Marco legal del DNI digital

El Real Decreto 255/2025, publicado en el BOE el 2 de abril, regula el nuevo DNI digital.

Esta norma establece que el DNI en formato digital tiene la misma eficacia jurídica que el documento físico para acreditar la identidad de una persona.

Además, todas las entidades públicas y privadas están obligadas a reconocerlo como medio válido de identificación.

Obligación de identificación

La Ley Orgánica 4/2015 establece que:

• El DNI es obligatorio a partir de los 14 años
• Debe portarse y exhibirse cuando lo requieran las autoridades

También debe mostrarse al personal de seguridad en el ejercicio de sus funciones, por ejemplo:

• En controles de acceso
• Para la formulación de denuncias

Esto incluye tanto el DNI físico como el digital.

Funcionamiento del DNI digital

El DNI digital se utiliza a través de la aplicación oficial MiDNI, certificada por la Policía Nacional.

Para usarlo, el ciudadano debe:

1. Descargar la aplicación
2. Registrarse
3. Asociar su número de teléfono

Una vez activado, permite mostrar los datos identificativos mediante un código QR.

Formas de identificación disponibles

La aplicación ofrece tres modalidades de visualización:

• Datos de edad
• Datos básicos
• Datos completos

El sistema genera un código QR temporal que puede ser leído por la persona que realiza la identificación.

Requisitos técnicos para su verificación

Para comprobar el DNI digital, el verificador (Policía o Vigilante de Seguridad) debe disponer de:

• Un dispositivo móvil
• La aplicación MiDNI instalada
• Cámara para leer el código QR

Sin estos medios, la identificación no podrá realizarse correctamente.

DNI digital y DNI físico: relación

El DNI digital no sustituye al DNI físico.

Ambos documentos son complementarios.

La Policía recomienda seguir portando el DNI físico por varias razones:

• Falta de batería
• Averías del dispositivo
• Problemas de cobertura

Además, el DNI digital solo tiene validez en España y no sirve como documento de viaje.

Adaptación obligatoria de empresas y administraciones

El Real Decreto establece un plazo de adaptación de 12 meses desde su entrada en vigor.

Esto implica que antes del 2 de abril de 2026, todas las entidades deben:

• Adaptar sus sistemas
• Formar a su personal
• Disponer de medios técnicos adecuados

Esto afecta especialmente a las empresas de seguridad.

Impacto en la seguridad privada

Las empresas de seguridad deben garantizar que sus vigilantes puedan:

• Reconocer el DNI digital
• Verificarlo correctamente
• Actuar conforme a la normativa

La falta de adaptación puede generar conflictos en los servicios de control de accesos.

Consecuencias del incumplimiento

El Real Decreto no detalla sanciones específicas.

Sin embargo, no adaptarse puede provocar:

• Incidentes operativos
• Problemas legales
• Conflictos con usuarios

Por ello, es recomendable cumplir con la normativa en plazo.

Conclusión

La entrada en vigor del DNI digital obliga a empresas, administraciones y profesionales a adaptarse a una nueva forma de identificación.

Aunque el DNI físico sigue siendo necesario, el formato digital ya tiene plena validez legal en España.

Por ello, resulta imprescindible contar con medios técnicos adecuados y formar al personal para evitar errores y garantizar un correcto funcionamiento.

Si quieres mantenerte al día sobre normativa, seguridad privada y nuevas tecnologías aplicadas a la identificación, te invitamos a seguir leyendo más artículos en nuestro blog.

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Resolución de la AEPD: caso práctico

La AEPD, en el expediente sancionador EXP202308315, impuso una multa de 500 € al propietario de un bar.

El motivo fue la instalación de cámaras de videovigilancia en zonas comunes del edificio sin autorización de la comunidad de propietarios.

La sanción fue confirmada tras desestimarse el recurso presentado por el interesado.

La imagen como dato personal

La AEPD recuerda que la imagen de una persona es un dato personal según el artículo 4.1 del RGPD.

Por tanto, la captación de imágenes mediante cámaras constituye un tratamiento de datos personales.

Este tratamiento debe cumplir la normativa de protección de datos.

Base legal para la videovigilancia

El artículo 22 de la Ley Orgánica 3/2018 permite el uso de cámaras para garantizar la seguridad de personas y bienes.

Sin embargo, esto no es suficiente por sí solo.

El responsable debe contar con una base de legitimación conforme al artículo 6.1 del RGPD, como:

• Consentimiento
• Interés legítimo
• Cumplimiento de una obligación legal

En comunidades de propietarios, es imprescindible el acuerdo de la Junta.

Necesidad de autorización de la comunidad

Para instalar cámaras en zonas comunes se requiere el consentimiento de la comunidad de propietarios.

Este acuerdo debe constar en el acta de la Junta.

La AEPD rechaza que una licencia municipal sustituya este requisito.

Requisitos legales para instalar cámaras

La resolución recoge las principales obligaciones que deben cumplirse:

Registro de actividades de tratamiento

Antes de instalar las cámaras, debe elaborarse el registro correspondiente.
Este documento incluye finalidad, datos tratados y demás información relevante.

Información mediante carteles

Se deben colocar carteles visibles informando de la videovigilancia.
Deben incluir los datos básicos exigidos por la normativa.

Limitación del campo de grabación

Las cámaras deben captar solo zonas comunes.
No pueden grabar la vía pública, salvo lo imprescindible.

Medidas de privacidad

Si las cámaras tienen zoom o movimiento, deben incluir máscaras de privacidad.

Control de acceso a las imágenes

Solo pueden acceder personas autorizadas.
Si el acceso es remoto, deben usarse contraseñas seguras y renovadas.

