El artículo 36 de la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, atribuye al Director de Seguridad una serie de obligaciones que pueden resumirse en la planificación de la seguridad —previo análisis de riesgos— y en la adopción de las medidas físicas, electrónicas, personales o de otra naturaleza que sean necesarias para alcanzar ese objetivo.

Estas obligaciones, junto con aquellas que pueda asumir como consecuencia de su relación contractual con la entidad, pueden situarle en lo que la doctrina penalista y la jurisprudencia denominan una “posición de garante”.

¿Qué significa la posición de garante?

La posición de garante implica que determinadas personas tienen un deber específico de actuar para evitar un delito o un resultado dañoso. Por tanto, si incumplen esa obligación, podrían llegar a responder por un delito cometido por comisión por omisión.

Este deber específico puede proceder de:

• Una obligación establecida por la ley.
• Una obligación contractual.
• Una situación de riesgo creada previamente por la propia persona que posteriormente omite actuar.

El Tribunal Supremo, en su STS 17/2017, vincula esta posición con la relación existente entre una persona y un bien jurídico que genera para aquella un deber específico de evitar un determinado resultado.

De esta manera, cuando quien ocupa esa posición no evita el resultado pudiendo y debiendo hacerlo, su omisión puede llegar a equipararse a una conducta activa.

Acción y omisión en el Código Penal

En la doctrina penal y en el propio Código Penal, una infracción penal puede producirse tanto mediante una acción como mediante una omisión.

Además, para encontrarnos ante una infracción penal, el comportamiento debe ser típico, es decir, estar previsto en la ley penal; antijurídico, al no concurrir una causa de justificación; culpable y punible.

En este sentido, el artículo 10 del Código Penal establece que son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley.

La comisión por omisión

Por su parte, el artículo 11 del Código Penal regula los delitos cometidos por comisión por omisión.

En los delitos que consisten en la producción de un resultado, la omisión puede equipararse a la acción cuando la persona incumple un especial deber jurídico y la no evitación del resultado equivale a su causación.

Esto puede producirse fundamentalmente cuando:

• Existe una obligación legal o contractual específica de actuar.
• La propia persona ha creado previamente una situación de riesgo para el bien jurídicamente protegido.

Por tanto, no se trata simplemente de un deber general de actuar, sino de la existencia de una obligación específica de evitar el resultado.

La posición de garante del Director de Seguridad

Esta obligación específica puede afectar directamente al Director de Seguridad.

Sus deberes proceden, por un lado, de la propia Ley de Seguridad Privada y, por otro, de la relación contractual, laboral o civil de prestación de servicios que mantenga con la entidad en la que desarrolla sus funciones.

No obstante, esta posición no se limita exclusivamente al Director de Seguridad.

También puede afectar a otras categorías del personal de seguridad, como el Vigilante de Seguridad, ya que durante la prestación del servicio tiene la obligación legal de proteger y ayudar a las personas y de actuar cuando resulte necesario para evitar daños personales o materiales.

¿Cuándo puede existir responsabilidad por comisión por omisión?

Si una persona sufre un daño o es víctima de un delito que podría haberse evitado mediante la actuación del Director de Seguridad, puede plantearse una posible responsabilidad cuando se acredite la relación de causalidad entre el daño producido y la omisión.

En ese supuesto, el resultado ocasionado por la omisión podría entenderse cometido como si se tratase de una acción.

Para comprender este tipo de responsabilidad, el texto original recoge algunos ejemplos habituales:

• El padre o la madre que deja de alimentar a su hijo y este fallece, existiendo el deber legal de atenderlo.
• El socorrista contratado para evitar incidentes en el agua que no auxilia a una persona que se está ahogando.
• La persona que provoca una situación de peligro, como empujar al agua a alguien que no sabe nadar, y posteriormente no actúa para evitar el resultado.

En todos estos casos existe un deber específico de actuación cuya omisión puede tener consecuencias penales.

El Director y el Vigilante de Seguridad ante un resultado evitable

Tanto el Director de Seguridad como el Vigilante de Seguridad tienen obligaciones profesionales impuestas expresamente por la Ley de Seguridad Privada.

En el caso del Vigilante de Seguridad, estas aparecen recogidas en el artículo 32, mientras que las correspondientes al Director de Seguridad se establecen en el artículo 36.

Por ello, cuando durante el ejercicio de sus funciones no actúan para evitar un resultado previsible y evitable, y como consecuencia se produce un daño físico o material que podría haberse evitado mediante su actuación, el profesional podría llegar a responder por el delito derivado del resultado —como muerte o lesiones— mediante comisión por omisión.

Comisión por omisión imprudente

Los delitos de resultado por comisión por omisión también pueden producirse por imprudencia.

Para ello resulta necesaria la inobservancia del cuidado objetivamente debido y que la no evitación del resultado sea consecuencia precisamente de ese incumplimiento.

Entre estos supuestos pueden encontrarse aquellos en los que:

• El sujeto prevé la posibilidad de que se produzca el resultado, pero confía en que finalmente no ocurrirá.
• El sujeto no prevé el resultado, aunque debería haberlo previsto.
• Se realiza una actuación diferente a la adecuada para evitar el resultado porque no se identifican correctamente los medios necesarios.
• La actuación destinada a evitar el resultado se ejecuta de manera negligente.

La responsabilidad del Director de Seguridad por imprudencia

Resultaría difícil que un Director de Seguridad fuera acusado de provocar un resultado dañoso mediante una comisión por omisión dolosa, es decir, actuando con voluntad y conciencia de ocasionar ese resultado.

Sin embargo, no puede descartarse una posible comisión por omisión imprudente, ya que puede producirse como consecuencia de una actuación negligente.

Entre las obligaciones de prevención del Director de Seguridad se encuentran:

• Realizar un análisis de riesgos.
• Elaborar los correspondientes planes de seguridad.
• Adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad integral de las personas y sus bienes.
• Supervisar la aplicación de esas medidas.
• Corregir las carencias o deficiencias observadas para garantizar que cumplan su función preventiva.

Si el Director de Seguridad incumple estas obligaciones y, como consecuencia de las deficiencias de las medidas de seguridad o de la planificación, se producen daños a terceros, el resultado podría dar lugar a una imputación penal por el delito causado, como un homicidio o unas lesiones por imprudencia.

Todo ello se entiende sin perjuicio de otras posibles responsabilidades civiles o administrativas del propio Director de Seguridad, de la entidad en la que presta sus servicios o de otros posibles responsables contractuales.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo

La STS 1490/1999, de 13 de octubre, establece, conforme al artículo 11 del Código Penal, que la participación omisiva en un delito de resultado resulta admisible respecto de aquellas personas que:

• Tienen un deber normativo o jurídico de actuar.
• Tienen la posibilidad efectiva de hacerlo.
• No actúan para impedir un delito que se va a cometer o que era previsible.
• No actúan para impedir o limitar sus consecuencias.

Por tanto, no basta únicamente con la existencia de un deber formal.

Capacidad real para evitar el resultado

La posición de garante del Director de Seguridad respecto a la seguridad integral de su organización implica que podría ser responsable de no haber evitado un resultado dañoso constitutivo de delito cuando, además de haber incumplido las obligaciones que le impone la Ley de Seguridad Privada o su relación contractual, hubiera tenido capacidad de actuación y poder real para evitarlo.

Este elemento resulta especialmente relevante a la hora de valorar una posible responsabilidad.

No se trata únicamente de determinar que existía una obligación, sino también de analizar si el Director de Seguridad tenía realmente la posibilidad de actuar y evitar el resultado.

Conclusión

La posición de garante del Director de Seguridad deriva de las obligaciones que asume respecto a la seguridad de las personas y sus bienes dentro de la organización en la que presta sus servicios.

Por ello, debe ser consciente de su deber de prevención y de intervención ante aquellas amenazas que puedan ponerlos en peligro. Una omisión en la planificación, en la adopción de medidas de seguridad o en su supervisión puede adquirir relevancia penal cuando se produce finalmente un resultado dañoso y queda acreditada una relación de causa y efecto entre esa omisión y el daño.

En estos casos, cuando pueda demostrarse que la adopción de la medida correspondiente habría evitado el resultado y este constituye un ilícito penal, podrían derivarse responsabilidades penales y civiles para el Director de Seguridad, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan corresponder a otras personas o a la propia entidad.

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Las incompatibilidades del personal de seguridad privada constituyen un aspecto esencial de la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, ya que garantizan que cada profesional desempeñe sus funciones con independencia, profesionalidad y dentro de los límites establecidos por la normativa. Estas incompatibilidades afectan tanto al ejercicio simultáneo de determinadas profesiones de seguridad privada como a la compatibilidad con otros cargos o actividades, especialmente cuando se trata de personal al servicio de las Administraciones Públicas.

¿Qué se entiende por incompatibilidad en seguridad privada?

Hablar de incompatibilidad supone hacer referencia a la existencia de un impedimento legal para desempeñar una determinada función o para ejercer simultáneamente dos o más cargos.

En el ámbito de la seguridad privada, estas limitaciones afectan al personal regulado en el artículo 26 de la Ley 5/2014, entre los que se encuentran:

• Vigilantes de Seguridad.
• Vigilantes de Explosivos.
• Escoltas Privados.
• Guardas Rurales y sus especialidades.
• Jefes de Seguridad.
• Directores de Seguridad.
• Detectives Privados.

