Marco normativo del uso de cámaras

El uso de cámaras con fines de seguridad está regulado principalmente por:

• La Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (artículo 22)
• El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)
• La Ley 5/2014 de Seguridad Privada (artículo 42)

En este contexto, la videovigilancia tiene como finalidad la protección de personas y bienes.

Sin embargo, el uso de cámaras para fines distintos a la videovigilancia incluye otros supuestos que no tienen esa finalidad directa de seguridad, como:

• La comprobación del estado de instalaciones
• El control de accesos a garajes o aparcamientos
• La supervisión técnica de infraestructuras
• Las actividades desarrolladas desde centros de control operativos

Estos usos, conforme a la normativa, no tienen la consideración de servicios de videovigilancia.

Requisitos legales aplicables

Aunque no se trate de videovigilancia en sentido estricto, el uso de cámaras debe respetar en todo caso la normativa de protección de datos. En particular:

• Debe utilizarse únicamente cuando no exista un medio menos intrusivo
• Es obligatorio informar mediante cartelería visible
• No deben captarse imágenes en espacios de privacidad
• La grabación de vía pública debe limitarse a lo estrictamente necesario
• Las imágenes deben conservarse un máximo de 30 días, salvo excepciones legales

Diferencias entre videovigilancia y otros usos de cámara

Videovigilancia con fines de seguridad

• Finalidad: prevenir infracciones y proteger personas y bienes
• Requiere intervención de Vigilantes de Seguridad
• Puede implicar conexión a centros de control
• Está sujeta a una regulación específica

Uso de cámaras para fines distintos a la videovigilancia

• Finalidad: control técnico o gestión operativa
• Puede ser realizado por personal no habilitado en seguridad privada
• No constituye un servicio de seguridad privada

Esta diferenciación es esencial para evitar interpretaciones incorrectas.

Riesgos e interpretación normativa

El principal problema del uso de cámaras para fines distintos a la videovigilancia es la falta de concreción normativa en determinados aspectos. Esta situación puede generar:

• Ambigüedad en la aplicación de la ley
• Confusión entre funciones técnicas y funciones de seguridad
• Posibles situaciones de intrusismo profesional

En algunos casos, el uso de sistemas de cámaras por personal no habilitado podría solaparse con funciones propias de los Vigilantes de Seguridad, lo que resulta incompatible con la normativa vigente.

Captación de imágenes en espacios públicos

Con carácter general:

• La captación de imágenes en la vía pública está restringida
• En el ámbito de la seguridad privada, requiere autorización administrativa
• Solo se permite cuando resulte imprescindible para la finalidad de protección

El borrador del futuro Reglamento de Seguridad Privada contemplaba supuestos concretos en los que podría autorizarse esta captación, así como el seguimiento de hechos delictivos en determinadas circunstancias, siempre con comunicación inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Control de los sistemas y personal habilitado

Cuando las cámaras se utilizan con finalidad de seguridad:

• Deben ser gestionadas por personal de seguridad privada habilitado
• Especialmente si están conectadas a un centro de control o videovigilancia
• Debe garantizarse el cumplimiento de la normativa aplicable

Esto refuerza la necesidad de diferenciar claramente entre funciones técnicas y funciones de seguridad.

Necesidad de desarrollo reglamentario

La regulación actual presenta determinadas lagunas en relación con el uso de cámaras para fines distintos a la videovigilancia. Por ello, sería recomendable:

• Establecer criterios claros sobre los usos permitidos
• Delimitar las funciones de cada tipo de profesional
• Evitar el intrusismo en el ámbito de la seguridad privada
• Desarrollar el Reglamento de Seguridad Privada pendiente

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Conclusión

El uso de cámaras para fines distintos a la videovigilancia es una práctica permitida por la normativa, pero su aplicación debe realizarse con cautela. Es fundamental respetar los límites legales y evitar que estos sistemas se utilicen de forma encubierta para funciones propias de la seguridad privada.

Una regulación más precisa contribuirá a reforzar la seguridad jurídica y a garantizar un uso adecuado de estos dispositivos.

Para conocer más sobre normativa, seguridad privada y actualidad del sector, te invitamos a visitar el blog de Auservi, donde encontrarás análisis y contenidos especializados.

Publicación de la Ley 2/2023 y entrada en vigor

El BOE núm. 44, de 21 de febrero de 2023, publicó la Ley 2/2023, de 20 de febrero, de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Según tu texto, la Ley entró en vigor a los 20 días de su publicación, es decir, el 13 de marzo de 2023.

Transposición de la Directiva europea (Directiva UE 2019/1937)

La Ley incorpora al derecho interno la Directiva UE 2019/1937 (conocida como Directiva Whistleblowing). En tu texto se destaca que España la transpuso con retraso, ya que debía haberse hecho antes del 17 de diciembre de 2021. También indicas que la Comisión había denunciado a España y a otros Estados ante el TJUE, con el riesgo de multas por el retraso.

La norma protege a quienes, en el marco de una relación profesional o laboral, informen sobre vulneraciones del ordenamiento jurídico o corrupción. Esas vulneraciones se refieren a:

• infracciones penales, o

• infracciones administrativas graves o muy graves,
  ya sean del derecho interno o del derecho de la UE.

Qué queda excluido del ámbito de la Ley

Tu texto explica que la Ley excluye expresamente determinadas materias (art. 2), entre ellas:

• Irregularidades en ámbitos con normativa específica (incluidos en la Parte II del Anexo de la Directiva).

• Información sobre materias clasificadas o secretas.

• Secreto profesional de médicos y abogados.

• Deber de secreto y confidencialidad en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y ámbito judicial.

A quién protege la Ley y con qué límites

La Ley busca proteger al “informante” (evita la expresión “denunciante” por su régimen propio en la LECrim, según tu texto). La protección se extiende también a:

• personas del entorno personal o familiar, y

• personas jurídicas propiedad del informante que puedan sufrir represalias.

Pero tu texto subraya un requisito esencial: el informante debe actuar de buena fe. No se protege a quien comunica hechos falsos o tergiversados, ni a quien obtiene la información de forma ilícita.

Además, la Ley admite comunicaciones anónimas.