Plazo de conservación

Las imágenes no pueden conservarse más de un mes.

Uso para denuncias

Si las imágenes se utilizan como prueba, deben conservarse para su entrega a las autoridades.

Cesión a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

La entrega de imágenes debe realizarse en el marco de actuaciones policiales o judiciales.

Motivo de la sanción

El sancionado alegó que tenía licencia municipal para la actividad.

Sin embargo, la AEPD consideró que esto no sustituye el consentimiento de la comunidad.

Las zonas comunes pertenecen a todos los propietarios, según el Código Civil y la Ley de Propiedad Horizontal.

Responsabilidad del titular

La AEPD aclara que la responsabilidad del cumplimiento legal recae en el titular del sistema.

Esto es así incluso si la instalación la realiza una empresa de seguridad.

Además, recuerda que la instalación debe hacerla una empresa autorizada si el sistema está conectado a una central de alarmas.

Consecuencias de la infracción

Además de la multa de 500 €, la AEPD obligó al responsable a regularizar la situación.

Si no obtiene autorización de la comunidad, deberá retirar las cámaras.

Conclusión

La sanción por instalar cámaras sin autorización de la comunidad de propietarios demuestra que la videovigilancia en espacios comunes exige cumplir estrictamente la normativa de protección de datos.

No basta con justificar la instalación por motivos de seguridad o contar con licencias administrativas. Es imprescindible contar con el consentimiento de la comunidad y aplicar todas las garantías legales.

Si quieres conocer más casos prácticos, sanciones y claves legales sobre videovigilancia, protección de datos y seguridad privada, te invitamos a seguir explorando otros artículos de nuestro blog.

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Tipos de operaciones con drones

La AEPD distingue tres tipos de usos:

1. Operaciones que no implican tratamiento de datos personales.
2. Operaciones que pueden captar información de forma no intencionada.
3. Operaciones que implican tratamiento de datos personales de forma directa, como la videovigilancia o la grabación de eventos.

Esta clasificación es clave para determinar cuándo se aplica la normativa de protección de datos.

Qué se considera dato personal

El RGPD define el dato personal como cualquier información que identifique o pueda identificar a una persona física.

Esto incluye:

• Imagen
• Voz
• Matrícula de un vehículo
• Datos de localización
• Dirección de correo electrónico

Además, la identificación puede ser directa o indirecta, por ejemplo mediante geolocalización o combinación de datos.

Normativa aplicable al uso de drones

El uso civil de drones está regulado por el Real Decreto 517/2024. Este incorpora los Reglamentos europeos 2019/945 y 2019/947.

A esto se suma la aplicación del RGPD y de la Ley Orgánica 3/2018 cuando exista tratamiento de datos personales.

Uso recreativo y sin tratamiento de datos

Los drones con fines deportivos o recreativos, que no captan datos personales, quedan fuera del ámbito del RGPD.

Sin embargo, si incorporan cámaras, el usuario debe asegurarse de no identificar personas antes de difundir imágenes.

En caso contrario, deberá difuminarlas.

Captación incidental de datos personales

En actividades como:

• Inspección de infraestructuras
• Levantamientos topográficos
• Producciones audiovisuales

Puede producirse una captación accidental de datos personales.

Para reducir riesgos, se recomienda:

• Evitar zonas con presencia de personas
• Limitar la captación a lo necesario
• Volar en horarios con menor afluencia
• Reducir la resolución de imágenes
• Aplicar técnicas de anonimización
• Evitar capturar datos de dispositivos móviles

Privacidad desde el diseño

La guía de la AEPD insiste en aplicar medidas de “privacidad desde el diseño”.

Entre ellas destacan:

• Ajustar la calidad de imagen al mínimo necesario
• Limitar la geolocalización
• Incorporar cifrado de datos
• Garantizar comunicaciones seguras
• Permitir activar o detener la captación en cualquier momento

Tratamientos con drones que sí implican datos personales

El uso de drones en:

• Videovigilancia
• Grabación de eventos

Implica tratamiento de datos personales de forma directa.

En estos casos, se aplica plenamente el RGPD y la LOPDGDD.

Además, el uso de videocámaras en espacios públicos con fines de seguridad corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Responsables y encargados del tratamiento

Cuando el operador actúa por encargo de un tercero:

• El tercero es responsable del tratamiento
• El operador es encargado

Esta relación debe formalizarse mediante contrato.

Si el operador actúa por cuenta propia:

• Será responsable del tratamiento
• Deberá justificar la base legal (consentimiento, interés legítimo, obligación legal, etc.)

Obligaciones del operador

El operador debe:

• Informar a los afectados mediante señalización u otros medios
• Identificar claramente al responsable del tratamiento
• Explicar la finalidad del tratamiento
• Facilitar el ejercicio de derechos

También debe:

• Minimizar los datos recogidos
• Eliminar o anonimizar los datos innecesarios
• Garantizar la seguridad de la información

Evaluación de impacto y riesgos

Cuando el tratamiento pueda suponer un riesgo elevado, será necesario realizar una Evaluación de Impacto en Protección de Datos (EIPD).

Si no es obligatoria, al menos deberá realizarse un análisis de riesgos.

Legalidad del uso de drones

El cumplimiento de la normativa aérea es esencial.

Si el uso del dron no respeta la normativa, el tratamiento de datos tampoco será lícito según el RGPD.

Esto puede dar lugar a sanciones tanto en materia de protección de datos como en normativa aeronáutica.

Conclusión

El uso de drones y derecho a la protección de datos exige un equilibrio entre innovación tecnológica y respeto a los derechos fundamentales.

Los drones ofrecen grandes ventajas, pero su uso debe ajustarse a la legalidad, especialmente cuando implican tratamiento de datos personales.