El objetivo de este régimen es garantizar que cada profesional ejerza exclusivamente las funciones para las que ha sido habilitado y evitar posibles conflictos de intereses.

Marco normativo de las incompatibilidades

La Ley 5/2014 establece que el régimen de incompatibilidades será desarrollado reglamentariamente.

No obstante, mientras no se apruebe el nuevo Reglamento de Seguridad Privada, continúa aplicándose el Reglamento aprobado por el Real Decreto 2364/1994 en todo aquello que no contradiga la normativa vigente.

Además, la propia Ley recoge algunas incompatibilidades expresas, especialmente respecto a determinadas categorías profesionales.

Tipos de incompatibilidades

La normativa distingue dos grandes grupos:

• Incompatibilidades legales.
• Incompatibilidades funcionales.

Incompatibilidades legales

Las incompatibilidades legales derivan directamente de la normativa y afectan principalmente a quienes desempeñan funciones en las Administraciones Públicas.

En términos generales, el personal incluido en el ámbito de la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas no puede ejercer funciones propias de seguridad privada mientras permanezca en servicio activo.

Entre estas incompatibilidades se incluyen:

• Ejercer funciones propias del personal de seguridad privada.
• Formar parte de consejos de administración de empresas de seguridad.
• Desempeñar cualquier puesto de trabajo en empresas de seguridad.

No obstante, existe una excepción para quienes ejerzan como Director de Seguridad en el propio organismo o entidad pública al que pertenezcan.

Funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

La normativa también contempla una regulación específica para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Podrán ejercer actividades de seguridad privada cuando dejen de estar en servicio activo, aunque quienes hayan desempeñado funciones de control sobre la seguridad privada deberán respetar un periodo de dos años antes de incorporarse al sector.

Necesidad de habilitación profesional

Otra incompatibilidad legal consiste en la imposibilidad de ejercer funciones de seguridad privada sin disponer de la correspondiente habilitación profesional.

Para ello es imprescindible haber obtenido previamente la Tarjeta de Identidad Profesional (TIP), expedida por el Ministerio del Interior.

Incompatibilidades funcionales

Las incompatibilidades funcionales hacen referencia al ejercicio de las propias funciones profesionales.

La Ley establece que cada categoría profesional debe desempeñar exclusivamente aquellas funciones para las que ha sido habilitada.

Así, un Vigilante de Seguridad únicamente podrá realizar las funciones previstas en el artículo 32 de la Ley, mientras que un Escolta Privado ejercerá exclusivamente las funciones atribuidas en el artículo 33.

Esta exclusividad pretende garantizar la correcta prestación de los servicios de seguridad.

Actividades compatibles con la función de seguridad

La Ley 5/2014 introdujo un importante cambio al reconocer determinadas actividades compatibles con la función de seguridad.

Entre ellas destacan:

• Información y control de accesos.
• Apertura y cierre de puertas.
• Recepción y orientación de visitantes.
• Control del tránsito en zonas restringidas.
• Comprobación del estado y funcionamiento de instalaciones.

Estas actividades únicamente pueden desarrollarse cuando sean complementarias a las funciones de seguridad y nunca constituyan el objeto principal del servicio contratado.

Compatibilidad con otros trabajos

La prohibición de simultanear funciones no impide que un profesional pueda desarrollar otra actividad laboral distinta fuera de la empresa de seguridad, siempre que se respeten la normativa laboral y de Seguridad Social.

Del mismo modo, un profesional puede prestar servicios para varias empresas de seguridad, siempre que ello se realice en jornadas diferentes y se cumplan los requisitos establecidos para la custodia de la Cartilla Profesional.

Compatibilidad entre distintas profesiones de seguridad privada

Uno de los aspectos que más dudas genera es la posibilidad de ejercer varias categorías profesionales.

La normativa permite obtener varias habilitaciones profesionales siempre que se cumplan los requisitos exigidos para cada una de ellas.

Sin embargo, determinadas profesiones son incompatibles entre sí.

En concreto, no pueden ejercerse simultáneamente:

• Escolta Privado.
• Vigilante de Explosivos.
• Detective Privado.

Además, el ejercicio de la profesión de Detective Privado es incompatible con cualquier otra profesión de seguridad privada, tal y como establece expresamente la Ley 5/2014.

Por el contrario, otras categorías como:

• Vigilante de Seguridad.
• Guarda Rural.
• Jefe de Seguridad.
• Director de Seguridad.

No resultan incompatibles entre sí en los términos establecidos por la normativa vigente.

Incompatibilidad con otros cargos dentro de la empresa

Con carácter general, el personal de seguridad privada no puede desempeñar simultáneamente otros puestos de trabajo dentro de la misma empresa en la que presta servicios de seguridad.

Por ejemplo, un Vigilante de Seguridad no podrá ejercer al mismo tiempo funciones administrativas, de recursos humanos o de dirección dentro de la empresa.

La única excepción prevista corresponde al Jefe de Seguridad.

La excepción del Jefe de Seguridad

El Jefe de Seguridad dispone de un régimen más flexible.

Puede compatibilizar sus funciones con otros cargos dentro de la empresa, como:

• Gerente.
• Administrador.
• Responsable de personal.

Asimismo, siempre que disponga de la correspondiente habilitación, podrá ejercer otras funciones de seguridad privada compatibles con la normativa vigente.

Informes de la Unidad Central de Seguridad Privada

La Unidad Central de Seguridad Privada ha emitido diversos informes interpretativos para aclarar determinadas situaciones relacionadas con el régimen de incompatibilidades.

Entre otras cuestiones, dichos informes han precisado la compatibilidad entre determinadas categorías laborales previstas en el Convenio Colectivo y las funciones propias del personal de seguridad privada.

También han aclarado la compatibilidad de determinados cargos como jefe de equipo, delegado del jefe de seguridad o jefe de seguridad específico en determinados supuestos.

Futuro Reglamento de Seguridad Privada

El futuro Reglamento de Seguridad Privada, todavía pendiente de aprobación, introduce algunas modificaciones respecto al régimen actual.

Entre ellas destacan:

• Mantener la incompatibilidad entre función pública y seguridad privada, con las excepciones ya previstas.
• Flexibilizar el ejercicio de distintas profesiones de seguridad privada cuando no se desarrollen de forma simultánea.
• Mantener la incompatibilidad para desempeñar funciones ajenas a la seguridad durante la prestación del servicio, salvo las actividades compatibles previstas por la Ley.
• Exigir que el personal únicamente ejerza funciones integrado en empresas autorizadas para la actividad correspondiente.

Consecuencias del incumplimiento

El incumplimiento del régimen de incompatibilidades puede dar lugar a importantes responsabilidades administrativas.

La Ley de Seguridad Privada tipifica diversas infracciones relacionadas con estas conductas, entre ellas:

• Contratar personal sin habilitación.
• Prestar servicios de seguridad con personal no habilitado.
• Ejercer funciones sin la correspondiente habilitación profesional.
• Desarrollar funciones incompatibles.
• Prestar servicios sin estar integrado en una empresa cuando resulte obligatorio.

En el caso de los funcionarios públicos, estas responsabilidades pueden acumularse a las posibles consecuencias disciplinarias previstas en la normativa de función pública.

Conclusión

Las incompatibilidades del personal de seguridad privada tienen como finalidad garantizar la profesionalidad, independencia y correcta prestación de los servicios de seguridad. Conocer este régimen resulta fundamental tanto para las empresas de seguridad como para los propios profesionales, ya que su incumplimiento puede dar lugar a importantes responsabilidades administrativas.

La correcta aplicación de la Ley de Seguridad Privada, junto con la interpretación realizada por la Unidad Central de Seguridad Privada y la futura aprobación del nuevo Reglamento, permitirá ofrecer una mayor seguridad jurídica al sector y facilitará el ejercicio de las distintas profesiones dentro del marco legal vigente.

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La investigación de los hechos denunciados a través del canal de denuncias de las empresas constituye una pieza esencial de los programas de cumplimiento normativo o Compliance. Un procedimiento de investigación correctamente diseñado no solo permite detectar y corregir posibles irregularidades, sino que también contribuye a proteger a la empresa frente a responsabilidades legales y a garantizar los derechos tanto del denunciante como del investigado.

El canal de denuncias en los programas de Compliance

La incorporación del artículo 31 bis al Código Penal, relativo a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, supuso un importante avance en la prevención de delitos dentro de las organizaciones.

Aunque la implantación de modelos de organización y gestión destinados a prevenir delitos no es obligatoria, sí resulta altamente recomendable, ya que puede eximir o atenuar la responsabilidad penal de la empresa cuando se hayan adoptado previamente medidas eficaces de prevención y control.

Entre esos mecanismos se encuentra el establecimiento de un canal de denuncias que permita comunicar posibles incumplimientos al órgano encargado de supervisar el modelo de prevención, normalmente el Compliance Officer o el Comité de Cumplimiento.

Finalidad del canal de denuncias

El canal de denuncias no solo está destinado a detectar posibles delitos.

También permite comunicar:

• Incumplimientos normativos.
• Infracciones de normativa sectorial.
• Vulneraciones de la normativa laboral o de prevención de riesgos.
• Conductas contrarias a la ética empresarial.
• Actuaciones que puedan perjudicar la reputación de la organización.

De esta forma, la empresa puede reaccionar de manera temprana y minimizar las consecuencias jurídicas, económicas y reputacionales derivadas de estos comportamientos.