Personas incluidas (art. 3, según tu texto)

La protección alcanza a:

• trabajadores del sector privado y público,

• personas cuya relación laboral ya terminó,

• voluntarios,

• personas en prácticas,

• candidatos en procesos de selección.

El Sistema Interno de Información y sus requisitos

La Ley obliga a disponer de un Sistema Interno de Información que incluya, como mínimo:

• Canal interno o buzón para recibir informaciones.

• Responsable del Sistema y procedimiento de gestión.

• Acceso asequible y confidencial.

• Prácticas de seguimiento e investigación y medidas de protección (art. 9, según tu texto).

• Garantías de:

  • presunción de inocencia,

  • derecho al honor,

  • protección de datos.

Cómo puede presentarse la comunicación

Tu texto indica que puede ser:

• por escrito o verbal,

• por correo ordinario o electrónico,

• telefónica o presencial.

Si es presencial, señalas que la Ley prevé grabación y transcripción, y la posibilidad de que el informante revise y corrija errores.

El canal debe permitir también la comunicación anónima.

Canal interno preferente… pero con matices

Tu texto recoge la idea del canal interno como vía preferente para que la entidad conozca los hechos y pueda evitar perjuicios, siempre que:

• se pueda tratar la infracción de forma efectiva, y

• el informante no perciba riesgo de represalia.

Aun así, el informante puede optar por el canal interno o por el canal externo previsto en la Ley.

Responsable del Sistema y conexión con Compliance

El Responsable del Sistema puede ser una persona física o un órgano colegiado. Según tu texto:

• lo designa la gerencia,

• debe recaer en un directivo,

• y debe actuar con independencia y autonomía del resto de órganos de dirección o gestión.

Además, si existe un responsable de cumplimiento normativo (Compliance) o un Comité de Ética, puede asumir este rol (art. 8.6, según tu texto). Esto permite unificar el canal de prevención penal/compliance con el canal de denuncias de la Ley 2/2023.

Gestión por terceros y protección de datos

La gestión puede encargarse a un tercero, con la condición de que tenga la consideración de encargado del tratamiento según la normativa de protección de datos. Tu texto señala que:

• debe formalizarse un contrato, y

• no puede suponer merma de garantías (art. 6, según lo indicas).

Confidencialidad y límites del anonimato

Una obligación clave es proteger la identidad del informante. Tu texto enlaza esta idea con el art. 24 de la LO 3/2018, que regula los sistemas internos desde el punto de vista de protección de datos.

Sin embargo, la confidencialidad puede ceder en algunos supuestos:

• si una norma de la UE lo exceptúa,

• si una norma nacional lo permite,

• o en un proceso judicial por el derecho de defensa, cuando el asunto llega a la vía judicial y el investigado necesita acceder a datos para defenderse.

Quién está obligado a disponer del canal interno

Sector privado (arts. 10 y 13, según tu texto)

Obligación para:

• empresas de más de 50 trabajadores (las de menos pueden implantarlo voluntariamente).

• empresas de menos de 250 trabajadores: pueden compartir medios y recursos para gestionar informaciones, sin perder el canal propio.

• partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones si reciben fondos públicos.

• entidades del sector privado incluidas en actos de la UE sobre:

  • servicios, productos y mercados financieros,

  • prevención del blanqueo y financiación del terrorismo,

  • seguridad del transporte,

  • protección del medio ambiente,
    con independencia del número de trabajadores.

Sector público

Tu texto indica que deben contar con el sistema:

• todas las Administraciones Públicas (estatales, autonómicas y locales),

• entidades de Seguridad Social, universidades, sociedades y fundaciones del sector público,

• órganos constitucionales y los previstos en Estatutos de Autonomía.

Añades que España exige el sistema incluso en municipios de menos de 10.000 habitantes, aunque pueden compartir medios con otra Administración. También señalas que deben tener Responsable del sistema propio, y que se admite gestión indirecta e incluso por terceros si se acredita insuficiencia de medios.

Libro-Registro de informaciones e investigaciones

Según tu texto, el art. 26 impone llevar un Libro-Registro de:

• informaciones recibidas, y

• investigaciones internas realizadas.

Es confidencial. Solo tiene acceso la Autoridad Judicial. Y no puede conservarse más de 10 años.

Plazos de implantación del sistema interno

La disposición transitoria segunda fija los plazos que recoges así:

• Regla general: implantación en tres meses desde la entrada en vigor.

  • Si la Ley entra en vigor el 13 de marzo de 2023, el plazo general llega hasta el 13 de junio de 2023.

• Excepción:

  • entidades privadas con 249 trabajadores o menos, y

  • municipios de menos de 10.000 habitantes,
    con plazo hasta el 1 de diciembre de 2023.

También señalas que la adaptación de canales externos existentes debía realizarse en seis meses desde la entrada en vigor, en los términos del apartado 3 de la transitoria.

Canal Externo: Autoridad Independiente de Protección del Informante

La Ley prevé un canal externo para permitir la comunicación a una autoridad independiente. Tu texto indica que se configura como una Autoridad Independiente de Protección de Informantes (A.A.I.), a crear en la Administración del Estado como organismo autónomo e independiente. También se contempla que las Comunidades Autónomas creen organismos similares en su ámbito.

Se menciona que su estatuto debe aprobarse por el Gobierno mediante Real Decreto.

Protección en caso de “revelación pública”

El artículo 27 protege la revelación pública (medios, redes, plataformas, prensa), pero tu texto señala requisitos:

• Haber utilizado antes canales internos y externos, o directamente el externo, sin respuesta adecuada en plazo.

• O bien, tener motivos razonables para pensar que existe:

  • peligro inminente o manifiesto para el interés público, o riesgo de daños irreversibles,

  • o riesgo de represalias, o poca probabilidad de tratamiento efectivo (por ejemplo, ocultación o destrucción de pruebas, connivencia o implicación de una autoridad).

Añades que el Preámbulo pone como ejemplo un riesgo de vertido tóxico.

También recoges un matiz relevante: esas condiciones no se exigen cuando se informa directamente a la prensa en el ejercicio de la libertad de expresión e información veraz del art. 20 CE, y mencionas el derecho al secreto profesional del periodista como garantía de protección de la identidad del informante.