Aplicar medidas de prevención, minimizar la captación de datos y garantizar la transparencia son claves para evitar riesgos legales.

Si quieres seguir profundizando en protección de datos, seguridad privada o normativa tecnológica, te invitamos a explorar más artículos de nuestro blog, donde analizamos de forma práctica los retos legales actuales.

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Necesidad de las investigaciones internas en la empresa

Las empresas, tanto públicas como privadas, necesitan información fiable para tomar decisiones en un entorno competitivo. Además, deben garantizar su seguridad integral.

Por ello, en muchas ocasiones resulta necesario —e incluso obligatorio— realizar investigaciones internas o externas. Estas permiten recopilar, analizar y comunicar información relevante a los órganos de dirección.

Designación del agente investigador

Las empresas pueden designar libremente a la persona que consideren más idónea para realizar investigaciones internas.

Sin embargo, cuando se trate de investigaciones externas, estas deben limitarse a información obtenida de fuentes abiertas o registros públicos mediante técnicas OSINT.

Uso de fuentes abiertas y públicas

La obtención de información de fuentes públicas forma parte del derecho de autoprotección recogido en el artículo 7 de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada.

Aunque el RGPD eliminó el concepto formal de “fuentes públicas”, la Agencia Española de Protección de Datos lo sigue aceptando como criterio interpretativo.

Entre estas fuentes se incluyen:

• Censos promocionales
• Repertorios telefónicos
• Registros públicos
• Boletines oficiales
• Medios de comunicación
• Redes sociales abiertas (como Facebook, X, Instagram o LinkedIn)

En definitiva, se trata de información accesible sin restricciones o mediante contraprestación.

Papel del Director de Seguridad

En el ámbito interno, la Ley de Seguridad Privada atribuye al Director de Seguridad la función de realizar investigaciones dentro de sus competencias.

Este profesional está habilitado por el Ministerio del Interior. Además, actúa como interlocutor con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y está sujeto a deber de reserva.

Intervención del Detective Privado

Cuando la empresa necesita realizar investigaciones externas con fines probatorios, debe recurrir al Detective Privado.

Este es el único profesional legalmente habilitado para ello. También está sujeto a secreto profesional y a la normativa de seguridad privada.

Límites legales y protección de datos

Todas las investigaciones deben respetar:

• Los derechos fundamentales
• El RGPD
• La Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos

El tratamiento de datos personales exige cumplir principios como:

• Licitud y legitimación
• Limitación de finalidad
• Información previa al interesado
• Seguridad y confidencialidad

Además, la empresa debe facilitar el ejercicio de derechos y colaborar con la AEPD.

Base de legitimación del tratamiento

Cuando los datos no se obtienen directamente del interesado, el tratamiento debe basarse en una causa legítima del artículo 6 del RGPD.

Entre ellas destaca el interés legítimo de la empresa para garantizar su seguridad y funcionamiento.

Derecho de información y excepciones

El interesado tiene derecho a ser informado cuando sus datos no se obtienen directamente de él (art. 14 RGPD).

No obstante, existen excepciones. Por ejemplo:

• Cuando informar perjudique la investigación
• Cuando exista deber de secreto profesional

Confidencialidad de los informes de inteligencia

Los informes elaborados por el Departamento de Seguridad o por Detectives Privados tienen carácter confidencial.

Por ello, en determinados casos, el responsable del tratamiento puede quedar exento de informar al interesado.

En cualquier caso, deben aplicarse medidas como:

• Acceso restringido
• Cifrado o seudonimización
• Protección de la información

Particularidades del Detective Privado

El Detective Privado no tiene obligación de informar al investigado sobre:

• El encargo recibido
• La investigación realizada
• El contenido del informe

Además, solo puede facilitar la información a:

• Quien encargó el servicio
• Autoridades judiciales
• Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Conclusión

La aproximación jurídico-operativa en relación con las investigaciones internas en las empresas pone de manifiesto que estas actuaciones son necesarias para garantizar la seguridad corporativa y la toma de decisiones estratégicas. Sin embargo, deben realizarse siempre dentro de un marco legal claro, respetando los derechos fundamentales y la normativa de protección de datos.

Las empresas cuentan con herramientas legítimas para obtener información, ya sea a través de fuentes abiertas, del Director de Seguridad o mediante la contratación de Detectives Privados. No obstante, el cumplimiento del RGPD y de la Ley de Seguridad Privada resulta imprescindible para evitar responsabilidades legales.

En definitiva, investigar sí, pero con garantías jurídicas, proporcionalidad y respeto a los derechos de las personas.

Si te interesa profundizar en temas como seguridad privada, protección de datos o cumplimiento normativo, te invitamos a seguir explorando otros artículos de nuestro blog, donde analizamos de forma clara y práctica las claves legales más relevantes para empresas y profesionales.

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Obligación de realizar ejercicios de tiro

El personal de seguridad privada con licencia tipo C debe realizar ejercicios periódicos de tiro según la normativa vigente:

• Vigilantes de Seguridad: cada seis meses si prestan servicio con arma, o anualmente si solo poseen la licencia (art. 84 RSP)
• Escoltas Privados: cada tres meses (art. 90.5 RSP)
• Guardas rurales: un ejercicio anual (art. 94 RSP y art. 29 Orden INT/318/2011)

Estos ejercicios se realizan con las armas reglamentarias correspondientes y, en determinados casos, requieren autorización de la Guardia Civil.

Regulación de la licencia de armas tipo C

La licencia de armas tipo C está regulada en el Reglamento de Armas (Real Decreto 137/93). Esta licencia permite el uso de armas en el ejercicio de funciones de seguridad privada.