¿Cómo puede gestionarse un canal de denuncias?

El canal de denuncias puede implantarse mediante diferentes sistemas, como:

• Plataforma web corporativa.
• Correo electrónico.
• Teléfono.
• Correo postal.
• Sistemas que combinen varios de estos medios.

Su gestión puede realizarse de forma:

• Interna.
• Externa, mediante profesionales especializados.

El artículo destaca que la gestión externa constituye una opción especialmente adecuada cuando se pretende reforzar la independencia, la confidencialidad y la objetividad de las investigaciones.

Obligación de implantar un canal de denuncias

La Directiva (UE) 2019/1937, relativa a la protección de las personas informantes, establece la obligación de implantar canales internos de información para determinadas empresas y entidades públicas.

Asimismo, la Ley Orgánica 3/2018 reconoce expresamente los sistemas internos de información y permite que las denuncias puedan presentarse incluso de forma anónima.

La existencia de estos canales debe ser conocida tanto por los trabajadores como por terceros relacionados con la organización.

Protección de la confidencialidad

Uno de los pilares del sistema es la confidencialidad.

Los datos contenidos en las denuncias únicamente pueden ser tratados por:

• Los responsables del sistema de cumplimiento.
• El órgano de control interno o externo.
• Los encargados del tratamiento designados.

La información solo podrá comunicarse a otras personas cuando resulte necesario para adoptar medidas disciplinarias o para la tramitación de procedimientos administrativos o judiciales.

Conservación de la información

La información recibida debe conservarse únicamente durante el tiempo imprescindible para decidir si procede iniciar una investigación.

Con carácter general:

• Los datos deberán suprimirse en el plazo máximo de tres meses.
• Podrán mantenerse cuando hayan sido anonimizados.
• También podrán conservarse cuando sea necesario continuar la investigación iniciada.

Todo ello respetando la normativa sobre protección de datos personales.

Derechos del denunciante y del investigado

El funcionamiento del canal de denuncias debe garantizar el equilibrio entre los derechos de todas las personas implicadas.

Por un lado, debe protegerse la identidad del denunciante para evitar posibles represalias.

Por otro, el investigado debe ser informado de la existencia del procedimiento en el plazo más breve posible para poder ejercer plenamente sus derechos de defensa, entre ellos:

• Presunción de inocencia.
• Asistencia letrada.
• Proposición de pruebas.
• Acceso al procedimiento.

El respeto a estas garantías resulta esencial para la validez de toda la investigación.

Investigación preliminar de los hechos

Una vez recibida la denuncia, el órgano responsable puede realizar actuaciones previas destinadas a comprobar:

• La procedencia de la información.
• La credibilidad de los hechos.
• La identidad del denunciante cuando sea posible.
• La existencia de indicios suficientes.
• Las pruebas disponibles.

Estas actuaciones permiten decidir si procede iniciar formalmente la investigación.

¿Quién puede realizar la investigación?

Cuando el sistema de cumplimiento sea interno, la investigación podrá ser desarrollada por el órgano previamente designado por la empresa.

Habitualmente estas funciones corresponden al:

• Compliance Officer.
• Comité de Cumplimiento.
• Comité de Ética.

No obstante, la empresa también puede designar a otros profesionales cuando resulte conveniente.

El papel del Director de Seguridad

El artículo destaca especialmente la figura del Director de Seguridad.

La Ley de Seguridad Privada le atribuye funciones relacionadas con la realización de comprobaciones internas sobre personas que accedan a áreas sensibles de la empresa.

Aunque la normativa no le atribuye expresamente la investigación de todas las irregularidades denunciadas, el autor considera que su participación resulta especialmente adecuada por:

• Su capacitación profesional.
• Su deber de secreto profesional.
• Su condición de interlocutor con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
• Sus funciones en materia de seguridad corporativa.

Todo ello permite que pueda colaborar activamente en los programas de cumplimiento y en la gestión del canal de denuncias.

Actuaciones que pueden realizarse durante la investigación

Durante la investigación pueden llevarse a cabo distintas comprobaciones, entre ellas:

• Revisión documental.
• Análisis contable.
• Entrevistas con empleados.
• Comprobación de correos corporativos.
• Revisión de sistemas de comunicación.
• Consulta de fuentes abiertas y registros públicos.

Todas estas actuaciones deben respetar en todo momento la normativa sobre protección de datos y los derechos fundamentales de las personas afectadas.

La intervención del Detective Privado

Cuando sea necesaria una investigación externa sobre personas, seguimientos u obtención de pruebas personales, la Ley de Seguridad Privada reserva estas funciones al Detective Privado habilitado.

El artículo 48 de la Ley reconoce a este profesional como el único autorizado para realizar investigaciones privadas por encargo de persona legitimada.

Sus investigaciones pueden abarcar aspectos:

• Personales.
• Familiares.
• Sociales.
• Económicos.
• Laborales.

Siempre con respeto a los límites establecidos por la ley y sin invadir ámbitos protegidos por el derecho a la intimidad.

Garantías de la investigación privada

La actuación del Detective Privado está sometida a estrictos principios legales.

Entre ellos destacan:

• Necesidad.
• Idoneidad.
• Razonabilidad.
• Proporcionalidad.
• Secreto profesional.

Además, cualquier actuación que vulnere derechos fundamentales puede provocar la nulidad de las pruebas obtenidas y generar responsabilidades penales, civiles o administrativas para el profesional.

Valor de las pruebas obtenidas

Las investigaciones realizadas por Detectives Privados pueden aportar pruebas de gran utilidad en procedimientos:

• Judiciales.
• Administrativos.
• Disciplinarios.

Sus informes poseen valor probatorio precisamente por tratarse de profesionales expresamente habilitados para realizar este tipo de investigaciones conforme a la Ley de Seguridad Privada.

Conclusión

La investigación de los hechos denunciados a través del canal de denuncias de las empresas constituye un elemento imprescindible para garantizar la eficacia de los programas de cumplimiento normativo. Una investigación realizada con profesionalidad, confidencialidad y pleno respeto a los derechos fundamentales no solo permite esclarecer los hechos denunciados, sino que también protege a la empresa frente a posibles responsabilidades legales y refuerza la cultura de cumplimiento y transparencia dentro de la organización.

La participación de profesionales especializados, como el Director de Seguridad o el Detective Privado, puede aportar mayores garantías jurídicas y facilitar la obtención de pruebas válidas para la adopción de decisiones internas o su eventual utilización en procedimientos judiciales.

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El uso del spray de defensa por el Vigilante de Seguridad es una cuestión que genera numerosas dudas entre los profesionales del sector. Aunque los vigilantes disponen de medios de defensa reglamentarios para el ejercicio de sus funciones, la normativa también contempla la posibilidad de autorizar otros medios, como el spray de defensa, siempre que se cumplan determinados requisitos legales y administrativos.

Funciones del Vigilante de Seguridad y uso de la fuerza

El Vigilante de Seguridad, como auxiliar y colaborador de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, desempeña las funciones previstas en el artículo 32 de la Ley 5/2014, de Seguridad Privada.

Entre ellas se encuentran:

• Proteger a las personas y sus bienes.
• Prevenir la comisión de delitos e infracciones.
• Intervenir cuando se produzca un delito o una infracción administrativa.
• Detener al presunto autor de un delito y ponerlo a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
• Identificar y denunciar determinadas infracciones administrativas.
• Realizar comprobaciones, registros y prevenciones cuando resulte necesario.

Para cumplir estas funciones, la Ley permite al Vigilante realizar determinadas actuaciones siempre respetando los derechos fundamentales y aplicando los principios de congruencia, necesidad y proporcionalidad.

Principios que rigen el empleo de los medios de defensa

Al igual que ocurre con los agentes policiales, el personal de seguridad privada debe actuar conforme a la legalidad y a los principios básicos de actuación.

Esto significa que únicamente podrá utilizar la fuerza o los medios de defensa cuando:

• Sea necesario para cumplir sus funciones.
• Exista una agresión o un riesgo para su integridad física o la de terceras personas.
• No exista otro medio menos lesivo.
• La respuesta sea proporcional a la situación.

El objetivo siempre debe ser causar el menor daño posible para controlar la situación.

Medios de defensa reglamentarios del Vigilante de Seguridad

La Ley 5/2014 establece que los Vigilantes de Seguridad deben portar durante el servicio los medios de defensa reglamentarios.

Actualmente, mientras no se apruebe el nuevo Reglamento de Seguridad Privada, continúa vigente la Orden INT/318/2011, que establece como medios ordinarios:

• La defensa semirrígida de goma de color negro y 50 centímetros.
• Los grilletes de manilla, cuando así lo determine el Jefe de Seguridad.

En determinados servicios especialmente protegidos, la normativa prevé además el uso de armas de fuego, como ocurre en:

• Transporte de fondos.
• Transporte de explosivos.
• Determinados servicios en buques españoles que navegan por zonas de especial riesgo.

En estos supuestos también pueden emplearse otros tipos de armamento previstos legalmente.

¿Puede utilizarse un spray de defensa?

La propia Orden INT/318/2011 contempla la posibilidad de sustituir o complementar la defensa reglamentaria por otros medios defensivos.

No obstante, esta posibilidad requiere autorización previa de la Dirección General de la Policía y que el medio utilizado cumpla lo previsto en el Reglamento de Armas.

El Reglamento de Armas y los sprays de defensa

El Reglamento de Armas prohíbe, con carácter general, los sprays que proyecten sustancias tóxicas o similares.