Conclusión

La necesidad de contar con un canal de denuncias y de proteger al informante de delitos e infracciones graves no es solo una recomendación de buen gobierno. Con la Ley 2/2023 se convierte en una obligación para muchas entidades, y se acompaña de garantías concretas: confidencialidad, posibilidad de anonimato, reglas de gestión, límites claros y un canal externo.

Además, el sistema interno no solo protege al informante. También permite a la organización conocer antes los hechos, investigar con garantías y evitar daños mayores.

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El derecho a obtener imágenes de un sistema de videovigilancia se enmarca en la normativa de protección de datos. Esto afecta tanto a sistemas utilizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como a cámaras instaladas con fines de seguridad privada. Por eso, la pregunta clave no es solo si se graba, sino quién puede acceder, en qué condiciones y si puede obtener una copia.

A continuación se expone el marco legal aplicable y, después, en qué supuestos la AEPD ha reconocido el acceso e incluso la entrega de copias cuando existe una finalidad legítima vinculada a acciones legales.

1) Las imágenes son datos personales

Las imágenes captadas por cámaras constituyen datos personales cuando permiten identificar a una persona. En esa misma lógica, también pueden ser datos personales otros elementos que ayuden a identificarla de forma directa o indirecta. En el texto se citan, entre otros, el DNI, el domicilio, el correo electrónico o el número de teléfono. Además, en los supuestos analizados por la AEPD, también se valora la matrícula como dato que puede contribuir a identificar.

2) Normativa aplicable según el tipo de videovigilancia

Aquí conviene distinguir dos grandes escenarios:

Videovigilancia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Cuando las cámaras las usan las FCS con fines de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, el tratamiento se rige por la normativa específica citada en tu texto. Entre otras, se menciona la Ley Orgánica 7/2021, como transposición de la Directiva UE 2016/680.

Videovigilancia con fines de seguridad privada

Cuando la finalidad es la seguridad privada, se aplica la Ley Orgánica 3/2018 (que adapta el RGPD al ordenamiento español). En concreto, el núcleo está en el artículo 22 de la LO 3/2018 (“Tratamientos con fines de videovigilancia”).

Además, desde la perspectiva de seguridad privada, la Ley 5/2014 define el servicio de videovigilancia en su artículo 42.

3) Qué permite el artículo 22 de la Ley Orgánica 3/2018

El artículo 22 LO 3/2018 establece, entre otros puntos:

• Se pueden tratar imágenes mediante cámaras para preservar la seguridad de personas, bienes e instalaciones.

• Solo se captarán imágenes de la vía pública si es imprescindible para esa finalidad.

• En determinados casos, la captación puede extenderse más (por seguridad de instalaciones estratégicas o infraestructuras vinculadas al transporte), pero nunca puede captar el interior de un domicilio privado.

• Regla general de conservación: máximo un mes, salvo que deban conservarse para acreditar actos contra personas, bienes o instalaciones.

• Si hay hechos relevantes, las imágenes deben ponerse a disposición de la autoridad competente en un máximo de 72 horas desde que se tenga conocimiento de la grabación.

• El deber de información se cumple con un cartel visible que indique al menos: existencia del tratamiento, identidad del responsable y posibilidad de ejercer derechos (arts. 15 a 22 RGPD). También puede incluirse un código o dirección web.

4) Instalación de cámaras y relación con la Ley 5/2014

Según tu texto, desde el punto de vista de la Ley 5/2014:

• Un particular puede instalar un sistema fijo para proteger persona, bienes o negocio sin autorización previa.

• No es obligatorio que lo instale una empresa de seguridad, salvo si se conecta a una Central de Alarmas o Centro de Control. En ese caso, debe hacerlo una empresa autorizada.

• En todo caso, el sistema debe respetar la normativa de protección de datos.

5) Principios clave: proporcionalidad, idoneidad y mínima intervención

El uso de videovigilancia debe respetar el principio de proporcionalidad. En la práctica, esto exige:

• Finalidad legítima (por ejemplo, seguridad).

• Necesidad (no debe existir un medio menos lesivo).

• Proporcionalidad en sentido estricto (más beneficios para el interés protegido que perjuicios para derechos en conflicto).

Por eso, no se consideran conformes a derecho usos abusivos, como colocar cámaras en ámbitos de privacidad (por ejemplo, aseos o vestuarios) o usarlas con fines ilegítimos.

6) Reglas prácticas resumidas para videovigilancia privada

A partir de lo que indicas, el cumplimiento exige, como mínimo:

1. Instalación por empresa autorizada solo si hay conexión a CRA o Centro de Control.

2. Cartel visible en zona videovigilada (“Zona videovigilada”, identidad del responsable y referencia al ejercicio de derechos).

3. Información ampliada disponible (art. 13 RGPD), con posibilidad de información por capas.

4. Derecho de acceso: el responsable debe facilitar el acceso en los términos procedentes.

5. Limitación de captación de vía pública, salvo imprescindible y con los límites del art. 22.2 LO 3/2018.

6. Supresión en un mes, salvo conservación por hechos relevantes y puesta a disposición de autoridad en 72 horas.

7) La cuestión clave: ¿puede un ciudadano obtener copia o visionar imágenes?

Además del derecho de acceso, tu texto plantea una situación concreta: un ciudadano puede necesitar imágenes para:

• Identificar a un tercero.

• Preparar una denuncia, querella o demanda.

• Aportar prueba en un procedimiento.

En este escenario, el acceso o la copia debe respetar cuatro ideas que tú mismo recoges:

• Legitimación: interés legítimo vinculado al derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE).

• Finalidad compatible: se mantiene dentro del concepto amplio de seguridad, cuando se busca prueba para una acción legal.

• Minimización de datos: se limita al incidente concreto.

• Ponderación de derechos: se comparan tutela judicial efectiva y protección de datos.