Además, la normativa contempla el uso de armas de guerra en supuestos específicos, como en servicios en buques españoles en aguas de riesgo, conforme a la Orden PRE/2914/2009.

Diferencias en los ejercicios de tiro

Hasta la modificación actual, existía una diferencia relevante:

• Aspirantes a la licencia: 10 disparos
• Titulares de la licencia: 75 disparos anuales

Estos últimos se distribuían en dos ejercicios de 37 y 38 disparos, respectivamente.

Formación previa y prácticas de tiro

La normativa de formación ha permitido alternativas al tiro real:

• Uso de munición de fogueo
• Simuladores

Asimismo, en la formación de guardas rurales se han suprimido las prácticas de tiro real, según la Resolución de 8 de febrero de 2024.

También debe tenerse en cuenta que el título de Formación Profesional en Seguridad (Real Decreto 570/2023) no exige prácticas de tiro con fuego real.

Necesidad de mayor exigencia en la obtención de la licencia

La normativa no especifica el número de prácticas de tiro en la formación previa, lo que permite que algunos aspirantes obtengan la licencia con una experiencia limitada en el uso real de armas.

Por ello, se considera necesario que el examen de obtención de la licencia sea más exigente, equiparándolo al nivel requerido en los ejercicios de mantenimiento.

Cambios legales ejercicios de tiro seguridad privada

La Resolución de 15 de septiembre de 2025 modifica el apartado 16 de la Resolución de 28 de febrero de 1996, estableciendo nuevas condiciones para los exámenes de obtención de la licencia de armas.

Vigilantes de Seguridad

• Arma: revólver calibre .38 de 4 pulgadas
• Tiro de puntería:
  • 3 disparos de prueba
  • 24 disparos puntuables
• Tiro instintivo:
  • 4 disparos de prueba
  • 6 disparos puntuables
• Distancias:
  • 25 metros (puntería)
  • 10 metros (instintivo)
• Tiempo:
  • 3 minutos por serie (puntería)
  • 3 segundos por serie (instintivo)
• Aptitud: más del 50% de impactos en cada modalidad

Guardas rurales

• Arma: carabina de distintos calibres
• Tiro de puntería:
  • 7 disparos de prueba
  • 30 disparos puntuables
• Distancias:
  • 50 metros (≥ 9 mm parabellum)
  • 25 metros (resto)
• Tiempo: 3 minutos por serie
• Aptitud: más del 50% de impactos

Entrada en vigor

Los cambios legales en los ejercicios de tiro de seguridad privada entrarán en vigor el 20 de diciembre de 2025, dos meses después de su publicación en el BOE.

Conclusión

Los cambios legales en los ejercicios de tiro de seguridad privada introducen modificaciones relevantes en las pruebas para la obtención de la licencia de armas tipo C, reforzando las condiciones técnicas y los criterios de evaluación del personal de seguridad.

Para conocer más sobre normativa, seguridad privada y actualidad del sector, te invitamos a visitar el blog de Auservi, donde encontrarás contenidos especializados y actualizados.

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Protección de datos y derecho a la imagen

La imagen de una persona es un dato de carácter personal. Por ello, su captación, almacenamiento o difusión está sujeta a:

• El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)
• La Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Derechos Digitales

Estas normas protegen un derecho fundamental reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución.

Cuándo existe una vulneración

No toda captación de imágenes sin consentimiento constituye una infracción.

El RGPD excluye de su ámbito:

• El uso de imágenes con fines personales o domésticos

Sin embargo:

• La difusión de esas imágenes sin consentimiento sí constituye una vulneración de derechos

Por tanto, el problema surge especialmente cuando las imágenes se comparten o utilizan fuera del ámbito privado.

Consecuencias legales del uso indebido de gafas con IA

El uso indebido de estos dispositivos puede generar distintas responsabilidades:

Responsabilidad penal

El Código Penal, en su artículo 197, regula los delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

Estas conductas pueden incluir:

• Captación de imágenes que vulneren la intimidad
• Difusión de contenidos sin consentimiento

Las penas pueden agravarse en casos de:

• Difusión a terceros
• Ánimo de lucro
• Abuso profesional
• Afectación de datos sensibles

En estos supuestos, se prevén penas de prisión de uno a cuatro años y multas de 12 a 24 meses.

Responsabilidad administrativa

La mayoría de los casos se sancionan conforme a la normativa de protección de datos.

Cuando no existe base legal para la captación de imágenes, como el consentimiento del afectado:

• Se produce una infracción de la Ley Orgánica 3/2018
• La Agencia Española de Protección de Datos puede imponer sanciones

Las multas pueden alcanzar hasta 300.000 euros en los casos más graves.

Responsabilidad civil

Además, puede existir responsabilidad civil conforme a la Ley Orgánica 1/1982.

El artículo 7 considera intromisión ilegítima:

• La captación o publicación de imágenes en la vida privada

Salvo en los casos excepcionales previstos en el artículo 8, como:

• Personas con cargo público en actos públicos

Casos recientes en España

Según informaciones difundidas en Cataluña, ya se han producido detenciones por el uso indebido de gafas con IA.

Entre los casos conocidos:

• Un individuo que publicó más de 300 vídeos en redes sociales
• Otro detenido en Girona por grabar a mujeres en situaciones íntimas

Estos hechos han sido considerados delitos contra la intimidad.