Sin embargo, establece una excepción para aquellos sprays que:

• Estén autorizados por el Ministerio de Sanidad.
• Cumplan los requisitos establecidos por la normativa.
• Hayan obtenido el informe favorable correspondiente.
• Sean comercializados por establecimientos autorizados.

Cuando se cumplen estas condiciones, el spray deja de ser un arma prohibida y puede adquirirse legalmente.

Requisitos para adquirir un spray autorizado

Los sprays autorizados únicamente pueden adquirirse cuando se cumplen determinadas condiciones.

Entre ellas:

• Ser mayor de edad.
• Identificarse mediante DNI o pasaporte.
• Comprar el producto en una armería o establecimiento autorizado.
• Que el spray figure entre los autorizados por el Ministerio de Sanidad.

La normativa no permite su adquisición por internet o por catálogo.

¿Puede un Vigilante de Seguridad portar un spray de defensa?

Sí.

El Vigilante de Seguridad puede utilizar legalmente un spray de defensa como sustitución o complemento de la defensa reglamentaria, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la normativa de seguridad privada.

Para ello es necesario:

1. Que la empresa de seguridad solicite la autorización a la Unidad Central de Seguridad Privada del Ministerio del Interior.
2. Indicar el servicio concreto donde se pretende utilizar.
3. Especificar las características del spray, que deberá estar autorizado por el Ministerio de Sanidad.
4. Obtener la autorización correspondiente.
5. Adquirir el spray en un establecimiento autorizado.
6. Entregar el medio de defensa al Vigilante por parte del Jefe de Seguridad o su delegado.

Formación previa del personal

Antes de autorizar el uso del spray, resulta recomendable que la empresa imparta formación específica a los Vigilantes de Seguridad.

El artículo propone un curso teórico-práctico de, al menos, diez horas, en el que se aborden aspectos como:

• Manejo del spray.
• Supuestos en los que puede utilizarse.
• Principios de proporcionalidad y necesidad.
• Consecuencias legales derivadas de un uso indebido.

La formación constituye una garantía tanto para el profesional como para la propia empresa de seguridad.

¿Cuándo puede utilizarse el spray de defensa?

Su utilización debe responder siempre a los principios de:

• Congruencia.
• Necesidad.
• Proporcionalidad.

Por tanto, únicamente podrá emplearse cuando exista un grave riesgo para la integridad física del Vigilante o de terceras personas y no exista otro medio menos lesivo para neutralizar la agresión.

Además, tras su utilización deberán adoptarse las medidas necesarias para atender a la persona afectada.

El artículo señala que, en determinados supuestos, puede resultar preferible el uso de sprays de gel balístico frente a los aerosoles tradicionales, especialmente en espacios cerrados.

Una alternativa para mejorar la protección del Vigilante

El uso autorizado del spray de defensa constituye una alternativa que amplía los medios disponibles para el personal de seguridad.

Disponer de distintas opciones permite al Vigilante seleccionar, en cada intervención, el medio menos lesivo y más adecuado a las circunstancias concretas de la actuación, facilitando el cumplimiento de su misión de proteger a las personas y garantizar su propia seguridad.

Perspectivas de futuro

El artículo concluye señalando que el futuro Reglamento de Seguridad Privada podría servir para revisar y actualizar los medios de defensa del personal de seguridad.

Asimismo, plantea la posibilidad de modificar el Reglamento de Armas para facilitar la autorización de nuevos medios defensivos que permitan incrementar la protección de los Vigilantes de Seguridad frente a los riesgos inherentes a su actividad profesional.

Conclusión

El uso del spray de defensa por el Vigilante de Seguridad es legal siempre que se respeten los requisitos previstos por la normativa de seguridad privada y el Reglamento de Armas. Su autorización exige la intervención de la Unidad Central de Seguridad Privada y que el producto esté previamente autorizado por el Ministerio de Sanidad.

Su utilización debe responder siempre a los principios de necesidad, congruencia y proporcionalidad, convirtiéndose en un medio complementario que puede mejorar la protección del personal de seguridad sin sustituir a los medios reglamentarios ya existentes.

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La autoprotección y las medidas de seguridad para tiendas y comercios son fundamentales para prevenir delitos, proteger a trabajadores y clientes y garantizar la continuidad de la actividad comercial. El comercio minorista constituye uno de los sectores económicos con mayor peso en España, pero también uno de los más expuestos a hurtos, robos, estafas y otros hechos delictivos.

La prevención es la herramienta más eficaz para reducir riesgos. Por ello, además de conocer las modalidades delictivas más habituales, resulta imprescindible implantar medidas de seguridad físicas, electrónicas y organizativas adaptadas a las características de cada establecimiento.

La importancia de la seguridad en el comercio minorista

El comercio minorista desempeña un papel esencial en la economía española tanto por su aportación al Producto Interior Bruto como por su capacidad para generar empleo. Está formado por miles de establecimientos repartidos por todo el territorio nacional, desde pequeños comercios tradicionales hasta grandes superficies.

Sin embargo, precisamente por su proximidad al ciudadano y por encontrarse en ocasiones en zonas especialmente vulnerables, estos establecimientos constituyen un objetivo habitual para la delincuencia.

Los delitos más frecuentes que afectan al comercio son:

• Hurtos.
• Robos con fuerza.
• Robos con violencia o intimidación.
• Estafas.
• Daños.
• Fraudes relacionados con medios de pago.

Conocer cómo actúan los delincuentes es el primer paso para adoptar medidas preventivas eficaces.

Modalidades de hurto más habituales

El hurto continúa siendo el delito más frecuente en establecimientos comerciales.

El Código Penal lo define como la apropiación de bienes muebles ajenos con ánimo de lucro, sin emplear fuerza en las cosas ni violencia o intimidación sobre las personas.

Entre las modalidades más habituales destacan:

El «chicle»

Frecuente en joyerías. El delincuente oculta una pieza bajo el mostrador utilizando un chicle para que posteriormente sea recuperada por un cómplice.

El «capote»

Mientras un delincuente distrae al empleado, otro aprovecha para acceder a la zona restringida del mostrador y sustraer dinero u objetos.

El «pañuelo»

El autor utiliza un pañuelo simulando encontrarse enfermo mientras oculta los objetos sustraídos.

Bolsas preparadas

Algunos delincuentes utilizan bolsas recubiertas de aluminio u otros materiales para evitar que los sistemas antihurto detecten los artículos.

Distracción del personal

Actúan normalmente en grupo. Mientras unos entretienen al vendedor, otros cometen el hurto.

El método de la mancha

Aunque suele afectar directamente a clientes, muchas veces comienza dentro del establecimiento. Un delincuente ensucia a la víctima mientras otro aprovecha la distracción para sustraer sus pertenencias.

Robos en establecimientos comerciales

A diferencia del hurto, el robo implica el empleo de fuerza en las cosas o violencia e intimidación sobre las personas.

Robo con fuerza

Las modalidades más frecuentes son:

• Escalamiento.
• Rotura de puertas o ventanas.
• Forzamiento de cerraduras.
• Utilización de llaves falsas.
• Inutilización de sistemas de alarma para acceder al establecimiento.

Cuando el robo se produce en un establecimiento comercial abierto al público, incluso fuera del horario comercial, el Código Penal contempla penas más graves.

Robo con violencia o intimidación

Se produce cuando el delincuente utiliza fuerza física o amenaza para apoderarse de bienes.

Entre las situaciones más habituales se encuentran los atracos cometidos mediante armas de fuego, armas simuladas o armas blancas.

Estafas que afectan a tiendas y comercios

Las estafas representan otro importante riesgo para los comerciantes.

Entre las más habituales destacan:

• Engaños durante el pago con billetes de elevado valor.
• Utilización de monedas similares al euro.
• Sustitución de códigos de barras.
• Billetes falsos.
• Phishing.
• Carding o uso fraudulento de tarjetas bancarias.
• Falsos comercios electrónicos.
• Correos electrónicos fraudulentos.
• SMS bancarios falsos.
• Phishing telefónico.
• Falsos servicios técnicos.
• Falsos registros de patentes.
• Anuncios fraudulentos en plataformas de compraventa.

La creciente digitalización del comercio hace imprescindible mantener una actitud preventiva frente a estas modalidades.

Planes de seguridad para comercios

Consciente de esta realidad, el Ministerio del Interior impulsa diferentes iniciativas destinadas a mejorar la seguridad del comercio minorista.

Entre ellas destacan:

• El Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista.
• El Plan Comercio Seguro de la Policía Nacional.

Ambos promueven la colaboración entre Administraciones Públicas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, comerciantes y empresas de seguridad para mejorar la prevención de la delincuencia.

La prevención como principal medida de seguridad

La seguridad absoluta no existe.

Sin embargo, una adecuada planificación permite reducir considerablemente los riesgos.

Antes de instalar cualquier sistema resulta aconsejable realizar un análisis de riesgos que tenga en cuenta:

• Características del establecimiento.
• Tipo de actividad.
• Productos comercializados.
• Ubicación.
• Riesgos específicos.

Este estudio puede plasmarse en un Plan de Seguridad elaborado por profesionales especializados.

Medidas de seguridad recomendadas para tiendas y comercios

Las medidas deben adaptarse a las características de cada negocio.

Entre las principales destacan las siguientes.