8) Criterio de la AEPD en los informes citados

En tu texto se citan dos informes jurídicos de la AEPD:

a) Daños en un vehículo en un aparcamiento

La AEPD analiza la comunicación de imágenes a un usuario para acreditar daños causados por otro usuario. En ese supuesto, las imágenes permiten apreciar la matrícula y al conductor.
El informe parte de que existe tratamiento de datos y que la cesión debe encontrar base en el art. 6.1 del RGPD. En concreto, se valora la legitimación por interés legítimo (art. 6.1.f) cuando resulta necesario para el ejercicio del derecho de defensa y la tutela judicial efectiva.
A la vez, exige limitar la extracción al incidente y evitar datos de terceros ajenos.

b) Solicitud de imágenes para acciones judiciales o contractuales

En el segundo informe, la AEPD señala que no le corresponde “obligar” al responsable, sino analizar si la normativa lo impide o lo permite. En el caso planteado, se solicita el visionado o comunicación para ejercitar acciones.
El informe valora que puede existir legitimación, por ejemplo:

• Para una denuncia penal, por la obligación de denunciar cuando se tiene noticia de un delito (LECr), con posible encaje en el art. 6.1.c RGPD (obligación legal).

• Para acciones civiles o derivadas de responsabilidad, por la necesidad de identificar al demandado y ejercitar la acción conforme al procedimiento.

En ambos casos, se vuelve a exigir limitar el tratamiento a la finalidad y respetar la minimización.

Conclusión

El derecho a obtener imágenes de un sistema de videovigilancia no se reduce a “ver” una grabación. Depende de la normativa aplicable, del respeto a los principios de proporcionalidad y de las reglas del artículo 22 de la LO 3/2018.

Ahora bien, cuando un ciudadano solicita imágenes para formular una denuncia, querella o demanda, y acredita un interés legítimo vinculado a la tutela judicial efectiva, la AEPD ha considerado que puede existir base para permitir el acceso e incluso la entrega de copia, siempre con límites claros: solo lo imprescindible, solo del incidente, y solo para esa finalidad.

Además, el responsable del sistema debe actuar con cautela: documentar la solicitud, dejar constancia de la entrega y advertir que el uso debe destinarse exclusivamente a su presentación ante la autoridad judicial o competente.

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El caso sancionado por la AEPD

Según la resolución de la AEPD, la presidenta de la comunidad, junto con otra persona, accedió al sistema de videovigilancia instalado en el inmueble sin una finalidad legítima relacionada con la seguridad. Posteriormente, compartió las imágenes de un vecino en un grupo de WhatsApp, acompañándolas de comentarios ofensivos.

Aunque la comunidad de propietarios reconoció los hechos, trató de eludir su responsabilidad alegando que la infracción había sido cometida exclusivamente por su presidenta. La Agencia rechazó este argumento y afirmó que la presidenta actuaba como representante legal de la comunidad, por lo que la responsabilidad administrativa recaía sobre la propia comunidad de propietarios, sin perjuicio de que esta pueda exigir responsabilidades internas a su presidenta.

Los hechos, además, fueron objeto de denuncia penal.

Videovigilancia en comunidades de propietarios: marco legal

La instalación de sistemas de videovigilancia es una medida habitual en las comunidades de propietarios para proteger a los vecinos y las instalaciones comunes. Esta posibilidad está amparada por el artículo 51 de la Ley 5/2014, de Seguridad Privada.

No obstante, la videovigilancia es una medida altamente intrusiva, por lo que su uso debe ajustarse estrictamente a los principios de proporcionalidad e intervención mínima, siendo un recurso que debe utilizarse únicamente cuando no existan otras medidas menos lesivas para los derechos de las personas.

Salvo que el sistema se conecte a una Central Receptora de Alarmas (CRA), no es obligatorio contratar a una empresa de seguridad autorizada para su instalación. Sin embargo, resulta altamente recomendable por razones de legalidad, profesionalidad y garantía técnica. En caso de conexión a una CRA, la instalación debe realizarla obligatoriamente una empresa de seguridad autorizada.

Aplicación de la normativa de protección de datos

El uso de cámaras está sujeto a la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Su artículo 22 autoriza el tratamiento de imágenes con fines de seguridad de personas y bienes, siempre que se respeten determinados requisitos.

Requisitos esenciales que deben cumplirse

• Aprobación por la Junta de Propietarios, conforme al artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal.

• Mayoría de tres quintos de propietarios y cuotas, o mayoría simple si la decisión se adopta en junta.

• Notificación a todos los propietarios, que disponen de 30 días para oponerse.

• La comunidad actúa como responsable del tratamiento de las imágenes.

• Acceso restringido únicamente a personas autorizadas (presidente, administrador, vigilante, CRA).

• Las cámaras solo pueden grabar zonas comunes, nunca espacios privados ni la vía pública, salvo de forma estrictamente necesaria.

• Las imágenes no pueden utilizarse para finalidades distintas de la seguridad.

  
  

Conservación y uso de las imágenes

Las imágenes deben eliminarse en un plazo máximo de 30 días, salvo que recojan la comisión de una infracción o delito. En ese caso, deben conservarse y ponerse a disposición de las autoridades en un plazo máximo de 72 horas, conforme al artículo 42.4 de la Ley de Seguridad Privada.

En el caso analizado, la presidenta vulneró claramente esta obligación al acceder a las imágenes y utilizarlas con una finalidad personal y ajena a la seguridad.

Asimismo, están prohibidos los canales de televisión comunitarios con acceso a las imágenes y deben establecerse sistemas seguros de control de accesos mediante claves que se renueven periódicamente.

Información y señalización obligatoria

Es obligatorio colocar en lugar visible el cartel de zona videovigilada, conforme al modelo de la AEPD. Además, debe facilitarse la información adicional exigida por el artículo 13 del RGPD, mediante tablones de anuncios, conserjería o medios electrónicos.

Incluso las cámaras simuladas deben colocarse de forma que no generen sensación de vigilancia indebida en zonas privadas.

Consecuencias del incumplimiento

El incumplimiento de estas obligaciones puede generar responsabilidad administrativa, civil e incluso penal. En el ámbito administrativo, la comunidad puede incurrir en infracciones leves, graves o muy graves, sancionadas con multas relevantes, como ha ocurrido en el caso analizado.