Riesgos asociados a estas tecnologías

El uso de gafas con inteligencia artificial presenta una particularidad:

• La grabación puede realizarse de forma prácticamente indetectable

Esto ha dado lugar a lo que se denomina “voyeurismo invisible”, ya que:

• Los dispositivos son accesibles
• Permiten grabar en espacios privados o íntimos sin ser percibidos

Denuncia y persecución de estos delitos

Las conductas que vulneran la intimidad deben ser denunciadas:

• Por vía penal, cuando exista afectación grave
• Ante la Agencia Española de Protección de Datos, en otros casos

Estos delitos son, con carácter general:

• Perseguibles a instancia de la persona afectada

No obstante, pueden perseguirse de oficio cuando:

• Afectan a menores o personas con discapacidad
• Interviene una autoridad o funcionario
• Existe una pluralidad de víctimas

Conclusión

Las consecuencias legales del uso indebido de gafas con IA pueden ser graves, tanto en el ámbito penal como administrativo y civil. El uso de estos dispositivos debe respetar en todo momento los derechos fundamentales de las personas, especialmente el derecho a la intimidad y a la propia imagen.

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Caso real: sanción de la AEPD

La AEPD, en el procedimiento sancionador EXP 202416820, impuso a una empresa una sanción inicial de 6.000 euros (5.000 + 1.000) por la comisión de dos infracciones del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y de la Ley Orgánica 3/2018.

Posteriormente, la sanción se redujo a 3.600 euros, al reconocer la empresa los hechos y abonar la multa en periodo voluntario.

El origen del expediente fue la instalación de cámaras con grabación de audio en zonas de descanso, incluido el comedor, sin cumplir los requisitos legales.

Normativa aplicable a la videovigilancia laboral

La legislación permite el uso de cámaras en el trabajo, pero con límites claros.

Control laboral y videovigilancia

El artículo 89 de la Ley Orgánica 3/2018, en relación con el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, permite a las empresas:

• Controlar la actividad laboral mediante cámaras
• Supervisar el cumplimiento de las obligaciones laborales

Sin embargo, este control debe respetar los derechos fundamentales de los trabajadores.

Obligación de información previa

Uno de los requisitos esenciales es informar previamente a los trabajadores:

• Debe comunicarse la instalación de cámaras
• También debe informarse a los representantes legales, si existen
• Es obligatorio colocar el cartel informativo conforme al artículo 13 del RGPD

En el caso analizado, la empresa no cumplió con esta obligación, lo que motivó parte de la sanción.

Prohibición de cámaras en zonas de descanso

La normativa es especialmente clara en este punto.

Está prohibida la instalación de cámaras en:

• Comedores
• Vestuarios
• Aseos
• Zonas de descanso o esparcimiento

Por tanto, la sanción por cámara en comedor de empresa se fundamenta directamente en esta prohibición legal.

Uso de audio en el entorno laboral

El uso de grabación de sonido es aún más restrictivo.

Solo se permite:

• Cuando existan riesgos relevantes para la seguridad
• Siempre respetando el principio de proporcionalidad
• Aplicando la intervención mínima

La AEPD considera que el audio es una medida especialmente invasiva, por lo que su uso general está prohibido.

Infracciones cometidas por la empresa

En este caso, la AEPD determinó dos infracciones:

• Vulneración del artículo 5.1.c del RGPD (principio de minimización de datos)
• Incumplimiento del artículo 13 del RGPD (deber de información)

Además, la instalación de cámaras con audio en zonas de descanso se consideró una medida desproporcionada que vulnera el derecho a la intimidad.

Medidas correctoras exigidas

La resolución no solo impuso una sanción económica, sino que también obligó a la empresa a:

• Corregir la situación
• Adaptar el sistema a la normativa vigente
• Acreditar el cumplimiento en el plazo establecido

La empresa cumplió con estas obligaciones.

Claves legales para evitar sanciones

Para evitar una sanción por cámara en comedor de empresa, es imprescindible:

• Informar previamente a los trabajadores
• Instalar carteles visibles de videovigilancia
• No colocar cámaras en zonas de descanso
• Evitar el uso de audio salvo casos excepcionales
• Aplicar siempre el principio de proporcionalidad

Conclusión

La sanción por cámara en comedor de empresa demuestra que el uso de sistemas de videovigilancia en el ámbito laboral debe ajustarse estrictamente a la normativa vigente. Aunque el control empresarial está permitido, nunca puede vulnerar derechos fundamentales como la intimidad.

El incumplimiento de estos requisitos puede dar lugar a sanciones económicas y a la obligación de adoptar medidas correctoras por parte de la empresa.

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Marco normativo del uso de cámaras

El uso de cámaras con fines de seguridad está regulado principalmente por:

• La Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (artículo 22)
• El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)
• La Ley 5/2014 de Seguridad Privada (artículo 42)

En este contexto, la videovigilancia tiene como finalidad la protección de personas y bienes.

Sin embargo, el uso de cámaras para fines distintos a la videovigilancia incluye otros supuestos que no tienen esa finalidad directa de seguridad, como:

• La comprobación del estado de instalaciones
• El control de accesos a garajes o aparcamientos
• La supervisión técnica de infraestructuras
• Las actividades desarrolladas desde centros de control operativos

Estos usos, conforme a la normativa, no tienen la consideración de servicios de videovigilancia.

Requisitos legales aplicables

Aunque no se trate de videovigilancia en sentido estricto, el uso de cámaras debe respetar en todo caso la normativa de protección de datos. En particular:

• Debe utilizarse únicamente cuando no exista un medio menos intrusivo
• Es obligatorio informar mediante cartelería visible
• No deben captarse imágenes en espacios de privacidad
• La grabación de vía pública debe limitarse a lo estrictamente necesario
• Las imágenes deben conservarse un máximo de 30 días, salvo excepciones legales

Diferencias entre videovigilancia y otros usos de cámara

Videovigilancia con fines de seguridad

• Finalidad: prevenir infracciones y proteger personas y bienes
• Requiere intervención de Vigilantes de Seguridad
• Puede implicar conexión a centros de control
• Está sujeta a una regulación específica

Uso de cámaras para fines distintos a la videovigilancia

• Finalidad: control técnico o gestión operativa
• Puede ser realizado por personal no habilitado en seguridad privada
• No constituye un servicio de seguridad privada

Esta diferenciación es esencial para evitar interpretaciones incorrectas.