Delimitar zonas públicas y privadas

Es conveniente diferenciar claramente:

• Zonas de acceso público.
• Áreas restringidas.
• Almacenes.
• Oficinas.

Estas zonas deben estar correctamente señalizadas.

Instalar sistemas de alarma

Los sistemas de alarma constituyen uno de los principales elementos de protección.

Cuando estén conectados a una Central Receptora de Alarmas deberán cumplir la normativa de seguridad privada y ser instalados por empresas autorizadas.

Sistemas de videovigilancia

La videovigilancia tiene un importante efecto preventivo y facilita la investigación de los delitos.

El sistema debe cumplir la normativa sobre protección de datos, entre otras obligaciones:

• Colocar el cartel informativo.
• Limitar la captación de imágenes.
• Conservar las grabaciones durante el plazo legal.
• Permitir el acceso únicamente a personas autorizadas.

Las cámaras deben cubrir especialmente:

• Accesos.
• Caja registradora.
• Zonas de mayor riesgo.

Nunca deben instalarse en espacios que afecten a la intimidad, como aseos o probadores.

Mantenimiento de los sistemas

No basta con instalar medidas de seguridad.

Es imprescindible realizar:

• Revisiones periódicas.
• Mantenimiento preventivo.
• Actualizaciones tecnológicas.

Un sistema obsoleto puede resultar ineficaz o provocar falsas alarmas.

Protección física del establecimiento

Además de las medidas electrónicas, conviene adoptar soluciones físicas como:

• Rejas.
• Persianas de seguridad.
• Cerraduras reforzadas.
• Cristales de seguridad.
• Detectores de vibración.
• Pilones antialunizaje.
• Refuerzo de techos, tabiques o suelos para evitar butrones.

La combinación de diferentes medidas incrementa notablemente la protección.

Protección de los productos

Los propios artículos también requieren medidas específicas.

Entre las recomendaciones destacan:

• Instalar sistemas antihurto.
• Colocar arcos detectores.
• Exponer productos de alto valor en vitrinas cerradas.
• Sujetar dispositivos electrónicos mediante cables de seguridad.
• Evitar concentrar productos de elevado valor cerca de las salidas.

Prevención frente a clientes sospechosos

Los comerciantes deben permanecer atentos a determinadas conductas.

Es recomendable observar:

• Personas que vigilan continuamente al personal.
• Grupos numerosos que actúan coordinadamente.
• Clientes que acceden con casco, gorra o elementos que dificulten su identificación.
• Personas que permanecen largo tiempo sin intención aparente de comprar.

La observación constituye una importante herramienta preventiva.

Seguridad en la gestión del dinero

Para reducir riesgos es aconsejable:

• No acumular grandes cantidades de efectivo.
• Realizar ingresos periódicos.
• Variar horarios y recorridos.
• Evitar rutinas.
• Transportar el dinero de forma discreta.

Cuando los importes sean elevados, la normativa obliga a contratar empresas de transporte de seguridad.

Pagos con tarjeta y prevención del fraude

Las operaciones mediante tarjeta requieren especial atención.

Antes de aceptar un pago conviene comprobar:

• Que la tarjeta no esté caducada.
• Que coincida con la identidad del titular.
• La fotografía y la firma.
• Que no presente manipulaciones.

También resulta recomendable desconfiar de compras de elevado importe o repetidas en muy poco tiempo.

Cómo detectar billetes falsos

Los comerciantes deben conocer las principales medidas de seguridad incorporadas a los billetes de euro.

Ante cualquier duda es recomendable:

• Tocar.
• Mirar.
• Girar el billete.

Siempre que sea posible conviene utilizar detectores electrónicos, luz ultravioleta u otros dispositivos de comprobación.

Si se sospecha que un billete es falso, nunca debe volver a ponerse en circulación y debe ponerse inmediatamente en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Cómo actuar ante un delito

Si se produce un robo, hurto o cualquier otro incidente, es recomendable:

• Avisar inmediatamente a la Policía.
• No enfrentarse al delincuente.
• Memorizar rasgos físicos y detalles relevantes.
• No alterar la escena.
• Facilitar toda la información disponible a los agentes.

En caso de fraude informático, tampoco deben manipularse los equipos afectados para preservar las posibles evidencias electrónicas.

La colaboración entre comerciantes y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

La prevención resulta mucho más eficaz cuando existe una colaboración activa entre comerciantes, empresas de seguridad y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Comunicar cualquier hecho sospechoso o cualquier intento de delito puede evitar nuevos incidentes y facilitar la identificación de los autores.

Conclusión

Las medidas de seguridad para tiendas y comercios no solo permiten reducir el riesgo de hurtos, robos o estafas, sino que también contribuyen a proteger a trabajadores, clientes y al propio negocio. La combinación de medidas físicas, electrónicas y organizativas, junto con una adecuada planificación y formación del personal, constituye la mejor estrategia para prevenir la delincuencia y garantizar un entorno comercial más seguro.

Además, contar con el asesoramiento de profesionales de la seguridad permite implantar soluciones adaptadas a las características de cada establecimiento, mejorando la protección y facilitando el cumplimiento de la normativa vigente.

Si quieres seguir ampliando tus conocimientos sobre seguridad privada, videovigilancia, protección de datos, prevención de riesgos y normativa aplicable al sector, te invitamos a visitar nuestro blog. Encontrarás más artículos prácticos, análisis jurídicos y recomendaciones que te ayudarán a mejorar la seguridad de tu empresa o establecimiento.

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El objetivo de estas menciones es reconocer actuaciones destacadas del personal de seguridad privada. También buscan dar visibilidad a intervenciones meritorias que, en muchos casos, implican riesgo personal y servicio a la ciudadanía.

Marco normativo de las menciones honoríficas

La regulación parte del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/94. Aunque este reglamento desarrollaba la derogada Ley 23/92, sigue siendo una referencia en esta materia.

El artículo 66.3 establece que el personal de seguridad que sobresalga en el cumplimiento de sus funciones puede recibir menciones honoríficas. La norma destaca especialmente los casos de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La regulación concreta llegó con la Orden INT/318/2011, sobre personal de seguridad. Su artículo 36 regula la concesión de las menciones honoríficas. Además, establece los criterios para conceder menciones de categoría A o de categoría B.

Estas menciones pueden anotarse en la cartilla profesional de las categorías que dispongan de ella. Es el caso de los vigilantes de seguridad, escoltas privados, vigilantes de explosivos y guardas rurales.

Entrega de las menciones honoríficas

La entrega de las menciones suele celebrarse el Día de la Seguridad Privada, fijado el 21 de mayo por la Orden INT/704/2013.

No obstante, las Delegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas pueden fijar otra fecha. También puede hacerlo la comunidad autónoma correspondiente si ha asumido esta competencia.

En Cataluña existe una regulación paralela mediante la Orden INT/52/2011. Esta norma cambia la denominación de los reconocimientos. Habla de condecoraciones y distinciones honoríficas para el personal de seguridad. También prevé diplomas para empresas y placas de honor para personas físicas o jurídicas que hayan colaborado con la Policía Autonómica.

En el País Vasco, el Decreto 207/2014 también prevé que la Policía Vasca pueda otorgar menciones al personal de seguridad privada.

En el ámbito estatal, desde hace algunos años, los actos se celebran de forma conjunta por Policía Nacional y Guardia Civil, bajo la dirección de la Delegación del Gobierno en Cataluña.

Quién puede conceder una mención honorífica

Según el artículo 36 de la Orden INT/318/2011, la concesión de menciones corresponde a distintas autoridades.

A nivel territorial, pueden concederlas el Jefe Superior de Policía o el Comisario Provincial. También pueden hacerlo el Jefe de Zona o el Jefe de Comandancia de la Guardia Civil.

A nivel central, la competencia corresponde a la Unidad Central de Seguridad Privada. Todo ello sin perjuicio de las competencias reconocidas a las autoridades autonómicas.

Personas y entidades que pueden recibir menciones

Las menciones honoríficas pueden concederse a cualquiera de las categorías del personal de seguridad privada.

Entre ellas se encuentran:

• Vigilantes de seguridad.
• Escoltas privados.
• Vigilantes de explosivos.
• Directores de seguridad.
• Jefes de seguridad.
• Detectives privados.
• Guardas rurales y sus categorías.

Además, también pueden concederse a personas físicas o jurídicas relacionadas con el sector. Esto incluye departamentos de seguridad, empresas de seguridad, centros de formación, profesores universitarios y usuarios de servicios de seguridad.

Quién puede proponer la concesión

La Orden INT/318/2011 establece que las menciones pueden concederse de oficio o a iniciativa de particulares.

También pueden proponerlas las empresas a las que pertenezca el personal o entidades relacionadas con la seguridad privada.

Por tanto, la propuesta puede partir de instituciones públicas, unidades policiales, empresas de seguridad, entidades del sector o ciudadanos. También pueden comunicar actuaciones meritorias empresas o particulares que hayan tenido conocimiento de ellas.

La normativa autonómica no acepta la autopropuesta. Sin embargo, la normativa estatal no la prohíbe ni la excluye. Por ello, si el propio interesado comunica hechos meritorios para que la Unidad de Seguridad Privada pueda conocerlos, no debería existir inconveniente en iniciar las comprobaciones oportunas.

En cualquier caso, la decisión final no corresponde a las empresas. La concesión de la mención es una decisión de la autoridad competente.

