Los planes de Compliance y códigos de buenas prácticas corporativos son herramientas esenciales para reforzar el cumplimiento normativo, la ética empresarial y la transparencia en la gestión. Su origen se encuentra en Estados Unidos, en la década de los años 70, tras diversos escándalos financieros ocurridos en grandes empresas.
La implantación de estos planes supuso un cambio importante. Desde ese momento, las propias empresas comenzaron a asumir una política interna de cumplimiento normativo. El objetivo era que tanto la entidad como sus empleados desarrollaran su actividad conforme a la ley y a la ética en los negocios.
Qué son los planes de Compliance
Los planes de Prevención Penal o Compliance buscan que las empresas se autorregulen. Para ello, deben aprobar códigos éticos corporativos que complementen las leyes generales dictadas por los poderes públicos.
Estos códigos internos permiten reforzar tres pilares básicos del sistema de Compliance:
- La integridad en el cumplimiento normativo y ético.
- La buena gobernanza.
- La transparencia en la gestión.
Por tanto, el Compliance no se limita a cumplir la ley. También implica crear una cultura corporativa basada en la prevención, la responsabilidad y las buenas prácticas.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas en España
En España, el legislador dio un paso importante al incorporar al Código Penal los artículos 31 bis, 31 ter, 31 quater y 31 quinquies. Estos preceptos regulan la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Esta responsabilidad es diferente y compatible con la que pueda corresponder a las personas físicas que hayan cometido materialmente el delito. Puede tratarse de directivos, representantes legales o trabajadores.
La empresa puede responder penalmente cuando el delito cometido beneficia, directa o indirectamente, a la entidad. También puede responder cuando el delito lo cometen trabajadores y la empresa no ha adoptado medidas adecuadas de prevención.
La propia Ley se refiere a los “modelos de organización y gestión”. Estos modelos deben incluir medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos. También deben servir para reducir de forma significativa el riesgo de que se cometan.
En definitiva, la falta de un plan de prevención penal o Plan de Compliance puede tener consecuencias relevantes para la empresa.
La importancia del canal interno de denuncias
En este ámbito también tiene gran relevancia la Ley 2/2023, de protección de las personas que informen sobre infracciones penales. Esta norma busca implicar a la sociedad en la lucha contra la corrupción.
La Ley obliga a implantar un canal interno de denuncias. Este canal puede fusionarse con el que ya exista en la empresa dentro de sus planes de Compliance.
El canal debe permitir que cualquier persona informe sobre hechos que puedan constituir delito. También puede utilizarse para comunicar irregularidades o incumplimientos éticos dentro de la empresa o en sus relaciones con el exterior.
Además, la denuncia puede realizarse incluso de forma anónima.
Denuncia externa y protección del informante
La Ley 2/2023 también prevé la posibilidad de presentar una denuncia externa. Esta denuncia se podrá realizar ante una entidad pública denominada Agencia Independiente de Protección del Informante, AAI.
Sin embargo, según el texto analizado, esta agencia todavía no ha visto la luz, pese al tiempo transcurrido desde la publicación de la Ley en el BOE.
No obstante, a nivel autonómico ya existen agencias en funcionamiento. Un ejemplo es la Agencia Catalana Antifraude, ante la que pueden presentarse denuncias.
La Agencia Española de Protección de Datos
En España, también debe mencionarse la Agencia Española de Protección de Datos. Esta agencia actúa como autoridad de control independiente en materia de protección de datos, de acuerdo con el Reglamento UE 2016/679.
Entre sus competencias se encuentra la aprobación de Códigos de Conducta. También cuenta con capacidad investigadora y sancionadora.
Además, es la autoridad de referencia ante el Comité Europeo de Protección de Datos. Este comité coordina la actuación de las agencias de los Estados miembros.
Autorregulación corporativa y códigos éticos
La autorregulación corporativa ocupa un lugar importante dentro de este sistema. Consiste en el compromiso de las empresas o de los sectores profesionales para adoptar códigos de conducta no normativos.
Estos códigos buscan mejorar la gestión corporativa y promover la excelencia. Pueden adoptar la forma de programas éticos internos, códigos de buena conducta corporativos o códigos sectoriales de buenas prácticas.
También pueden regular el comportamiento de las entidades de un mismo sector en sus relaciones internas y externas.
El papel del soft law
En esta materia también tiene importancia el denominado soft law. Se trata de recomendaciones y estándares internacionales de cumplimiento voluntario.
Aunque no son normas obligatorias, ofrecen una referencia internacional útil. Permiten orientar la implantación de buenas prácticas en sectores y empresas concretas.
Este tipo de instrumentos puede resultar especialmente relevante en sectores como el de la seguridad privada.
Guía de Transparencia de la Información Corporativa
Un ejemplo citado en este ámbito es la Guía de Transparencia de la Información Corporativa, TRAC-España 2022.
Esta guía fue aprobada en España en 2022 y evaluó a más de 30 empresas del Ibex 35. Fue publicada por el Instituto de Transparencia Internacional España.
Su finalidad es señalar indicadores clave de cumplimiento normativo. También busca mejorar y promover las buenas prácticas corporativas.
Buenas prácticas en el sector de seguridad privada
En el sector de la seguridad privada se echan de menos mecanismos similares. Todo ello pese a la existencia de distintos códigos y documentos de referencia.
Entre ellos se encuentra el Código de Conducta Internacional para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada, ICoC. Este código deriva del denominado Documento de Montreux.
También existen otros códigos estatales y autonómicos vigentes. Un ejemplo es el Código de buenas prácticas en seguridad privada, aprobado por Resolución INT/671/2017 de la Generalitat de Cataluña.
Necesidad de un código de conducta en seguridad privada
La existencia de estos códigos beneficia la reputación de las empresas. También contribuye a mejorar el servicio que se presta al ciudadano.
Por ello, se echa de menos un Código de Conducta de las empresas de seguridad privada. Este código podría complementar los principios rectores establecidos legalmente. Dichos principios son de obligado cumplimiento para todos los operadores de seguridad privada.
Como referencia podría servir el Código de Conducta y Ética en el sector de seguridad privada. Este fue adoptado por la Confederación Europea de Servicios de Seguridad, CoESS, junto con UNI-Europa en 2003.
Conclusión
Los planes de Compliance y códigos de buenas prácticas corporativos son instrumentos clave para reforzar la prevención, la ética y la transparencia en las empresas.
En España, la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha impulsado la necesidad de contar con modelos de organización y gestión eficaces. Además, la Ley 2/2023 refuerza esta tendencia mediante la obligación de contar con canales internos de denuncia.
La autorregulación corporativa, el soft law y los códigos de conducta permiten avanzar hacia mejores prácticas empresariales. En sectores como el de la seguridad privada, estos mecanismos pueden mejorar la reputación de las empresas y la calidad del servicio prestado.
Si quieres leer más artículos como este, visita nuestro blog.