Riesgos e interpretación normativa

El principal problema del uso de cámaras para fines distintos a la videovigilancia es la falta de concreción normativa en determinados aspectos. Esta situación puede generar:

• Ambigüedad en la aplicación de la ley
• Confusión entre funciones técnicas y funciones de seguridad
• Posibles situaciones de intrusismo profesional

En algunos casos, el uso de sistemas de cámaras por personal no habilitado podría solaparse con funciones propias de los Vigilantes de Seguridad, lo que resulta incompatible con la normativa vigente.

Captación de imágenes en espacios públicos

Con carácter general:

• La captación de imágenes en la vía pública está restringida
• En el ámbito de la seguridad privada, requiere autorización administrativa
• Solo se permite cuando resulte imprescindible para la finalidad de protección

El borrador del futuro Reglamento de Seguridad Privada contemplaba supuestos concretos en los que podría autorizarse esta captación, así como el seguimiento de hechos delictivos en determinadas circunstancias, siempre con comunicación inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Control de los sistemas y personal habilitado

Cuando las cámaras se utilizan con finalidad de seguridad:

• Deben ser gestionadas por personal de seguridad privada habilitado
• Especialmente si están conectadas a un centro de control o videovigilancia
• Debe garantizarse el cumplimiento de la normativa aplicable

Esto refuerza la necesidad de diferenciar claramente entre funciones técnicas y funciones de seguridad.

Necesidad de desarrollo reglamentario

La regulación actual presenta determinadas lagunas en relación con el uso de cámaras para fines distintos a la videovigilancia. Por ello, sería recomendable:

• Establecer criterios claros sobre los usos permitidos
• Delimitar las funciones de cada tipo de profesional
• Evitar el intrusismo en el ámbito de la seguridad privada
• Desarrollar el Reglamento de Seguridad Privada pendiente

Recomendación SEO: uso de imágenes

Para mejorar el posicionamiento en WordPress, se recomienda incluir imágenes con atributos ALT como:

• “uso de cámaras para fines distintos a la videovigilancia”
• “control de cámaras sin videovigilancia en instalaciones”
• “sistemas CCTV para control técnico”

Conclusión

El uso de cámaras para fines distintos a la videovigilancia es una práctica permitida por la normativa, pero su aplicación debe realizarse con cautela. Es fundamental respetar los límites legales y evitar que estos sistemas se utilicen de forma encubierta para funciones propias de la seguridad privada.

Una regulación más precisa contribuirá a reforzar la seguridad jurídica y a garantizar un uso adecuado de estos dispositivos.

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Publicación de la Ley 2/2023 y entrada en vigor

El BOE núm. 44, de 21 de febrero de 2023, publicó la Ley 2/2023, de 20 de febrero, de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Según tu texto, la Ley entró en vigor a los 20 días de su publicación, es decir, el 13 de marzo de 2023.

Transposición de la Directiva europea (Directiva UE 2019/1937)

La Ley incorpora al derecho interno la Directiva UE 2019/1937 (conocida como Directiva Whistleblowing). En tu texto se destaca que España la transpuso con retraso, ya que debía haberse hecho antes del 17 de diciembre de 2021. También indicas que la Comisión había denunciado a España y a otros Estados ante el TJUE, con el riesgo de multas por el retraso.

La norma protege a quienes, en el marco de una relación profesional o laboral, informen sobre vulneraciones del ordenamiento jurídico o corrupción. Esas vulneraciones se refieren a:

• infracciones penales, o

• infracciones administrativas graves o muy graves,
  ya sean del derecho interno o del derecho de la UE.

Qué queda excluido del ámbito de la Ley

Tu texto explica que la Ley excluye expresamente determinadas materias (art. 2), entre ellas:

• Irregularidades en ámbitos con normativa específica (incluidos en la Parte II del Anexo de la Directiva).

• Información sobre materias clasificadas o secretas.

• Secreto profesional de médicos y abogados.

• Deber de secreto y confidencialidad en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y ámbito judicial.

A quién protege la Ley y con qué límites

La Ley busca proteger al “informante” (evita la expresión “denunciante” por su régimen propio en la LECrim, según tu texto). La protección se extiende también a:

• personas del entorno personal o familiar, y

• personas jurídicas propiedad del informante que puedan sufrir represalias.

Pero tu texto subraya un requisito esencial: el informante debe actuar de buena fe. No se protege a quien comunica hechos falsos o tergiversados, ni a quien obtiene la información de forma ilícita.

Además, la Ley admite comunicaciones anónimas.

Personas incluidas (art. 3, según tu texto)

La protección alcanza a:

• trabajadores del sector privado y público,

• personas cuya relación laboral ya terminó,

• voluntarios,

• personas en prácticas,

• candidatos en procesos de selección.

El Sistema Interno de Información y sus requisitos

La Ley obliga a disponer de un Sistema Interno de Información que incluya, como mínimo:

• Canal interno o buzón para recibir informaciones.

• Responsable del Sistema y procedimiento de gestión.

• Acceso asequible y confidencial.

• Prácticas de seguimiento e investigación y medidas de protección (art. 9, según tu texto).

• Garantías de:

  • presunción de inocencia,

  • derecho al honor,

  • protección de datos.

Cómo puede presentarse la comunicación

Tu texto indica que puede ser:

• por escrito o verbal,

• por correo ordinario o electrónico,

• telefónica o presencial.