Procedimiento de concesión

Las Unidades de Seguridad Privada de Policía Nacional y Guardia Civil deben instruir un expediente por cada propuesta.

En ese expediente se recopila la información disponible. También deben reunirse las pruebas posibles sobre los hechos. Con ello se puede determinar si el interesado merece o no el reconocimiento.

La decisión debe adoptarse mediante resolución de la autoridad competente. Además, debe notificarse a los interesados.

Menciones honoríficas de categoría A

La categoría A se reserva para actuaciones especialmente relevantes.

Según el artículo 36 de la Orden INT/318/2011, pueden justificar esta categoría los siguientes supuestos:

• Resultar lesionado el personal de seguridad privada durante la prestación del servicio.
• Haber corrido grave riesgo para su integridad física en el cumplimiento de sus deberes.
• Haber evitado delitos relacionados con el objeto de protección, con detención de los implicados, cuando exista especial riesgo o grave dificultad.
• Haber facilitado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad información relevante que ayude al esclarecimiento de delitos o hechos cometidos por organizaciones de delincuentes.
• Haber facilitado información importante para la seguridad del Estado o para el mantenimiento de la seguridad ciudadana.

Menciones honoríficas de categoría B

La categoría B reconoce actuaciones relevantes, aunque con menor intensidad que las de categoría A.

La Orden INT/318/2011 recoge los siguientes supuestos:

• Haber evitado la comisión de delitos relacionados con el objeto de protección.
• Realizar actuaciones humanitarias en accidentes, siniestros o catástrofes, cuando superen el estricto cumplimiento del deber.
• Cualquier otra actuación que, a juicio de las unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, merezca esta mención honorífica.

Consecuencias del reconocimiento

El reconocimiento consiste en la entrega de un diploma. Este diploma lo firma el Jefe Superior de Policía o el General de la Guardia Civil.

La entrega se realiza preferentemente el Día de la Seguridad Privada. También puede hacerse en otra fecha que determine la autoridad.

El acto suele tener carácter solemne. En él participan autoridades policiales y representantes de la Delegación o Subdelegación del Gobierno.

La mención se anota en la cartilla profesional del interesado cuando la categoría dispone de ella. Además, queda registrada en el expediente del interesado y en la aplicación Segurpri de la Dirección General de la Policía.

La concesión de estas menciones no implica compensación económica. No obstante, se plantea que el Convenio Laboral del Sector podría tenerlo en cuenta al regular premios por actuaciones meritorias.

Uso de pasador o distintivo específico

El artículo 36.6 de la Orden INT/318/2011 permite el uso de un pasador o distintivo específico sobre el uniforme.

Este distintivo debe tener un diseño determinado por resolución del Director General de la Policía y de la Guardia Civil. Además, no puede confundirse con los distintivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, pese al tiempo transcurrido desde la aprobación de la Orden en 2011, el modelo del pasador o distintivo sigue sin regularse.

También continúa pendiente la regulación de la llamada Medalla al Mérito de la Seguridad Privada. Esta situación se suma a la falta de desarrollo reglamentario de la Ley 5/2014.

Necesidad de mejorar el sistema

Algunas críticas al sistema de concesión de menciones deben tenerse en cuenta. Revisar y mejorar el procedimiento ayudaría a dignificar estos reconocimientos.

Las menciones honoríficas deben servir para premiar actuaciones meritorias del personal de seguridad privada. También deben ayudar a dar visibilidad a intervenciones que muchas veces pasan desapercibidas para la ciudadanía.

En muchas ocasiones, estas actuaciones han permitido salvar vidas o evitar delitos. Por ello, el reconocimiento debe tramitarse con criterios justos, claros y equitativos.

Conclusión

La regulación de las menciones honoríficas en seguridad privada reconoce el valor de las actuaciones meritorias del personal del sector. La Orden INT/318/2011 establece las categorías, los criterios y el procedimiento básico para su concesión.

Sin embargo, todavía existen aspectos pendientes. Entre ellos destaca la falta de regulación del pasador o distintivo específico. También resulta necesario mejorar el procedimiento para garantizar una tramitación más justa y transparente.

En definitiva, las menciones honoríficas deben servir para reconocer el esfuerzo, el riesgo y la colaboración del personal de seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Para conocer más sobre estos temas, visita nuestro blog.

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La resolución se dictó en el procedimiento sancionador EXP2023312276. En este caso, el sindicato compartió el censo electoral de los trabajadores de la empresa. En ese documento figuraban datos personales como el nombre y apellidos, la fecha de nacimiento, el número de DNI y la antigüedad en la empresa.

Difusión de datos personales sin autorización

La Agencia Española de Protección de Datos consideró que la difusión del censo vulneró el Reglamento General de Protección de Datos. Los datos personales de los trabajadores fueron expuestos o cedidos a terceros sin la autorización correspondiente.

Además, todos los afiliados del sindicato que formaban parte del grupo de WhatsApp pudieron acceder a los datos de otros trabajadores de la empresa. Esta comunicación se realizó sin el consentimiento de los afectados y sin una base que legitimara dicha cesión.

Por este motivo, la Agencia impuso dos sanciones. Una multa fue de 3.000 euros y la otra de 2.000 euros.

Falta de medidas de seguridad

La Agencia también consideró que el sindicato no había adoptado medidas de seguridad adecuadas para evitar la difusión del censo.

Esta actuación supuso una brecha de confidencialidad. El sindicato no aplicó medidas para garantizar que los datos personales se mantuvieran protegidos. Por ello, la Agencia impuso una segunda sanción.

El caso demuestra que no basta con tratar datos personales para una finalidad concreta. También es obligatorio protegerlos con medidas técnicas y organizativas adecuadas.

Vulneración del RGPD

La Agencia consideró vulnerado el artículo 5.1.f del Reglamento UE 2016/679, conocido como RGPD. Este precepto recoge uno de los principios esenciales del tratamiento de datos personales: la integridad y confidencialidad.

Este principio exige tratar los datos de forma segura. También obliga a protegerlos frente a tratamientos no autorizados o ilícitos.

Además, la Agencia apreció una vulneración del artículo 32 del RGPD. Este artículo regula las medidas de seguridad que debe adoptar el responsable del tratamiento.

En este caso, el responsable era el sindicato.

Calificación de las infracciones

El incumplimiento de estas obligaciones se calificó como falta muy grave y como falta grave. La calificación se realizó conforme a los artículos 72 y 73 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

El sindicato reconoció los hechos. Además, pagó la multa de forma voluntaria. Con ello, puso fin al procedimiento sancionador, conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo.

Qué se considera dato personal

El artículo 4 del RGPD define los datos personales como toda información sobre una persona física identificada o identificable.

Una persona física identificable es aquella cuya identidad puede determinarse directa o indirectamente. Esto puede hacerse mediante un identificador como el nombre, un número de identificación, datos de localización o un identificador en línea.

También pueden ser datos personales uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de esa persona.

En el caso analizado, el censo incluía datos que permitían identificar claramente a los trabajadores. Por tanto, su difusión debía ajustarse a las exigencias del RGPD.

Principios que deben respetarse en el tratamiento de datos

El tratamiento de datos personales debe cumplir de forma rigurosa los principios del artículo 5 del RGPD.

Entre estos principios destaca la obligación de garantizar la integridad y confidencialidad de los datos. El responsable del tratamiento debe adoptar medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger la información.

Además, el tratamiento debe apoyarse en una base de legitimación o licitud conforme al artículo 6 del RGPD.

Entre las bases posibles se encuentran:

• El consentimiento del interesado.
• El cumplimiento de un deber legal.
• La existencia de un interés legítimo.
• Otras bases previstas en el propio Reglamento.

Si no existe una base que legitime el tratamiento, la comunicación de los datos puede vulnerar la normativa de protección de datos.

Riesgo de sanciones elevadas

La Agencia Española de Protección de Datos puede imponer sanciones de cuantía elevada cuando se incumple el RGPD.

El artículo 83 del Reglamento establece los criterios para determinar estas sanciones. En algunos casos, pueden llegar hasta el 2 % del volumen de negocio del ejercicio anterior.

Por eso, cualquier entidad que trate datos personales debe actuar con especial diligencia. También debe evitar difundir información personal por canales que no garanticen la confidencialidad.

Conclusión

La sanción por difundir datos por WhatsApp confirma la importancia de respetar la normativa de protección de datos. Compartir un censo electoral en un grupo de mensajería sin autorización puede implicar una cesión ilícita de datos personales.

Además, el responsable del tratamiento debe adoptar medidas de seguridad adecuadas. Si no lo hace, puede incurrir en una brecha de confidencialidad.

Este caso recuerda que los datos personales deben tratarse con una base legítima, con garantías de seguridad y respetando siempre los principios del RGPD.

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La implantación de estos planes supuso un cambio importante. Desde ese momento, las propias empresas comenzaron a asumir una política interna de cumplimiento normativo. El objetivo era que tanto la entidad como sus empleados desarrollaran su actividad conforme a la ley y a la ética en los negocios.

Qué son los planes de Compliance

Los planes de Prevención Penal o Compliance buscan que las empresas se autorregulen. Para ello, deben aprobar códigos éticos corporativos que complementen las leyes generales dictadas por los poderes públicos.

Estos códigos internos permiten reforzar tres pilares básicos del sistema de Compliance:

• La integridad en el cumplimiento normativo y ético.
• La buena gobernanza.
• La transparencia en la gestión.

