El uso policial de drones para captar imágenes durante una investigación penal plantea importantes cuestiones relacionadas con el derecho a la intimidad y la inviolabilidad del domicilio. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo, la STS 4225/2025, analiza precisamente los límites de esta práctica y las circunstancias en las que las imágenes obtenidas pueden utilizarse como prueba.
La resolución confirma una sentencia previa de la Audiencia Provincial de Valencia, posteriormente confirmada por el Tribunal Superior de Justicia, y considera válida la utilización de las imágenes captadas por un dron en una urbanización durante una investigación por un delito contra la salud pública por tráfico de sustancias estupefacientes.
Uso policial de drones en una investigación penal
En este caso, la Policía utilizó un dron para localizar dentro de una urbanización la vivienda o bungalow en el que, días después, iba a realizarse una entrada y registro con mandamiento judicial.
La representación legal del investigado alegó que esta actuación había vulnerado los derechos constitucionales reconocidos en el artículo 18 de la Constitución Española, relativos a la inviolabilidad del domicilio y a la intimidad de las personas.
El argumento se basaba en que la urbanización era un lugar privado y los agentes no disponían de autorización judicial para realizar la captación de las imágenes mediante el dron.
Sin embargo, el Tribunal Supremo considera que la actuación policial no vulneró ningún derecho fundamental.
¿Por qué considera válida la prueba el Tribunal Supremo?
Para llegar a esta conclusión, el Tribunal tiene en cuenta las circunstancias concretas en las que se produjo el uso policial del dron.
La captación de imágenes se realizó en una única ocasión y como complemento de unas vigilancias previas. Además, su finalidad era exclusivamente determinar la ubicación exacta del lugar en el que posteriormente iba a realizarse la intervención.
Por tanto, el Tribunal considera que la actuación fue necesaria y proporcional.
Esta cuestión resulta especialmente relevante porque, si la captación de imágenes hubiera vulnerado derechos fundamentales, la prueba podría haber sido declarada nula, con la posibilidad de afectar al resto del procedimiento.
¿Qué establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal?
Respecto al uso de drones en investigaciones penales, el Tribunal Supremo considera que existe cobertura legal en el artículo 588 quinquies a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Este precepto permite a la Policía Judicial obtener y grabar mediante medios técnicos imágenes de una persona investigada cuando se encuentre en un lugar o espacio público, siempre que resulte necesario para:
- Facilitar su identificación.
- Localizar los instrumentos o efectos del delito.
- Obtener datos relevantes para esclarecer los hechos.
Además, esta medida puede afectar a personas distintas del investigado cuando, de otro modo, se reduzca de forma relevante la utilidad de la vigilancia o existan indicios fundados de su relación con el investigado y con los hechos objeto de investigación.
Por otra parte, los aspectos administrativos relacionados con estos dispositivos están regulados en el Real Decreto 517/2024, de 4 de junio, relativo al régimen jurídico para la utilización civil de vehículos aéreos no tripulados (UAS), cuyo ámbito incluye su utilización en actividades o servicios policiales.
Los límites del uso policial de drones
La capacidad de la Policía Judicial para captar imágenes está legalmente autorizada respecto de lo que la Ley de Enjuiciamiento Criminal denomina “lugares o espacios públicos”.
Sin embargo, esta posibilidad no se extiende a ámbitos protegidos por la privacidad, como el espacio físico que constituye un domicilio.
En estos casos, de acuerdo con las garantías constitucionales, el acceso o la instalación de cámaras requeriría mandamiento judicial, conforme al artículo 588 quater a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Por tanto, la sentencia no establece una autorización general para utilizar drones en cualquier espacio durante una investigación policial.
¿Qué imágenes captó el dron en este caso?
Otro aspecto determinante es que las imágenes obtenidas mediante el dron ni siquiera resultaron imprescindibles para conocer el domicilio del investigado, ya que la Policía disponía previamente de esa información.
El objetivo era determinar la ubicación exacta del bungalow dentro de la urbanización para poder organizar posteriormente el operativo de entrada y registro autorizado judicialmente.
La urbanización estaba delimitada por un pequeño muro y un enrejado que permitía verla desde el exterior. El dron únicamente permitió fotografiar un tramo del pasillo de la urbanización que no resultaba visible desde fuera.
Además, la captación se limitó a los espacios comunes y no alcanzó el interior del bungalow.
Por ello, el Tribunal entendió que el uso policial de las imágenes captadas por el dron no afectó a la intimidad de las personas ni invadió espacios especialmente protegidos por la privacidad.
La intimidad dentro de una urbanización
El Tribunal Supremo introduce, no obstante, una importante precisión.
La sentencia no legitima de forma general la captación clandestina y sin consentimiento de imágenes en el interior de una urbanización. En estos espacios pueden desarrollarse actividades propias de la vida personal e íntima de las personas.
Además, la expectativa de intimidad puede reforzarse cuando se trata de una urbanización cerrada con zonas comunes destinadas al encuentro o al tránsito de los vecinos.
Por tanto, la decisión del Tribunal responde a las circunstancias específicas del caso analizado y al cumplimiento de los principios de necesidad y proporcionalidad.
Necesidad y proporcionalidad en el uso policial del dron
En este caso concreto, el Tribunal considera que se respetaron los límites impuestos por los principios de proporcionalidad y necesidad, contemplados en el artículo 588 bis a.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Para ello, tuvo en cuenta diferentes circunstancias:
- El dron se utilizó una única vez.
- La captación se produjo el 28 de julio de 2023 por la tarde.
- Previamente se habían realizado otras vigilancias.
- No existió una vigilancia estática y prolongada en el tiempo.
- Su finalidad era localizar exactamente un bungalow ya identificado.
- Las imágenes se limitaron a un tramo del pasillo de la urbanización.
- No se captaron imágenes del interior del domicilio.
Por ello, el Tribunal consideró que no existió una injerencia de intensidad suficiente para vulnerar los derechos fundamentales de los afectados.
¿Puede la Policía grabar con drones dentro de una urbanización?
La sentencia no legaliza de manera general el uso de drones para grabar sin mandamiento judicial en el interior de una urbanización.
Una urbanización no puede considerarse automáticamente un lugar o espacio público en sentido estricto. Además, sus residentes pueden mantener una expectativa de privacidad que debe respetarse.
Sin embargo, en el supuesto analizado, el Tribunal Supremo concluye que las circunstancias concretas justificaban la actuación policial. El uso del dron fue puntual, necesario para preparar una entrada y registro posteriormente autorizada por un juez y limitado a la captación de determinadas zonas comunes.
Conclusión
La STS 4225/2025 analiza los límites del uso policial de drones para obtener imágenes durante una investigación penal.
En el caso estudiado, el Tribunal Supremo considera válida la prueba porque la actuación respetó los principios de necesidad y proporcionalidad y no invadió el interior del domicilio ni otros ámbitos protegidos por la intimidad.
Sin embargo, la resolución no supone una autorización general para captar imágenes mediante drones en el interior de urbanizaciones sin autorización judicial. La valoración depende de las circunstancias concretas y, especialmente, de si la actuación afecta a la expectativa de privacidad y a los derechos fundamentales de las personas.
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