Si es presencial, señalas que la Ley prevé grabación y transcripción, y la posibilidad de que el informante revise y corrija errores.

El canal debe permitir también la comunicación anónima.

Canal interno preferente… pero con matices

Tu texto recoge la idea del canal interno como vía preferente para que la entidad conozca los hechos y pueda evitar perjuicios, siempre que:

• se pueda tratar la infracción de forma efectiva, y

• el informante no perciba riesgo de represalia.

Aun así, el informante puede optar por el canal interno o por el canal externo previsto en la Ley.

Responsable del Sistema y conexión con Compliance

El Responsable del Sistema puede ser una persona física o un órgano colegiado. Según tu texto:

• lo designa la gerencia,

• debe recaer en un directivo,

• y debe actuar con independencia y autonomía del resto de órganos de dirección o gestión.

Además, si existe un responsable de cumplimiento normativo (Compliance) o un Comité de Ética, puede asumir este rol (art. 8.6, según tu texto). Esto permite unificar el canal de prevención penal/compliance con el canal de denuncias de la Ley 2/2023.

Gestión por terceros y protección de datos

La gestión puede encargarse a un tercero, con la condición de que tenga la consideración de encargado del tratamiento según la normativa de protección de datos. Tu texto señala que:

• debe formalizarse un contrato, y

• no puede suponer merma de garantías (art. 6, según lo indicas).

Confidencialidad y límites del anonimato

Una obligación clave es proteger la identidad del informante. Tu texto enlaza esta idea con el art. 24 de la LO 3/2018, que regula los sistemas internos desde el punto de vista de protección de datos.

Sin embargo, la confidencialidad puede ceder en algunos supuestos:

• si una norma de la UE lo exceptúa,

• si una norma nacional lo permite,

• o en un proceso judicial por el derecho de defensa, cuando el asunto llega a la vía judicial y el investigado necesita acceder a datos para defenderse.

Quién está obligado a disponer del canal interno

Sector privado (arts. 10 y 13, según tu texto)

Obligación para:

• empresas de más de 50 trabajadores (las de menos pueden implantarlo voluntariamente).

• empresas de menos de 250 trabajadores: pueden compartir medios y recursos para gestionar informaciones, sin perder el canal propio.

• partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones si reciben fondos públicos.

• entidades del sector privado incluidas en actos de la UE sobre:

  • servicios, productos y mercados financieros,

  • prevención del blanqueo y financiación del terrorismo,

  • seguridad del transporte,

  • protección del medio ambiente,
    con independencia del número de trabajadores.

Sector público

Tu texto indica que deben contar con el sistema:

• todas las Administraciones Públicas (estatales, autonómicas y locales),

• entidades de Seguridad Social, universidades, sociedades y fundaciones del sector público,

• órganos constitucionales y los previstos en Estatutos de Autonomía.

Añades que España exige el sistema incluso en municipios de menos de 10.000 habitantes, aunque pueden compartir medios con otra Administración. También señalas que deben tener Responsable del sistema propio, y que se admite gestión indirecta e incluso por terceros si se acredita insuficiencia de medios.

Libro-Registro de informaciones e investigaciones

Según tu texto, el art. 26 impone llevar un Libro-Registro de:

• informaciones recibidas, y

• investigaciones internas realizadas.

Es confidencial. Solo tiene acceso la Autoridad Judicial. Y no puede conservarse más de 10 años.

Plazos de implantación del sistema interno

La disposición transitoria segunda fija los plazos que recoges así:

• Regla general: implantación en tres meses desde la entrada en vigor.

  • Si la Ley entra en vigor el 13 de marzo de 2023, el plazo general llega hasta el 13 de junio de 2023.

• Excepción:

  • entidades privadas con 249 trabajadores o menos, y

  • municipios de menos de 10.000 habitantes,
    con plazo hasta el 1 de diciembre de 2023.

También señalas que la adaptación de canales externos existentes debía realizarse en seis meses desde la entrada en vigor, en los términos del apartado 3 de la transitoria.

Canal Externo: Autoridad Independiente de Protección del Informante

La Ley prevé un canal externo para permitir la comunicación a una autoridad independiente. Tu texto indica que se configura como una Autoridad Independiente de Protección de Informantes (A.A.I.), a crear en la Administración del Estado como organismo autónomo e independiente. También se contempla que las Comunidades Autónomas creen organismos similares en su ámbito.

Se menciona que su estatuto debe aprobarse por el Gobierno mediante Real Decreto.

Protección en caso de “revelación pública”

El artículo 27 protege la revelación pública (medios, redes, plataformas, prensa), pero tu texto señala requisitos:

• Haber utilizado antes canales internos y externos, o directamente el externo, sin respuesta adecuada en plazo.

• O bien, tener motivos razonables para pensar que existe:

  • peligro inminente o manifiesto para el interés público, o riesgo de daños irreversibles,

  • o riesgo de represalias, o poca probabilidad de tratamiento efectivo (por ejemplo, ocultación o destrucción de pruebas, connivencia o implicación de una autoridad).

Añades que el Preámbulo pone como ejemplo un riesgo de vertido tóxico.

También recoges un matiz relevante: esas condiciones no se exigen cuando se informa directamente a la prensa en el ejercicio de la libertad de expresión e información veraz del art. 20 CE, y mencionas el derecho al secreto profesional del periodista como garantía de protección de la identidad del informante.

Conclusión

La necesidad de contar con un canal de denuncias y de proteger al informante de delitos e infracciones graves no es solo una recomendación de buen gobierno. Con la Ley 2/2023 se convierte en una obligación para muchas entidades, y se acompaña de garantías concretas: confidencialidad, posibilidad de anonimato, reglas de gestión, límites claros y un canal externo.