Por tanto, el Compliance no se limita a cumplir la ley. También implica crear una cultura corporativa basada en la prevención, la responsabilidad y las buenas prácticas.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas en España

En España, el legislador dio un paso importante al incorporar al Código Penal los artículos 31 bis, 31 ter, 31 quater y 31 quinquies. Estos preceptos regulan la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Esta responsabilidad es diferente y compatible con la que pueda corresponder a las personas físicas que hayan cometido materialmente el delito. Puede tratarse de directivos, representantes legales o trabajadores.

La empresa puede responder penalmente cuando el delito cometido beneficia, directa o indirectamente, a la entidad. También puede responder cuando el delito lo cometen trabajadores y la empresa no ha adoptado medidas adecuadas de prevención.

La propia Ley se refiere a los “modelos de organización y gestión”. Estos modelos deben incluir medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos. También deben servir para reducir de forma significativa el riesgo de que se cometan.

En definitiva, la falta de un plan de prevención penal o Plan de Compliance puede tener consecuencias relevantes para la empresa.

La importancia del canal interno de denuncias

En este ámbito también tiene gran relevancia la Ley 2/2023, de protección de las personas que informen sobre infracciones penales. Esta norma busca implicar a la sociedad en la lucha contra la corrupción.

La Ley obliga a implantar un canal interno de denuncias. Este canal puede fusionarse con el que ya exista en la empresa dentro de sus planes de Compliance.

El canal debe permitir que cualquier persona informe sobre hechos que puedan constituir delito. También puede utilizarse para comunicar irregularidades o incumplimientos éticos dentro de la empresa o en sus relaciones con el exterior.

Además, la denuncia puede realizarse incluso de forma anónima.

Denuncia externa y protección del informante

La Ley 2/2023 también prevé la posibilidad de presentar una denuncia externa. Esta denuncia se podrá realizar ante una entidad pública denominada Agencia Independiente de Protección del Informante, AAI.

Sin embargo, según el texto analizado, esta agencia todavía no ha visto la luz, pese al tiempo transcurrido desde la publicación de la Ley en el BOE.

No obstante, a nivel autonómico ya existen agencias en funcionamiento. Un ejemplo es la Agencia Catalana Antifraude, ante la que pueden presentarse denuncias.

La Agencia Española de Protección de Datos

En España, también debe mencionarse la Agencia Española de Protección de Datos. Esta agencia actúa como autoridad de control independiente en materia de protección de datos, de acuerdo con el Reglamento UE 2016/679.

Entre sus competencias se encuentra la aprobación de Códigos de Conducta. También cuenta con capacidad investigadora y sancionadora.

Además, es la autoridad de referencia ante el Comité Europeo de Protección de Datos. Este comité coordina la actuación de las agencias de los Estados miembros.

Autorregulación corporativa y códigos éticos

La autorregulación corporativa ocupa un lugar importante dentro de este sistema. Consiste en el compromiso de las empresas o de los sectores profesionales para adoptar códigos de conducta no normativos.

Estos códigos buscan mejorar la gestión corporativa y promover la excelencia. Pueden adoptar la forma de programas éticos internos, códigos de buena conducta corporativos o códigos sectoriales de buenas prácticas.

También pueden regular el comportamiento de las entidades de un mismo sector en sus relaciones internas y externas.

El papel del soft law

En esta materia también tiene importancia el denominado soft law. Se trata de recomendaciones y estándares internacionales de cumplimiento voluntario.

Aunque no son normas obligatorias, ofrecen una referencia internacional útil. Permiten orientar la implantación de buenas prácticas en sectores y empresas concretas.

Este tipo de instrumentos puede resultar especialmente relevante en sectores como el de la seguridad privada.

Guía de Transparencia de la Información Corporativa

Un ejemplo citado en este ámbito es la Guía de Transparencia de la Información Corporativa, TRAC-España 2022.

Esta guía fue aprobada en España en 2022 y evaluó a más de 30 empresas del Ibex 35. Fue publicada por el Instituto de Transparencia Internacional España.

Su finalidad es señalar indicadores clave de cumplimiento normativo. También busca mejorar y promover las buenas prácticas corporativas.

Buenas prácticas en el sector de seguridad privada

En el sector de la seguridad privada se echan de menos mecanismos similares. Todo ello pese a la existencia de distintos códigos y documentos de referencia.

Entre ellos se encuentra el Código de Conducta Internacional para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada, ICoC. Este código deriva del denominado Documento de Montreux.

También existen otros códigos estatales y autonómicos vigentes. Un ejemplo es el Código de buenas prácticas en seguridad privada, aprobado por Resolución INT/671/2017 de la Generalitat de Cataluña.

Necesidad de un código de conducta en seguridad privada

La existencia de estos códigos beneficia la reputación de las empresas. También contribuye a mejorar el servicio que se presta al ciudadano.

Por ello, se echa de menos un Código de Conducta de las empresas de seguridad privada. Este código podría complementar los principios rectores establecidos legalmente. Dichos principios son de obligado cumplimiento para todos los operadores de seguridad privada.

Como referencia podría servir el Código de Conducta y Ética en el sector de seguridad privada. Este fue adoptado por la Confederación Europea de Servicios de Seguridad, CoESS, junto con UNI-Europa en 2003.

Conclusión

Los planes de Compliance y códigos de buenas prácticas corporativos son instrumentos clave para reforzar la prevención, la ética y la transparencia en las empresas.

En España, la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha impulsado la necesidad de contar con modelos de organización y gestión eficaces. Además, la Ley 2/2023 refuerza esta tendencia mediante la obligación de contar con canales internos de denuncia.

La autorregulación corporativa, el soft law y los códigos de conducta permiten avanzar hacia mejores prácticas empresariales. En sectores como el de la seguridad privada, estos mecanismos pueden mejorar la reputación de las empresas y la calidad del servicio prestado.

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Qué puede investigar un detective privado

El detective privado puede investigar hechos y conductas privadas relacionadas con distintos ámbitos de la vida de una persona. Entre ellos se encuentran el ámbito personal, familiar, laboral, social, mercantil o financiero.

No obstante, existe un límite absoluto. El detective no puede investigar hechos o conductas que se desarrollen en domicilios o lugares reservados, tal como recoge el artículo 48 de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada.

Además, los detectives privados pueden prestar servicios en determinados establecimientos, como hoteles, para obtener información que garantice el normal funcionamiento de la actividad. También pueden investigar delitos perseguibles a instancia de parte.

En cambio, no pueden investigar delitos públicos o perseguibles de oficio. Estos delitos son competencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Derechos fundamentales que deben respetarse

El detective privado tampoco puede utilizar medios personales, materiales o técnicos que vulneren los derechos fundamentales del artículo 18 de la Constitución Española.

Entre estos derechos se encuentran:

• El derecho al honor.
• El derecho a la intimidad personal y familiar.
• El derecho a la propia imagen.
• El secreto de las comunicaciones.
• El derecho a la protección de datos.

Ahora bien, en una investigación privada puede verse afectado alguno de estos derechos. Por eso, el detective debe actuar con especial prudencia. Debe proteger los derechos de su cliente, pero también respetar los derechos de la persona investigada.

Principios que debe aplicar el detective privado

Antes de adoptar una medida que pueda afectar a derechos fundamentales, el detective privado debe realizar un juicio de ponderación.

Este análisis debe valorar el derecho del cliente a obtener información o pruebas y el derecho afectado de la persona investigada. Esa información puede tener relevancia legal, económica o personal. Incluso puede estar vinculada al derecho a la tutela judicial efectiva y al derecho de defensa.

Para que la actuación sea válida, el detective debe respetar varios principios:

• Razonabilidad, porque la medida debe tener sentido dentro de la investigación.
• Idoneidad, porque debe servir para alcanzar el fin perseguido.
• Necesidad, porque no debe existir otra medida menos lesiva.
• Proporcionalidad, porque la afectación del derecho debe ser la mínima indispensable.

Si se cumplen estos principios, la investigación puede desarrollarse sin que el informe final quede viciado por vulnerar un derecho constitucional. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera derivarse de los hechos.

Grabaciones realizadas por detectives privados

Estos límites han sido analizados en una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El tribunal desestimó el recurso de suplicación de un trabajador despedido con base en unas grabaciones realizadas por un detective privado.

El trabajador estaba de baja laboral. Sin embargo, fue captado realizando obras de albañilería en la azotea de su casa. La empresa utilizó esas imágenes como prueba para justificar el despido.

El caso resulta relevante porque el Tribunal ya había resuelto antes un supuesto similar. En aquel asunto, declaró vulnerado el derecho del investigado porque se le había grabado en el jardín de su casa. En ese caso, no quedó demostrado que la situación fuera visible desde la calle.

Esa resolución anterior apuntaba a la llamada teoría de la visión desde una posición legítima. Según esta teoría, la prueba puede ser válida si el detective capta los hechos desde un lugar legítimo y sin maniobras clandestinas.

La azotea, la privacidad y la visión desde el exterior

En el caso analizado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, las imágenes se obtuvieron mientras el investigado estaba en la azotea de su vivienda. Allí realizaba trabajos de albañilería incompatibles con su baja laboral en una pastelería.

El trabajador alegó que se habían vulnerado sus derechos. Argumentó que el lugar donde fue grabado era su domicilio y propiedad privada.

