Las imágenes son datos personales

Las imágenes captadas por cámaras constituyen datos personales cuando permiten identificar a una persona. En esa misma lógica, también pueden ser datos personales otros elementos que ayuden a identificarla de forma directa o indirecta. En el texto se citan, entre otros, el DNI, el domicilio, el correo electrónico o el número de teléfono. Además, en los supuestos analizados por la AEPD, también se valora la matrícula como dato que puede contribuir a identificar.

2) Normativa aplicable según el tipo de videovigilancia

Aquí conviene distinguir dos grandes escenarios:

Videovigilancia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Cuando las cámaras las usan las FCS con fines de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, el tratamiento se rige por la normativa específica citada en tu texto. Entre otras, se menciona la Ley Orgánica 7/2021, como transposición de la Directiva UE 2016/680.

Videovigilancia con fines de seguridad privada

Cuando la finalidad es la seguridad privada, se aplica la Ley Orgánica 3/2018 (que adapta el RGPD al ordenamiento español). En concreto, el núcleo está en el artículo 22 de la LO 3/2018 (“Tratamientos con fines de videovigilancia”).

Además, desde la perspectiva de seguridad privada, la Ley 5/2014 define el servicio de videovigilancia en su artículo 42.

3) Qué permite el artículo 22 de la Ley Orgánica 3/2018

El artículo 22 LO 3/2018 establece, entre otros puntos:

  • Se pueden tratar imágenes mediante cámaras para preservar la seguridad de personas, bienes e instalaciones.

  • Solo se captarán imágenes de la vía pública si es imprescindible para esa finalidad.

  • En determinados casos, la captación puede extenderse más (por seguridad de instalaciones estratégicas o infraestructuras vinculadas al transporte), pero nunca puede captar el interior de un domicilio privado.

  • Regla general de conservación: máximo un mes, salvo que deban conservarse para acreditar actos contra personas, bienes o instalaciones.

  • Si hay hechos relevantes, las imágenes deben ponerse a disposición de la autoridad competente en un máximo de 72 horas desde que se tenga conocimiento de la grabación.

  • El deber de información se cumple con un cartel visible que indique al menos: existencia del tratamiento, identidad del responsable y posibilidad de ejercer derechos (arts. 15 a 22 RGPD). También puede incluirse un código o dirección web.

4) Instalación de cámaras y relación con la Ley 5/2014

Según tu texto, desde el punto de vista de la Ley 5/2014:

  • Un particular puede instalar un sistema fijo para proteger persona, bienes o negocio sin autorización previa.

  • No es obligatorio que lo instale una empresa de seguridad, salvo si se conecta a una Central de Alarmas o Centro de Control. En ese caso, debe hacerlo una empresa autorizada.

  • En todo caso, el sistema debe respetar la normativa de protección de datos.

5) Principios clave: proporcionalidad, idoneidad y mínima intervención

El uso de videovigilancia debe respetar el principio de proporcionalidad. En la práctica, esto exige:

  • Finalidad legítima (por ejemplo, seguridad).

  • Necesidad (no debe existir un medio menos lesivo).

  • Proporcionalidad en sentido estricto (más beneficios para el interés protegido que perjuicios para derechos en conflicto).

Por eso, no se consideran conformes a derecho usos abusivos, como colocar cámaras en ámbitos de privacidad (por ejemplo, aseos o vestuarios) o usarlas con fines ilegítimos.

6) Reglas prácticas resumidas para videovigilancia privada

A partir de lo que indicas, el cumplimiento exige, como mínimo:

  1. Instalación por empresa autorizada solo si hay conexión a CRA o Centro de Control.

  2. Cartel visible en zona videovigilada (“Zona videovigilada”, identidad del responsable y referencia al ejercicio de derechos).