Además, el sistema interno no solo protege al informante. También permite a la organización conocer antes los hechos, investigar con garantías y evitar daños mayores.

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Además, el Vigilante de Seguridad debe cumplir las funciones que le atribuye la Ley 5/2014, de Seguridad Privada (art. 32). También debe respetar las reglas del servicio sobre uniformidad y medios de defensa previstas en la Orden INT/318/2011. Si incumple estos deberes, puede existir responsabilidad administrativa conforme al régimen sancionador de la propia Ley.

Al mismo tiempo, la relación con su empresa es laboral. Por eso, también le resulta exigible la normativa de prevención de riesgos laborales y las obligaciones que impone el convenio del sector.

Marco normativo aplicable

En prevención de riesgos laborales intervienen varias normas y niveles:

• Constitución Española:
  • Art. 40.2: obliga a los poderes públicos a velar por la seguridad e higiene en el trabajo.
  • Art. 43.1: reconoce el derecho a la protección de la salud.
• Estatuto de los Trabajadores (RDL 2/2015):
  • Art. 4.2 d): derecho a la integridad física.
  • Art. 19.1: derecho a una protección eficaz en seguridad e higiene.
• Convenio 155 de la OIT (1981): ratificado por España el 26 de julio de 1985.
• Directiva 89/391/CEE: directiva marco en la UE.
• Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL): norma básica vigente, que transpone la directiva.

Convenio

Tu texto recuerda que la LPRL se aplica con carácter general a trabajadores y empresarios, incluidas Administraciones Públicas, y señala exclusiones (por ejemplo, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre otros supuestos indicados).

También mencionas normas de desarrollo relevantes, como:

• RD 39/1997 (Reglamento de los Servicios de Prevención).
• RD 485/1997 (señalización de seguridad y salud).
• RD 486/1997 (lugares de trabajo).

Y, en el sector, el Convenio colectivo publicado por Resolución de 29 de diciembre de 2021 (BOE núm. 10, 12 de enero de 2022) recoge obligaciones preventivas, con objetivos expresos de protección, mejora de condiciones de trabajo y formación e información.

Qué debe garantizar la empresa y qué debe cumplir el Vigilante

La prevención de riesgos laborales busca evitar o reducir daños derivados del trabajo. Tu texto diferencia dos grandes tipos:

• Accidentes o lesiones laborales, incluidos los in itinere en las condiciones que indicas (trayecto, itinerario habitual y sin interrupciones).
• Enfermedades profesionales derivadas del desempeño del trabajo.

Deberes preventivos básicos de la empresa

Según tu texto, la empresa debe:

Garantizar la consulta y participación de los trabajadores.

Integrar la prevención en la gestión general.

Diseñar e implantar un Plan de Prevención.

Evaluar riesgos y planificar la actividad preventiva.

Formar e informar a los trabajadores.

Control público, Inspección y responsabilidades

Tu texto sitúa la vigilancia y control en:

• OIT (ONU) y Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• En España: Ministerio de Trabajo y órganos autonómicos competentes.

En el plano interno, destacas:

• El organismo especializado integrado en el Ministerio (INSSBT, según lo mencionas).
• La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) como órgano de vigilancia, asesoramiento y fiscalización.

Indicas que la Inspección actúa de oficio, por denuncia, por petición razonada o por mandato superior, y que cualquier trabajador puede denunciar.

Responsabilidad del empresario

Según tu texto, el incumplimiento puede generar:

• Responsabilidad administrativa (multas, medidas e incluso cierre del centro, según indicas).
• Responsabilidad civil por daños.
• Responsabilidad penal: art. 316 CP (y 317 por imprudencia grave), con penas y multa, cuando se infringen normas y no se facilitan medios y se pone en peligro grave a los trabajadores. También mencionas la posible responsabilidad de personas jurídicas y de administradores o encargados.

Responsabilidad del trabajador

Tu texto también lo deja claro: el trabajador que incumple puede incurrir en responsabilidad disciplinaria. En casos graves, puede llegar al despido procedente.

Caso práctico: uso de una gorra protectora como EPI

Tu texto aporta un ejemplo: una gorra protectora frente a posibles agresiones con objetos contundentes. El Vigilante se negó a usarla sin justificación.

Aquí señalas varias ideas importantes:

• La Orden INT/318/2011 (Anexo VIII) no recoge esa gorra como prenda ordinaria.
• Pero esto no impide su uso si lo exigen razones de riesgo o peligrosidad, al amparo del artículo 23 de la Orden.
• Para que su uso sea obligatorio como prenda de uniformidad, la empresa debe solicitar autorización al Ministerio del Interior (Dirección General de la Policía) como excepción.

Añades que, si la prenda está autorizada y el Vigilante se niega:

• Puede haber sanción laboral según Convenio (citas los artículos 72 y 73 sobre inobservancia de órdenes y desobediencia).
• Y también podría encajar en una falta leve del artículo 58.3 a) de la Ley 5/2014 por actuar sin la debida uniformidad o medios exigibles.

Finalmente, mencionas que el borrador del futuro Reglamento incluiría como posible prenda “boina o gorra de plato o tipo beisbol”.

Conclusión

La prevención de riesgos laborales no es solo una obligación de la empresa. La obligación del Vigilante de Seguridad de cumplir las normas de riesgos laborales implica seguir instrucciones, utilizar EPIs correctamente y actuar con responsabilidad para proteger su seguridad y la de terceros.

Al mismo tiempo, el Vigilante tiene derechos. Entre ellos, información, formación, vigilancia de la salud y participación. Cuando ambas partes cumplen, se refuerza la seguridad en el servicio y se reducen accidentes, lesiones y conflictos.

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