Sin embargo, el Tribunal razonó que las prohibiciones del artículo 48 de la Ley de Seguridad Privada tienen excepciones. Según la sentencia, el detective puede incluir en su investigación hechos perceptibles por los sentidos, aunque ocurran dentro del domicilio, si trascienden naturalmente al exterior.

Esto puede ocurrir, por ejemplo, en espacios del domicilio que estén al aire libre y sean visibles desde fuera. También puede suceder con lo que se vea a través de una ventana o puerta abierta. Lo mismo ocurre con ruidos, olores o vibraciones procedentes del interior si pueden percibirse desde el exterior.

Límites al uso de medios técnicos

La resolución judicial también aclara un límite importante. Para captar lo que trasciende desde el interior del domicilio hacia el exterior, no pueden emplearse dispositivos técnicos que permitan percibir más de lo que permitirían los sentidos humanos.

Por ejemplo, no sería admisible usar prismáticos para convertir la lejanía en cercanía. Tampoco sería admisible utilizar una antena para captar sonidos que no serían audibles desde el exterior.

A pesar de ello, en el caso concreto, el Tribunal aceptó la prueba. Lo hizo aunque el detective reconoció que al menos uno de sus dispositivos tenía un sistema óptico de acercamiento de la imagen.

Validez de la prueba obtenida

El Tribunal admitió la prueba porque consideró que lo grabado era perceptible desde el exterior por los sentidos humanos. Aunque la actuación afectaba a un ámbito de privacidad, la captación no vulneraba los derechos fundamentales mencionados.

Además, el Tribunal estableció que los espacios exteriores del domicilio no están totalmente vedados a la actuación del detective privado. La clave está en que lo ocurrido en esos espacios pueda percibirse desde el exterior sin ayuda técnica.

También admitió las imágenes obtenidas con zoom porque el detective ratificó el informe en sede judicial durante el acto de la vista oral.

Conclusión

Los límites que el detective privado debe respetar en una investigación exigen actuar con prudencia, proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales. La investigación privada puede afectar a la intimidad, la propia imagen o la privacidad, pero no puede vulnerar el contenido esencial de esos derechos.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirma la validez de la teoría de la visión desde una posición legítima. Si los hechos son perceptibles desde el exterior y no se utilizan medios técnicos que permitan captar más de lo que captarían los sentidos humanos, la prueba puede ser válida.

En definitiva, esta doctrina refuerza la idea de que la actuación del detective privado puede ser legítima cuando resulta razonable, necesaria y proporcional. También confirma que la prueba obtenida debe respetar siempre los límites marcados por la Ley de Seguridad Privada y por los derechos fundamentales.

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El control del correo electrónico de los empleados es una cuestión especialmente delicada dentro de la relación laboral. La empresa puede supervisar los medios digitales que pone a disposición de sus trabajadores, pero debe hacerlo respetando los derechos fundamentales.

El artículo 87 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, reconoce el derecho de los trabajadores y empleados públicos a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales facilitados por el empleador.

Estos dispositivos pueden incluir ordenadores, teléfonos móviles u otros medios corporativos. Sin embargo, la propia norma permite que la empresa acceda a los contenidos derivados del uso de esos medios en determinados casos.

Ese acceso solo puede realizarse para controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales o estatutarias, conforme al artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores. También puede tener como finalidad garantizar la integridad de los dispositivos puestos a disposición del trabajador.

Derechos fundamentales y control empresarial

El control empresarial puede entrar en conflicto con derechos fundamentales. Entre ellos destacan el derecho a la intimidad y el derecho al secreto de las comunicaciones, reconocidos en el artículo 18 de la Constitución Española.

Por ese motivo, la empresa no puede acceder libremente al correo electrónico corporativo ni a otros dispositivos digitales. Antes debe cumplir una serie de requisitos.

Estos requisitos se han desarrollado a partir del denominado “test Barbulescu”. Este test tiene su origen en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el acceso empresarial a las comunicaciones de los trabajadores.

Actualmente, estos criterios también se recogen en la legislación española y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Entre otras, destacan las sentencias del Tribunal Supremo 594/2018 y 132/2022.

El test Barbulescu

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Gran Sala, de 5 de septiembre de 2017, estableció los criterios que deben respetarse para acceder al correo electrónico u otros medios corporativos.

Estos medios son aquellos que la empresa entrega al trabajador para el cumplimiento de sus funciones. Por tanto, su control debe responder siempre a una finalidad legítima.

El test Barbulescu se formula a través de varias preguntas. Todas ellas sirven para comprobar si la medida empresarial respeta los derechos del trabajador.

Información previa al trabajador

La primera cuestión es si el empleado ha sido informado previamente.

La empresa debe acreditar que el trabajador conocía la posibilidad de que el empresario adoptara medidas de supervisión sobre su correspondencia u otras comunicaciones.

Esa información debe ser previa, precisa, transparente y específica. No basta con una referencia genérica. El trabajador debe saber que puede existir control y también cómo puede llevarse a cabo.

Alcance de la monitorización

La segunda cuestión se refiere al alcance de la supervisión.

La empresa debe valorar qué grado de intrusión supone la medida en la vida privada del empleado. Para ello, hay que analizar si la supervisión afecta a todas las comunicaciones o solo a una parte.

También debe comprobarse si el control se limita en el tiempo. Además, debe tenerse en cuenta cuántas personas han tenido acceso a los resultados de la supervisión.

Este análisis resulta esencial para valorar la proporcionalidad de la medida.

Justificación del control

La empresa debe contar con argumentos legítimos para justificar la vigilancia de las comunicaciones y el acceso a su contenido.

No basta con disponer de protocolos internos que prohíban el uso personal de los medios corporativos. Además, la empresa debe haber informado previamente sobre los controles que podría realizar.

La medida debe ser idónea. Es decir, debe servir para alcanzar un objetivo legítimo, como controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales.

Existencia de medios menos invasivos

Otro criterio importante es valorar si existía una medida menos intrusiva.

Antes de acceder directamente al contenido de las comunicaciones, la empresa debe analizar si puede alcanzar el mismo objetivo mediante otro sistema de control menos invasivo.

Este criterio responde al principio de necesidad. La empresa solo debe utilizar una medida más intensa cuando no exista otra alternativa menos perjudicial para los derechos del trabajador.

Consecuencias de la supervisión

También deben analizarse las consecuencias de la supervisión para el trabajador afectado.

La empresa debe valorar cómo va a utilizar los resultados obtenidos. En concreto, debe comprobar si esos resultados se emplean únicamente para alcanzar el objetivo declarado de la medida.

Este punto está relacionado con el principio de proporcionalidad. La vigilancia no puede ir más allá de lo necesario ni utilizarse para fines distintos.

Garantías para el empleado

El trabajador debe contar con garantías adecuadas, sobre todo cuando las medidas de supervisión tengan carácter intrusivo.

Estas garantías deben impedir que el empleador acceda al contenido de las comunicaciones sin que el empleado haya sido informado previamente de esa posibilidad.

Además, la empresa debe someter la medida al test de proporcionalidad. Esto exige analizar si existe un motivo legítimo, si la medida es necesaria y si resulta equilibrada.

El control del contenido de las comunicaciones requiere una justificación especialmente sólida. No tiene la misma intensidad controlar el flujo de comunicaciones que acceder directamente a su contenido.

Control del flujo y control del contenido

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos distingue entre el control del flujo de comunicaciones y el control del contenido.

El control del flujo puede referirse a datos como la frecuencia o existencia de comunicaciones. En cambio, el acceso al contenido supone una injerencia más intensa en la intimidad del trabajador.

Por eso, el acceso al contenido debe estar justificado por los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad.

Además, puede realizarse sobre todas las comunicaciones o solo sobre una parte. También puede limitarse en el tiempo. Asimismo, debe establecerse un número limitado de personas autorizadas para acceder a los resultados.

Cuándo puede acceder la empresa al correo electrónico

La empresa puede acceder a los medios técnicos puestos a disposición de los trabajadores. Esto incluye ordenadores, teléfonos móviles y correo electrónico corporativo.

Sin embargo, debe haber informado previamente al trabajador. También debe respetar el principio de proporcionalidad.

La medida debe estar justificada por un objetivo legítimo. Por ejemplo, controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales.

Además, debe ser necesaria. Esto significa que no debe existir una medida menos invasiva para conseguir ese objetivo.

Por último, debe ser proporcionada. La empresa debe ponderar los beneficios y los perjuicios de la medida. También debe respetar el contenido esencial del derecho afectado.

Consecuencias de incumplir los requisitos

Si la empresa no cumple estos requisitos, puede tener problemas para utilizar la información obtenida.

Cualquier prueba obtenida mediante el examen irregular de dispositivos corporativos puede ser nula de pleno derecho en un procedimiento judicial.

Esto puede ocurrir, por ejemplo, en un juicio por despido. Si la empresa accede al correo electrónico sin respetar las garantías necesarias, la prueba podría no admitirse.

Conclusión

El control del correo electrónico de los empleados es posible, pero exige cautela. La empresa debe informar previamente al trabajador, justificar la medida y respetar los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

El acceso al contenido de las comunicaciones requiere una justificación más intensa que el simple control del flujo de comunicaciones.

Por tanto, las empresas deben contar con políticas claras sobre el uso de los dispositivos digitales corporativos. También deben comunicar esas políticas de forma expresa, transparente y específica.

Solo así podrán ejercer sus facultades de control sin vulnerar derechos fundamentales como la intimidad o el secreto de las comunicaciones.

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