  3. Información ampliada disponible (art. 13 RGPD), con posibilidad de información por capas.

  4. Derecho de acceso: el responsable debe facilitar el acceso en los términos procedentes.

  5. Limitación de captación de vía pública, salvo imprescindible y con los límites del art. 22.2 LO 3/2018.

  6. Supresión en un mes, salvo conservación por hechos relevantes y puesta a disposición de autoridad en 72 horas.

7) La cuestión clave: ¿puede un ciudadano obtener copia o visionar imágenes?

Además del derecho de acceso, tu texto plantea una situación concreta: un ciudadano puede necesitar imágenes para:

  • Identificar a un tercero.

  • Preparar una denuncia, querella o demanda.

  • Aportar prueba en un procedimiento.

En este escenario, el acceso o la copia debe respetar cuatro ideas que tú mismo recoges:

  • Legitimación: interés legítimo vinculado al derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE).

  • Finalidad compatible: se mantiene dentro del concepto amplio de seguridad, cuando se busca prueba para una acción legal.

  • Minimización de datos: se limita al incidente concreto.

  • Ponderación de derechos: se comparan tutela judicial efectiva y protección de datos.

8) Criterio de la AEPD en los informes citados

En tu texto se citan dos informes jurídicos de la AEPD:

a) Daños en un vehículo en un aparcamiento

La AEPD analiza la comunicación de imágenes a un usuario para acreditar daños causados por otro usuario. En ese supuesto, las imágenes permiten apreciar la matrícula y al conductor.
El informe parte de que existe tratamiento de datos y que la cesión debe encontrar base en el art. 6.1 del RGPD. En concreto, se valora la legitimación por interés legítimo (art. 6.1.f) cuando resulta necesario para el ejercicio del derecho de defensa y la tutela judicial efectiva.
A la vez, exige limitar la extracción al incidente y evitar datos de terceros ajenos.

b) Solicitud de imágenes para acciones judiciales o contractuales

En el segundo informe, la AEPD señala que no le corresponde “obligar” al responsable, sino analizar si la normativa lo impide o lo permite. En el caso planteado, se solicita el visionado o comunicación para ejercitar acciones.
El informe valora que puede existir legitimación, por ejemplo:

  • Para una denuncia penal, por la obligación de denunciar cuando se tiene noticia de un delito (LECr), con posible encaje en el art. 6.1.c RGPD (obligación legal).

  • Para acciones civiles o derivadas de responsabilidad, por la necesidad de identificar al demandado y ejercitar la acción conforme al procedimiento.

En ambos casos, se vuelve a exigir limitar el tratamiento a la finalidad y respetar la minimización.

Conclusión

El derecho a obtener imágenes de un sistema de videovigilancia no se reduce a “ver” una grabación. Depende de la normativa aplicable, del respeto a los principios de proporcionalidad y de las reglas del artículo 22 de la LO 3/2018.

Ahora bien, cuando un ciudadano solicita imágenes para formular una denuncia, querella o demanda, y acredita un interés legítimo vinculado a la tutela judicial efectiva, la AEPD ha considerado que puede existir base para permitir el acceso e incluso la entrega de copia, siempre con límites claros: solo lo imprescindible, solo del incidente, y solo para esa finalidad.

Además, el responsable del sistema debe actuar con cautela: documentar la solicitud, dejar constancia de la entrega y advertir que el uso debe destinarse exclusivamente a su presentación ante la autoridad judicial o competente.

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]]> La detención por el Vigilante de Seguridad: marco legal y límites https://auservigroup.com/blog/la-detencion-por-el-vigilante-de-seguridad-marco-legal-y-limites/ Tue, 07 Apr 2026 08:56:30 +0000 https://www.auservigroup.com/?p=17879   La detención por el Vigilante de Seguridad sigue generando dudas entre algunos ciudadanos e incluso entre determinados miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Sin embargo, la normativa vigente es clara: cuando el Vigilante sorprende a una persona cometiendo un delito flagrante en su lugar de servicio y la pone a disposición policial, […]

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