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Aunque el futuro Reglamento de Seguridad Privada prevé una reducción significativa de su cuantía, la exigencia de esta garantía ha sido históricamente objeto de controversia y plantea importantes dudas jurídicas, tanto por su finalidad como por su proporcionalidad.

Origen legal del requisito de la garantía

El antecedente directo de esta exigencia se encuentra en el artículo 7.2.e) de la Ley 23/1992, de Seguridad Privada. Dicha norma estableció que las empresas que solicitaran autorización para ejercer actividades de seguridad debían acreditar la constitución de una fianza, cuya cuantía se determinaría reglamentariamente, “a disposición de las autoridades españolas para atender a las responsabilidades derivadas del funcionamiento de la empresa por infracciones a la normativa de seguridad privada”.

Las empresas que ya operaban conforme a la normativa anterior, que no exigía este requisito, debían adaptarse una vez aprobado el Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994. El plazo de adaptación fue de un año desde su publicación. Aquellas empresas que no cumplieron el requisito causaron baja en el Registro del Ministerio del Interior.

Este proceso supuso la desaparición de un número significativo de empresas, debido principalmente a la elevada cuantía de las garantías exigidas según la actividad desarrollada.

Regulación vigente en el Reglamento de Seguridad Privada

El Reglamento de Seguridad Privada actualmente en vigor establece que:

• La garantía debe depositarse en la Caja General de Depósitos o en un organismo equivalente de cualquier Estado de la UE o del EEE.

• Puede constituirse en cualquiera de las modalidades admitidas legalmente.

• Su finalidad es atender a las responsabilidades derivadas de infracciones a la normativa de seguridad privada.

• Debe mantenerse íntegra durante toda la vigencia de la autorización.

• Cualquier detracción debe reponerse en el plazo máximo de un mes.

• Las empresas autorizadas en otros Estados de la UE pueden constituir la garantía en su país, pero siempre a disposición de las autoridades españolas.

• La garantía no se libera si existen sanciones pendientes o expedientes sancionadores en curso.

La pérdida o reducción no repuesta de la garantía puede dar lugar a la cancelación de la empresa por pérdida sobrevenida de uno de los requisitos exigidos.

Cuantías de la garantía exigida

Las cuantías establecidas en el Anexo del Reglamento de Seguridad Privada son especialmente elevadas y varían según el ámbito territorial y la actividad autorizada.

Empresas estatales

• 240.404,84 € para vigilancia, protección de personas, depósito y transporte de fondos.

• 120.202,42 € para depósito y transporte de explosivos, instalación de sistemas y centrales de alarma.

Empresas autonómicas

Las cuantías varían en función de la actividad y del número de provincias de la comunidad autónoma, con importes base elevados y suplementos por provincia.

Existen reducciones aplicables en función de la población de la comunidad autónoma, del número de trabajadores y del volumen de facturación, así como reglas específicas para habilitación múltiple de actividades.

Cambios previstos en el futuro Reglamento

El borrador del futuro Reglamento de Seguridad Privada introduce un cambio relevante. La cuantía de la garantía se fija con carácter general en:

• 30.000 € para empresas de seguridad y despachos de detectives privados.

• 20.000 € para centros de formación.

Además, se prevén reducciones del 50 % en función del tamaño de la empresa, número de trabajadores y volumen de facturación.

Estas modificaciones suponen un alivio económico significativo para los operadores del sector, que podrán recuperar las garantías actualmente depositadas una vez constituida la nueva conforme al futuro Reglamento.

Dudas jurídicas sobre la legitimidad del requisito

A pesar de la reducción de cuantías, persiste el debate sobre la legitimidad misma del requisito. La garantía no se exige para responder frente a terceros, función que ya cumple la póliza de responsabilidad civil, sino para asegurar el pago de sanciones administrativas futuras.

Este planteamiento parte de una presunción implícita de incumplimiento, lo que plantea serias dudas desde la perspectiva del derecho a la presunción de inocencia y del derecho de defensa. Además, la garantía no puede destinarse a satisfacer otras responsabilidades, como deudas laborales o resoluciones judiciales ajenas al régimen sancionador de seguridad privada.

Reflexión final

La exigencia de la garantía en seguridad privada, incluso en su versión reducida, sigue siendo una medida cuestionable. En un sector caracterizado históricamente por el cumplimiento normativo, la obligación de garantizar anticipadamente el pago de posibles sanciones administrativas resulta, como mínimo, desproporcionada.

Por ello, sería razonable que este requisito desapareciera de la Ley 5/2014 o quedara reducido a una expresión meramente simbólica en el futuro desarrollo reglamentario.

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Ámbito subjetivo del régimen sancionador

El régimen sancionador no solo es aplicable a las empresas de seguridad. También puede afectar a otros sujetos vinculados a la seguridad privada. En concreto, pueden ser responsables:

• Las empresas de seguridad privada, incluidas las centrales de alarmas de uso propio.

• Los despachos de detectives privados.

• El personal de seguridad privada.

• Los centros de formación en seguridad privada.

• Los usuarios de los servicios de seguridad.

La propia Ley define al usuario como la persona física o jurídica que, de forma voluntaria u obligatoria, contrata servicios o adopta medidas de seguridad privada. Esta definición incluye tanto a los establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad como a cualquier entidad que, en ejercicio de su libertad contractual, decida instalar o contratar servicios de seguridad.

Incluso en los supuestos en los que se instalen medidas de seguridad no conectadas a una Central Receptora de Alarmas (CRA o CECON), los usuarios pueden incurrir en infracciones. El artículo 59 de la Ley prevé, por ejemplo, la comisión de una infracción grave cuando las medidas de seguridad funcionen de forma anormal y generen perjuicios a la seguridad pública o a terceros, como ocurre con las falsas alarmas reiteradas.

Modificación del artículo 69 de la Ley de Seguridad Privada

El régimen sancionador ha sido modificado por la Disposición Final Séptima de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo. Esta norma transpone la Directiva (UE) 2016/680 y regula el tratamiento de datos personales con fines de prevención e investigación penal, estableciendo un régimen específico distinto del previsto en el Reglamento General de Protección de Datos.

