Sanción por incluir a un trabajador en una lista de WhatsApp sin consentimiento

Por Eligio Landín

El uso de WhatsApp laboral sin consentimiento puede tener consecuencias en materia de protección de datos. Así lo refleja una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que sancionó a una empresa por incluir a un trabajador en una lista de WhatsApp destinada a comunicaciones internas sin contar con su consentimiento.

La resolución, correspondiente al expediente 202404627, analiza la licitud del tratamiento de los datos personales del trabajador y recuerda la importancia de contar con una base de legitimación conforme al artículo 6.1 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Sanción por utilizar WhatsApp laboral sin consentimiento

La AEPD impuso inicialmente a la empresa una multa de 2.000 euros. No obstante, la cantidad quedó finalmente fijada en 1.200 euros después de que la empresa reconociera los hechos y realizara el pago voluntario, acogiéndose a las reducciones correspondientes.

La empresa había incluido al trabajador en una lista de WhatsApp para que recibiera comunicaciones internas relacionadas con el trabajo a través de su teléfono particular.

Además, estos mensajes también llegaban fuera del horario laboral. Algunas comunicaciones contenían incluso información sobre aspectos personales que no guardaban relación con la actividad profesional.

Informar al trabajador no equivale a obtener su consentimiento

Uno de los aspectos centrales de la resolución es la diferencia entre informar al trabajador y obtener realmente su consentimiento.

La empresa había comunicado al empleado que iba a incluirlo en la lista de WhatsApp. Sin embargo, para la AEPD, esta comunicación no permitía considerar que existiera consentimiento.

La Agencia tiene en cuenta que, dentro de una relación laboral, existe un desequilibrio de poder entre empleador y trabajador. Por esa razón, el consentimiento puede no haberse prestado libremente.

En consecuencia, para considerar cumplido el requisito de legitimación basado en el consentimiento, este debería haber sido expreso.

¿Qué exige el artículo 6.1 del RGPD?

El artículo 6.1 del RGPD regula las bases que permiten considerar lícito un tratamiento de datos personales.

El consentimiento del interesado es una de ellas. Sin embargo, no es la única.

La propia disposición contempla otras posibilidades, como:

  • La existencia de un interés legítimo por parte de la empresa.
  • La necesidad de cumplir una obligación legal.
  • Otras bases de legitimación incluidas en el propio artículo.

No obstante, en el caso analizado, la empresa no acreditó ninguna base alternativa de legitimación que justificara la inclusión del trabajador en la lista de WhatsApp.

Por tanto, la ausencia de consentimiento adquirió especial importancia en la resolución.

La infracción apreciada por la AEPD

La Agencia consideró que los hechos constituían una infracción del artículo 83.5 del RGPD.

Según el contenido de la resolución analizada, esta infracción puede dar lugar a una multa de hasta 20.000 euros o, cuando se trate de una empresa, de hasta el 4 % de su volumen de negocio.

Asimismo, la AEPD tuvo en cuenta los artículos 71 y 72 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Finalmente, impuso una sanción inicial de 2.000 euros.

¿Por qué la multa terminó reducida a 1.200 euros?

La empresa decidió acogerse a las reducciones previstas.

Por una parte, podía obtener una reducción del 20 % por reconocer los hechos dentro del plazo correspondiente.

Además, podía aplicar otro 20 % mediante el pago voluntario, siempre que desistiera o renunciara a formular cualquier recurso por vía administrativa.

La empresa optó por ambas posibilidades. Por ello, terminó abonando 1.200 euros.

El tratamiento de datos necesita una base de legitimación

El caso recuerda una cuestión fundamental: cualquier tratamiento de datos personales realizado por el responsable debe apoyarse en alguna de las bases de legitimación recogidas en el artículo 6.1 del RGPD.

Por tanto, cuando no exista un interés legítimo, una obligación legal u otra de las circunstancias previstas en la norma, resulta imprescindible contar con el consentimiento previo e informado del trabajador.

Además, el tratamiento debe respetar el principio de minimización.

Esto significa que la empresa debe tratar únicamente aquellos datos que resulten imprescindibles para conseguir la finalidad que justifica el tratamiento.

Límites a la intimidad del trabajador

La Ley Orgánica 3/2018 contempla determinados supuestos en los que las empresas pueden limitar algunos derechos relacionados con la intimidad del trabajador sin contar con su consentimiento.

Estas posibilidades se vinculan al interés legítimo de la empresa en comprobar que los trabajadores cumplen sus obligaciones profesionales.

Entre ellas se encuentran:

  • El uso de sistemas de videovigilancia y grabación de sonidos en el lugar de trabajo, regulado en el artículo 89.
  • El uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral, regulado en el artículo 87.
  • La utilización de sistemas de geolocalización, prevista en el artículo 90.

Sin embargo, incluso en estos supuestos la empresa debe informar previamente a los trabajadores sobre la adopción de las medidas.

Además, debe respetar los restantes principios aplicables al tratamiento de datos personales y, especialmente, aquellos derivados del principio de proporcionalidad.

Consentimiento y protección de datos en las comunicaciones laborales

La resolución de la AEPD pone de manifiesto que el uso de herramientas habituales como WhatsApp dentro de una relación laboral también debe respetar las normas sobre protección de datos.

La simple comunicación al trabajador de que será incluido en una lista no equivale necesariamente a un consentimiento válido.

Además, si la empresa no puede justificar el tratamiento mediante otra de las bases previstas en el RGPD, deberá contar con un consentimiento previo e informado.

Conclusión

La utilización de WhatsApp laboral sin consentimiento puede vulnerar la normativa de protección de datos cuando la empresa no dispone de otra base legal que legitime el tratamiento.

En el caso analizado, la AEPD consideró que informar al trabajador de su inclusión en la lista no era suficiente. La empresa tampoco acreditó una base alternativa de legitimación. Por ello, la Agencia impuso la correspondiente sanción.

Este supuesto muestra la importancia de analizar la base jurídica que permite tratar los datos personales de los trabajadores y de respetar, además, los principios de información, minimización y proporcionalidad establecidos por la normativa.

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