No obstante, en lo que respecta a la seguridad privada, la reforma se centra en el artículo 69 de la Ley 5/2014, que regula el procedimiento sancionador y las medidas cautelares.

A partir de esta modificación, el procedimiento sancionador se rige por:

• La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común.

• La Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público.

Todo ello, sin perjuicio de las especialidades previstas en la propia Ley de Seguridad Privada.

Ampliación del plazo de caducidad del procedimiento sancionador

Una de las principales novedades es la ampliación del plazo de caducidad del procedimiento sancionador. Hasta la reforma, el plazo era de tres meses. Actualmente, pasa a ser de seis meses.

El cómputo del plazo se inicia en el momento en que el órgano competente firma el acuerdo de incoación del expediente, con independencia de cuándo se notifique al interesado. El procedimiento debe finalizar con una resolución notificada antes de que transcurran esos seis meses.

Este plazo puede:

• Interrumpirse, cuando la paralización del expediente sea imputable al interesado.

• Suspenderse, cuando exista un procedimiento judicial sobre los mismos hechos, con identidad de sujeto, hecho y fundamento. En ese caso, el plazo se reanuda tras la resolución judicial firme.

Medidas cautelares en el procedimiento sancionador

El artículo 69 mantiene la posibilidad de adoptar medidas cautelares para garantizar la eficacia del procedimiento. Entre ellas se incluyen:

• La ocupación y precinto de vehículos, armas o material no homologado, prohibido o peligroso.

• La retirada preventiva de autorizaciones, licencias o habilitaciones.

• La suspensión de la habilitación del personal de seguridad en procedimientos por infracciones graves o muy graves, así como durante la tramitación de procedimientos penales por delitos contra dicho personal.

Estas medidas deben ser siempre proporcionadas, congruentes con la naturaleza de la infracción y adecuadas a su gravedad. Además, su duración máxima no puede superar un año.

Diferencia entre caducidad y prescripción

Es importante no confundir la caducidad del procedimiento con la prescripción de las infracciones y sanciones.

La prescripción supone la extinción de la responsabilidad por el transcurso del tiempo. Según el artículo 56 de la Ley:

• Las infracciones leves prescriben a los seis meses.

• Las infracciones graves prescriben al año.

• Las infracciones muy graves prescriben a los dos años.

Por su parte, las sanciones prescriben, conforme al artículo 68:

• Al año, en el caso de sanciones leves.

• A los dos años, en las graves.

• A los cuatro años, en las muy graves.

El plazo de prescripción de las infracciones se inicia desde la comisión del hecho, o desde la finalización de la actividad infractora si se trata de una conducta continuada. Este plazo se interrumpe con la notificación del acuerdo de incoación del expediente.

En cuanto a las sanciones, el plazo comienza cuando la resolución es firme y se interrumpe con el inicio del procedimiento ejecutivo para su cumplimiento.

Finalidad de la reforma

La reforma del régimen sancionador tiene un carácter eminentemente técnico. Su objetivo es evitar la caducidad sistemática de los expedientes sancionadores debido a la insuficiencia del plazo anterior de tres meses.

Con el nuevo plazo de seis meses, las Administraciones competentes, tanto estatales como autonómicas, disponen de un margen razonable para tramitar los expedientes, respetando todas las garantías procedimentales de los interesados. Entre ellas, los derechos reconocidos en el artículo 24 de la Constitución, como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el derecho a proponer pruebas.

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Te invitamos a visitar nuestro blog y consultar otros artículos donde abordamos, con el mismo enfoque práctico, cuestiones clave sobre normativa, régimen sancionador y cumplimiento legal en seguridad privada.

Marco legal de la investigación privada en España

La investigación privada es una actividad regulada desde hace décadas. Inicialmente, estuvo sujeta a la Orden del Ministerio del Interior de 20 de enero de 1981, que sustituyó a la normativa de 1972 sobre agencias privadas de investigación.

Posteriormente, la figura del investigador privado quedó integrada en la Ley 23/1992, de Seguridad Privada, y en su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 2364/1994. Estas normas establecieron un régimen transitorio que permitió, de forma temporal, el ejercicio de auxiliares de detectives e informadores mercantiles.

Una vez finalizados los plazos transitorios, el único profesional legalmente habilitado para ejercer la investigación privada es el Detective Privado, autorizado por el Ministerio del Interior mediante la expedición de la Tarjeta de Identidad Profesional (TIP).

Exclusividad profesional del Detective Privado

La actual Ley 5/2014, de Seguridad Privada, establece con claridad que la investigación privada solo puede ser ejercida, de forma exclusiva y excluyente, por los Despachos de Detectives Privados.

No basta con disponer de la habilitación individual. Para ejercer legalmente, el detective debe inscribir su despacho profesional en el Registro del Ministerio del Interior o en el registro autonómico correspondiente, cumpliendo los requisitos del artículo 24 de la Ley.

Límites legales de la actividad investigadora

El Detective Privado solo puede aceptar encargos cuando exista un interés legítimo por parte del cliente, ya sea una persona física o jurídica, pública o privada. Ese interés debe derivar de una relación personal, laboral, económica o mercantil, pasada, presente o futura.

Además, la Ley prohíbe expresamente investigar delitos públicos o perseguibles de oficio, competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. No obstante, el Tribunal Supremo ha matizado que el detective puede investigar hechos cuando solo existan indicios vagos o sospechas, y no pruebas objetivas de delito.

Si durante una investigación legítima aparecen indicios claros de delito público, el detective debe poner inmediatamente la información a disposición de la autoridad policial o judicial.

Funciones legales de los despachos de investigación privada

El artículo 48 de la Ley 5/2014 autoriza a los detectives privados a:

• Obtener información y pruebas sobre hechos privados de carácter personal, laboral, económico, financiero o mercantil.

• Realizar investigaciones en espacios públicos o de acceso público, como comercios, hoteles o eventos.

• Investigar delitos perseguibles únicamente a instancia de parte, por encargo de personas legitimadas.

En todo caso, queda absolutamente prohibida cualquier intromisión en la vida íntima de las personas, especialmente en domicilios o espacios protegidos por el artículo 18 de la Constitución.

La investigación privada como herramienta estratégica para la empresa

Los profesionales de la investigación privada pueden prestar un apoyo decisivo a la empresa, tanto en el ámbito preventivo como reactivo.

Prevención y consultoría de inteligencia

La consultoría de inteligencia empresarial permite captar y analizar información relevante para adoptar decisiones estratégicas. Esto incluye investigaciones sobre socios, inversores, mercados extranjeros o riesgos asociados a operaciones mercantiles complejas.

Disponer de información fiable fortalece la capacidad de prevención, planificación estratégica y seguridad económica de la empresa.

Investigación de conductas desleales y cumplimiento normativo

Los detectives privados pueden investigar conductas desleales de directivos y empleados, así como actuaciones negligentes o dolosas que perjudiquen a la empresa.

También desempeñan un papel clave en los programas de compliance y prevención penal, especialmente en la verificación de denuncias recibidas a través de los canales internos de denuncias, exigidos por la Directiva (UE) 2019/1937.

Por su formación, experiencia y deber de confidencialidad, el Detective Privado es un profesional idóneo para la gestión externa de canales éticos.

Investigaciones económicas, mercantiles y de propiedad industrial

Dentro del ámbito empresarial, los detectives privados pueden realizar:

• Investigaciones sobre solvencia de clientes y proveedores.

• Localización de activos en concursos de acreedores.

• Verificación de embargos, impagos e insolvencias simuladas.

• Protección de patentes y marcas frente a falsificaciones o plagios.

• Prevención de espionaje industrial y sabotajes empresariales.

Asimismo, pueden llevar a cabo controles de distribución, redes comerciales y estudios mediante técnicas como el Mystery Shopper.

Ámbito laboral y asegurador

En el ámbito laboral, la investigación privada resulta especialmente útil para:

• Verificación de currículums.

• Control del absentismo laboral y bajas fingidas.

• Detección de competencia desleal e intrusismo profesional.

• Obtención de pruebas para despidos disciplinarios.

En el sector asegurador, los detectives privados pueden investigar fraudes, reconstruir siniestros y verificar lesiones o incapacidades alegadas de forma fraudulenta.

Valor probatorio de los informes de los detectives privados

Los informes de los Detectives Privados tienen pleno valor probatorio ante los tribunales, al tratarse de pruebas obtenidas por profesionales habilitados y sometidos al deber de secreto.

Estos informes pueden aportarse en procedimientos civiles, mercantiles, laborales, contencioso-administrativos e incluso penales, dentro de los límites legales.

Principios de actuación profesional

La actuación del Detective Privado está sujeta a los principios de razonabilidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Estos principios garantizan el equilibrio entre el derecho de la empresa a defender sus intereses y el respeto a los derechos fundamentales de las personas investigadas.

Conclusión

La investigación privada al servicio de la actividad empresarial constituye un instrumento esencial para prevenir riesgos, proteger el patrimonio empresarial y obtener pruebas con plena validez legal. Siempre que se contrate a un despacho de detectives legalmente habilitado, la empresa cuenta con una herramienta profesional, rigurosa y eficaz para la toma de decisiones y la defensa de sus intereses legítimos.

Si te interesa profundizar en seguridad privada, investigación empresarial y cumplimiento normativo, te invitamos a visitar nuestro blog, donde publicamos análisis actualizados y contenidos especializados sobre estas materias.

La Estrategia Seguridad Nacional define cómo el Estado identifica y afronta amenazas que pueden afectar a la libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos. También busca garantizar la defensa de España y sus valores constitucionales, y contribuir a la seguridad internacional, junto a socios y aliados.

Esta visión se apoya en la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, y en la Estrategia para 2021 aprobada por el Gobierno y elaborada en el marco del Consejo de Seguridad Nacional, con la participación del Departamento de Seguridad Nacional, el CNI y otros ministerios.

Qué es la Seguridad Nacional según la Ley 36/2015

La Ley 36/2015 define la Seguridad Nacional como la acción del Estado destinada a:

• Proteger libertad, derechos y bienestar.

• Garantizar la defensa de España y sus principios constitucionales.

• Contribuir a la seguridad internacional con socios y aliados.

Además, la Ley plantea un espacio “nuevo” de coordinación. No sustituye a la seguridad pública, ni a la defensa, ni a la inteligencia. Más bien intenta armonizar objetivos, recursos y políticas entre administraciones y actores.

Por qué era necesaria una Estrategia de Seguridad Nacional

España ya cuenta con normas clave en seguridad (defensa, seguridad ciudadana, fuerzas y cuerpos de seguridad, CNI, seguridad privada, acción exterior, etc.). También existen instrumentos excepcionales para crisis graves, como la Ley Orgánica 4/1981 (alarma, excepción y sitio).

Entonces, ¿qué aporta este marco?
La Ley concibe la Seguridad Nacional como un espacio de coordinación reforzada entre:

• Administración del Estado.

• Comunidades Autónomas.

• Administraciones locales.

• Sector privado (incluida la seguridad privada).

• Sociedad civil.

• Y cooperación internacional (UE, ONU, OTAN, etc.).

El Sistema de Seguridad Nacional: cómo funciona

Para gestionar crisis complejas, la Ley crea el Sistema de Seguridad Nacional (SSN). Es un conjunto de órganos, recursos y procedimientos definidos por el Consejo de Seguridad Nacional.

Órganos principales

• Presidente del Gobierno, como dirección del sistema.

• Consejo de Seguridad Nacional, órgano de apoyo.

• Departamento de Seguridad Nacional (DSN), como secretaría técnica permanente.

• Comité de Situación, para coordinación operativa en crisis.

Cuándo se activa

El sistema se activa con un Decreto del presidente del Gobierno que declare una “situación de interés para la Seguridad Nacional”. En esa declaración se define:

• La crisis.

• El territorio afectado.

• Duración.

• Autoridad funcional.

• Recursos.

• Y la obligación de colaboración de autoridades públicas.

Qué se considera “situación de interés para la Seguridad Nacional”

La Ley la describe como una situación que, por sus efectos, exige:

• Medidas urgentes.

• Medidas transversales.

• Y coordinación reforzada.

Es decir, no es la normalidad. Pero tampoco equivale a un estado de alarma, excepción o sitio. Se plantea como un nivel intermedio, con dirección del Gobierno y coordinación integrada.

Estrategia Seguridad Nacional 2021: objetivos y enfoque

La Estrategia para 2021 se aprueba como herramienta de planificación. El texto señala una proyección hacia el futuro y se plantea una respuesta proactiva ante un mundo más incierto.

Entre sus objetivos se incluyen:

• Avanzar en la gestión de crisis.

• Reforzar la dimensión de seguridad en capacidades tecnológicas y sectores estratégicos.

• Desarrollar capacidad de prevención, disuasión, detección y respuesta ante amenazas híbridas.

Además, propone:

• Anticipación (alerta temprana).

• Integración (coordinación reforzada con administraciones y sector privado).

• Resiliencia (resistir y recuperarse tras una crisis).

Amenazas y riesgos que destaca la Estrategia

El documento subraya que el mapa de riesgos es más complejo e interconectado. Por eso, la prevención resulta más difícil.

1) Tensiones geopolíticas y conflicto

Se menciona una mayor rivalidad y competencia, también en lo tecnológico. Además, aparecen nuevas dimensiones de confrontación: ciberespacio, desinformación y estrategias híbridas.

2) Estrategias híbridas

La Estrategia describe acciones coordinadas y multidimensionales con finalidad de desestabilización o coerción. Incluye:

• Desinformación.

• Ciberataques.

• Espionaje.

• Sabotaje.

• Coacción económica.

• Subversión social.

• Uso asimétrico de medios militares.

3) Terrorismo y radicalización violenta

Se mantiene como amenaza relevante. Se alude a propaganda radical, radicalización en prisiones, “retornados” y perfiles nacidos en Occidente que se radicalizan.

La Estrategia cita como referencia:

• Estrategia Nacional contra el Terrorismo 2019.

• Plan Estratégico Nacional de Prevención y Lucha contra la Radicalización Violenta 2020.

• Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo 2020.

También prevé la creación de una Unidad Nacional de Notificación de Contenidos de Internet para monitorización y retirada de contenidos ilícitos.

4) Pandemias y crisis sanitarias

Se incorpora la lección del COVID-19: tensiones por recursos, dependencia exterior y necesidad de asegurar suministros esenciales.

5) Infraestructuras críticas, emergencias y catástrofes

Se señalan riesgos físicos y digitales, y amenazas por:

• Inundaciones.

• Terremotos.

• Incendios forestales.

• Accidentes industriales con materiales peligrosos.

6) Espionaje e injerencia exterior

Afecta tanto al sector público como al privado (investigación científica y tecnológica). Se vincula a competitividad, propiedad intelectual e industrial, y estrategias híbridas.

7) Desinformación

Se menciona la difusión de noticias falsas y de información errónea, con impacto potencial en cohesión social y procesos electorales.

8) Ciberespacio y cibercriminalidad

La Estrategia destaca ataques como:

• Ransomware (secuestro de datos).

• Denegación de servicio.

Se citan riesgos vinculados a:

• Cibercrimen.

• Ciberespionaje.

• Financiación del terrorismo.

• Radicalización.

También se menciona la exposición creciente por el “internet de las cosas”.

9) Crimen organizado y delincuencia grave

Se describe como amenaza transnacional y con objetivo económico, con uso creciente de:

• Criptomonedas.

• Darknet.

Se citan ámbitos como:

• Trata y explotación (incluida de menores).

• Contrabando.

• Tráfico de drogas y armas.

• Corrupción.

• Convergencia entre crimen organizado y terrorismo.

10) Proliferación de armas de destrucción masiva

Se aborda como amenaza grave, por su potencial uso por Estados o por grupos terroristas.

Respuesta del Estado: ejes y líneas de actuación

La Estrategia plantea un planeamiento integrado con tres ejes:

• Proteger con enfoque preventivo y coordinación reforzada.

• Promover desarrollo tecnológico para responder a crisis.

• Participar en prevención, disuasión, detección y respuesta ante amenazas híbridas.

Y fija tres líneas:

• Proteger ciudadanos y orden constitucional.

• Promover bienestar.

• Participar en paz y seguridad internacional.

Terrorismo y crimen organizado: prioridades destacadas

En terrorismo, el enfoque se estructura en cuatro pilares:

• Prevenir.

• Proteger.

• Perseguir.

• Preparar la respuesta.

En crimen organizado, se subraya:

• Identificación temprana.

• Prevención.

• Persecución y represión efectivas.

• Coordinación entre inteligencia, fuerzas y cuerpos de seguridad, fiscalía y jueces.

• Concienciación social.

• Instrumentos contra blanqueo y recuperación de activos.

• Planes específicos por zonas (se menciona el plan para el Estrecho).

Debate y crítica: límites del modelo y propuestas de reforma

El texto señala que se proyecta una reforma para reforzar recursos del Estado ante crisis, incluyendo una “reserva estratégica”. Esto genera polémica por su alcance potencial (requisar bienes, prestaciones personales, orientar producción industrial).

Además, se plantea una crítica de eficacia: si la activación depende de una decisión discrecional del presidente del Gobierno, puede entrar el factor de oportunidad política.

También se mencionan situaciones recientes (Cataluña 2017, crisis migratoria 2018, disturbios 2019) en las que, según el análisis incluido, habría sido pertinente aplicar el sistema y no se hizo.

Sobre la pandemia, el texto recuerda que el Gobierno declaró el estado de alarma, y cita pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre los decretos y medidas adoptadas.

Conclusión

La Estrategia Seguridad Nacional pretende anticipar amenazas complejas y coordinar una respuesta integrada en crisis que superan la gestión ordinaria. Su valor está en la prevención, la integración de recursos públicos y privados, y la resiliencia.

Al mismo tiempo, el propio diseño plantea retos. Especialmente, su activación discrecional y la necesidad real de coordinación eficaz cuando se producen crisis graves. En cualquier caso, el enfoque estratégico y la identificación de riesgos (híbridos, ciber, crimen organizado, terrorismo, infraestructuras críticas, pandemias) marcan un marco de referencia para la acción del Estado.

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